El costo de despedir policías federales

El pasado 29 de abril leí una noticia que me dejó muy intranquilo: el comandante de la Guardia Nacional está tratando de expulsar a los integrantes civiles de dicha corporación que eran parte de la hoy extinta Policía Federal. Los más de 23 mil agentes de la exPolicía Federal están recibiendo oficios ofreciéndoles una desincorporación voluntaria. ¿A dónde se irán dichos agentes si aceptan? Mi preocupación: a las filas de las organizaciones criminales en México.

Esta era una historia de cada sexenio estatal: el nuevo gobernador prometía una mejor policía y posteriormente depuraba sus agencias de seguridad. Meses o años más tarde, los depurados aparecían detenidos por diversos delitos o se sabía que robaron armas después de haber sido despedidos. En las consideraciones de gobernadores (y hoy del comandante de la Guardia Nacional) siempre se olvida que cada uno de ellos son seres humanos que necesitan empleo y, sobre todo, que están entrenados justamente en habilidades que son fácilmente transferibles (si somos afortunados o no) a otras agencias de seguridad, o a las organizaciones criminales. No es casual que siempre que escuchamos noticias de bandas de secuestradores, alguno tenía antecedentes laborales en una agencia de seguridad.

No importando las experiencias previas, la Guardia Nacional está presionando al desempleo al cuerpo más profesional de policías del país. Por décadas han sido entrenados y profesionalizados no sólo en tareas clásicas de policía (vigilancia y captura), también en inteligencia. Habilidades que quisiéramos estén al servicio del Estado mexicano. Sin embargo, en el empeño de militarizar a la Guardia Nacional, se planea dispensar de dichos servicios. Algún gobernador será lo suficientemente listo para incorporar algunos, pero más de 23 mil son una masa laboral crítica.

Para respaldar mi preocupación, hice dos gráficas con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 levantada por INEGI. La primera muestra el número de presos que tienen un historial laboral en alguna agencia de seguridad (públicas y privadas). Efectivamente, la mayor parte han sido guardias privados, seguido de militares, policías municipales y luego policías estatales. ¿La razones? Hay algunas hipótesis que se han esgrimido a lo largo de los años. Una hipótesis es que una alta rotación por despidos en las policías municipales y estatales derivados de los procesos de depuración terminaron dejándolos desempleados u ofreciendo sus servicios a agencias privadas. Otra es que los militares recurrentemente desertan por las condiciones peligrosas del trabajo. Lo destacado es que la Policía Federal tenía menor número de presos, probablemente porque históricamente han tenido los mejores salarios de las agencias civiles de seguridad.

La segunda gráfica muestra cuántos de los presos tenían antecedentes en una agencia de seguridad pública y hoy están sentenciados por algunos delitos. Como vemos, una parte importante de los presos por homicidio tienen antecedentes laborales en una agencia de seguridad pública. A eso le sigue el secuestro y la delincuencia organizada. ¿Cómo terminaron todas esas personas ahí?

Entiendo que un contraargumento a mi alerta es que justamente tenían que depurarlos porque eran agentes corrompidos o que cometían delitos. Ciertamente esto es posible, pero la diferencia de número de presos entre agencias quizás nos indica que estamos ante las ventajas de los efectos de las políticas laborales de cada agencia: mientras que la Policía Federal tenía menor número de personas presas, el Ejército es la agencia pública donde alguna vez estuvieron contratados personas presas y sentenciadas por algún delito. Aceptando sin conceder que los controles de confianza eran necesarios y la corrupción es relevante, justo habría que preguntarnos si los salarios, las condiciones de trabajo y la ausencia de controles internos terminan acercando a estos agentes a las organizaciones criminales.

El problema central de la depuración de civiles de la Guardia Nacional es que está no deviene siquiera de un proceso de control y evaluación de los agentes: se asume que por ser civiles ya no pueden servir en la agencia y se les mandará al desempleo. Insisto, personas capacitadas en habilidades letales y de inteligencia. Al día de hoy, el presidente no ha revelado el pretendido diagnóstico que afirmaba que la Policía Federal era irredimible (como si la Sedena y la Semar sí lo fueran). Más bien, parece que fue el discurso elegido para justificar la Guardia Nacional militarizada (aprobada en una reforma constitucional por todos los partidos políticos y organizaciones civiles) para conseguir la anuencia de las Fuerzas Armadas. Y como lo ha expresado el presidente, las Fuerzas Armadas no quieren que sea una agencia de civiles.

Mis argumentos no son una defensa apasionada de la Policía Federal. Esta agencia tenía problemas y se documentó repetidamente su participación en violaciones de derechos humanos (aunque en menor proporción que la Sedena y la Semar). Mi problema es que si se sabía que había problemas en dicha agencia (que al día de hoy no sabemos qué problemas justificaron la desaparición de la misma porque el diagnóstico no es público -quien sabe si exista), entonces podía haber soluciones que no fueran de rajatabla (como suelen ser las soluciones de este gobierno). ¿Quizás mejorar los mecanismos de control de la agencia? ¿Investigar la cultura laboral? ¿Revisar si había incentivos perversos? Claramente, esto implica políticas públicas que no suelen gustar a las agencias de seguridad porque implican cambiar de manera sistémica pactos de impunidad dentro de ellas. Políticas que creo son igual de prudentes hoy en la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas porque dudo que los problemas se acabaron.

Mientras tanto, a todos nos debería preocupar en qué trabajarán esos 23 mil agentes si el comandante de la Guardia Nacional es exitoso en su misión por despedirlos. ¿Quién los empleará? ¿Podremos evitar que algunos se roben armas que tenían comisionadas (como se las han robado a la Sedena y la Semar)? Estamos todavía a tiempo para evitar un error que puede costar vidas en unos meses o años.

@rgzepeda