El Congreso de la Unión no cumplió (otra vez)

Esta historia no es nueva, ya es una vieja conocida. Recapitulemos brevemente: en febrero del 2014 la reforma en materia político electoral señalaba en su artículo tercero transitorio emitir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional; no lo hizo el Congreso de la Unión. Desde Artículo 19 nos amparamos ante la omisión del poder legislativo; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emite su histórica sentencia 1359/2015 donde ordena al Congreso a cumplir emitiendo la ley que regule la comunicación social antes del 30 de abril de 2018; el poder legislativo aprueba la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y el entonces presidente Enrique Peña Nieto la aprueba el 11 de mayo de 2018. Artículo 19 vuelve a impugnar la LGCS y en septiembre de 2021 la primera sala de la SCJN, de nueva cuenta, emite una sentencia declarando que la actual y vigente ley contiene deficiencias que deben subsanarse.

Ante este panorama y como ya lo hemos señalado, el Congreso debió cumplir con este fallo a más tardar el 15 de diciembre, cosa que no sucedió. Los esfuerzos de ambas cámaras se centraron en solicitar una prórroga ante el cumplimiento, por las “imposibilidades” en que se encontraban para legislar en tan poco tiempo. Esta prórroga se otorgó el 8 de abril y fue por el plazo de 60 días naturales, mismos que se cumplieron el pasado 8 de abril, hace casi un mes.

La realidad es que hoy no existe un cumplimiento (nuevamente) que satisfaga lo establecido en aquella reforma constitucional de febrero del 2014, sin mencionar, claro está, las dos sentencias que el máximo tribunal constitucional del país ha emitido sobre la materia, lo cual resulta aún más grave y delicado, pues un desacato judicial no se debe tomar a la ligera, sobre todo cuando existe un contexto adverso para la prensa y los medios de comunicación.

No es menor que a poco más de 8 años de la reforma constitucional del 2014 sigamos sin tener una ley que regule debidamente la publicidad oficial. Han pasado 3 legislaturas, distintas configuraciones legislativas, diversidad de legisladores y legisladoras en ambas cámaras, dos administraciones federales y distintas iniciativas de ley en la materia, y la suma de todos estos elementos no han podido dar como resultado material una ley que incorpore los criterios establecidos constitucionalmente, así como estándares en materia de derechos humanos del sistema nacional y universal de derechos humanos.

Ha existido una clara falta de voluntad política y de compromiso social. E igual de importante son las altas expectativas que como ciudadanos tenemos y hemos tenido sobre quienes integran las cámaras de diputados y senadores ante el simple hecho de llevar a cabo su trabajo legislativo, que es lo menos que podemos esperar de nuestros y nuestras representantes.

Ante ello, el balón está ahora en la cancha del poder judicial, en específico en el juzgado sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, quien conoce de la situación del cumplimiento del fallo protector de la Suprema Corte, y quien definirá y se pronunciará ante el incumplimiento por parte de las autoridades responsables. Lo debido tendría que ser imponer las respectivas sanciones que marque la ley.

Asimismo, es importante señalar que la sentencia sigue pendiente de cumplirse, y si no ocurrió durante el pasado periodo ordinario de sesiones, deberá ocurrir en el siguiente con especial énfasis en no dilatar más esta encomienda.

Es importante mencionar que la ausencia de reglas claras que regulen la relación de los medios de comunicación con el estado y sus instituciones sigue permitiendo la discrecionalidad en la asignación de los recursos, aun cuando la política de austeridad de esta administración haya reducido considerablemente el gasto en comunicación social. Como lo hemos repetido en diferentes momentos y espacios, la concentración del gasto en un reducido número de medios de comunicación, la exclusión de otros, el premio y castigo, el gasto de los recursos en los últimos meses del año, la ausencia de sanciones, etc. son simplemente algunas de las malas prácticas que se continúan llevando a cabo.

La comunicación social es necesaria hoy más que nunca en el sentido de la necesidad de estar debida y pluralmente informados e informadas, pues los canales de comunicación y sus fuentes se concentran en las conferencias matutinas que lleva a cabo el presidente, y que a diferencia de lo que el afirma, no son ejercicios de transparencia, rendición de cuentas ni de acceso a la información. Por ello la necesidad de contar con una pluralidad de opciones informativas, en medios escritos, de radio, televisión, radios comunitarias e indígenas, Internet y redes sociales, etc., para diversificar la información, así como también cuestionarla y contrastarla.

Sólo así se podrá caminar hacia la democratización de los medios de comunicación y de la información, y que esté al alcance de la también diversificada sociedad que comprendemos las y los ciudadanos.

* Ricardo Reyes Márquez es Coordinador Jurídico y de Pluralidad Mediática de @article19mex.