El combate a la corrupción como mecanismo de legitimación política en México

Los mexicanos desconfían de las instituciones de gobierno. Según el Barómetro Global de la Corrupción (2013), 73% de los entrevistados estima que las acciones del gobierno para combatir la corrupción son inefectivas mientras que 56% de los entrevistados en la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2012) piensa que es poco o nada posible acabar con la corrupción en México. Por su parte, el Estudio sobre corrupción y actitudes ciudadanas (2006) señala que los mexicanos perciben una falta de mano dura en los casos de funcionarios corruptos toda vez que los castigos a éstos son poco conocidos.

Por otro lado, el Índice de Competitividad Global 2013-2014 que realiza anualmente el Foro Económico Mundial, ubica a México en la posición 105 de 148 países evaluados en el indicador que mide la confianza en la clase política. En ese sentido, resulta muy revelador el lenguaje utilizado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2014, cuya estrategia 1.4.3 consiste en “Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana”. Es decir, la estrategia oficial del Gobierno de la República parte del supuesto que la confianza de los mexicanos en su gobierno está perdida.

En el mismo sentido, Stephen D. Morris señala que la cultura mexicana de la corrupción se caracteriza, entre otras cosas, por la difusión de la desconfianza y el cinismo hacia el gobierno y los funcionarios públicos; lo que plantea consecuencias potencialmente desestabilizadoras y devastadoras, pues comprometen y erosionan gravemente la legitimidad del sistema. Lo anterior es especialmente relevante si se considera que gobernabilidad y legitimidad son dos conceptos íntimamente ligados. Un Estado democrático cuyo gobierno no goza de la confianza de sus ciudadanos es un Estado inestable y, consecuentemente, ingobernable. Por lo tanto, puede decirse que si la corrupción compromete la legitimidad de la clase política, su combate la fortalece.

[contextly_sidebar id=”z9IZ1QdeCrBXDZ4lQRDF9ZeAUKKodDl5″]Diversos estudios sobre la corrupción como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, los Estudios sobre Corrupción y Prácticas Ciudadanas, y el Latinobarómetro coinciden en que la principal preocupación de los mexicanos no es la corrupción, sino la inseguridad y el desempleo. Por lo tanto, si el combate a la corrupción se utiliza como bandera legitimadora por las administraciones entrantes, esto se debe a que, en cierta medida, es el problema más fácil de abordar. A diferencia de la corrupción, cuyos resultados suelen percibirse como más inmediatos y visibles –por ejemplo, la aprehensión de un funcionario público corrupto– enfrentar los problemas económicos y de inseguridad suele tomar más tiempo y los resultados muchas veces dependen de factores externos. De ahí que la mayoría de los presidentes entrantes hayan elegido a la corrupción como estrategia para ganar y/o recuperar la confianza de los ciudadanos y, por ende, legitimar su mandato.

Para Morris, la corrupción se usa retóricamente como estrategia política mediante la cual una nueva administración utiliza el ataque a la corrupción para disociarse de su predecesora, distraer la atención de ciertos problemas, destacar la legitimidad del nuevo gobierno y fomentar el control presidencial. Los actos que acompañan la “campaña anticorrupción” de cada nueva administración suelen ir acompañados de abundante cobertura mediática y por lo general tienen efectos inmediatos en la percepción y nivel de confianza del público en su desempeño. Por ejemplo, un análisis a través del tiempo del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional muestra que si bien la percepción de la corrupción no ha variado mucho durante presidencias priistas o panistas, lo que sí ha variado es la percepción de la corrupción dependiendo del periodo del sexenio que se analice.

De esta manera, y recordando que la puntuación de un país/territorio se basa en una escala de 0 a 100 -donde 0 implica que un país se percibe como sumamente corrupto y 100 como muy transparente–, se observa una disminución sustancial en la percepción de la corrupción en el primer año de mandato del Presidente Vicente Fox (2000-2006, PAN) pasando de 33 puntos en 2000 a 37 en 2001. Sin embargo, ésta fue aumentando conforme avanzó el sexenio llegando en 2006 al mismo nivel de 33 puntos que tenía previo a la alternancia política. La percepción de corrupción disminuyó nuevamente en los primeros dos años de gobierno del Presidente Felipe Calderón (2006-2012, PAN), obteniendo una calificación de 35 puntos en 2007, para nuevamente incrementar hasta llegar a 30 en 2011. En el año electoral de 2012 la percepción de corrupción nuevamente disminuyó a una calificación de 34, misma que se mantuvo en 2013, primer año de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018, PRI).

 

Lo anterior sirve para ilustrar el argumento de Morris, quien detecta un patrón compuesto por dos ingredientes principales: corrupción y campañas anticorrupción. La percepción de la corrupción aumenta gradualmente a medida que transcurre el sexenio, alcanzando su punto máximo durante el último año de éste, mientras que la transición a una nueva administración acarrea una marcada declinación del nivel de corrupción, acompañada por el surgimiento de una nueva campaña anticorrupción.

Morris basa sus conclusiones en un estudio que realizó del número de artículos periodísticos sobre la corrupción publicados durante tres sexenios. Según Morris, y como se puede observar en las gráficas 1 y 2, los datos muestran más historias vinculadas con la corrupción durante los primeros años de los tres periodos presidenciales (1971, 1977 y 1983) que en cualquiera de los demás.

Reportes periodísticos de la corrupción 1970-1975[1]

 

Reportes periodísticos de la corrupción 1976-1984[2]

 

A manera de ejemplo, basta recordar que Miguel de la Madrid (1982-1988) encarceló a Arturo Durazo Moreno y Jorge Díaz Serrano, éste último por presuntos actos de corrupción cuando fue Director General de PEMEX; Carlos Salinas de Gortari encarceló al líder del sindicato de PEMEX, Joaquín Hernández Galicia, alias “La Quina”, y Ernesto Zedillo, el último presidente priista previo a la alternancia, envío a la cárcel a Raúl Salinas, hermano de su antecesor Carlos Salinas.

Cuando Fox ganó la presidencia en 2000, convirtiéndose en el primer presidente de la oposición en ser electo, la única legitimación necesaria se actualizó en la alternancia política. Sin embargo, tan sólo cuatro días después de tomar posesión, Fox creó la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC). Por otro lado, una de las primeras acciones del presidente Peña Nieto después de tomar posesión fue ordenar la detención, en febrero de 2013, de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, acusada, entre otras cosas, de corrupción.

Con la Reforma Anticorrupción, México se encuentra a pocos meses de dar un importante paso hacia adelante (o atrás) en el largo recorrido que ha supuesto el combate a la corrupción e impunidad. Por lo tanto, es necesario evaluar tanto el contexto político como la viabilidad de esta reforma.

El principal problema de esta reforma es que la retórica del gobierno no ha venido acompañada de acciones que la respalden. Tenemos casi dos años sin titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), principal responsable de investigar y sancionar administrativamente la corrupción de servidores públicos en el ámbito federal, y todo indica que no va a aprobarse la Comisión Nacional Anticorrupción que se supone la sustituiría. De igual manera, si bien la aprobación de la Reforma Político-Electoral en 2013 resultó en la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción como unidad administrativa adscrita a la Oficina del Procurador, aún sigue pendiente nombrar a su titular.

No obstante que el apartado 4 del Pacto por México contempla la instrumentación de tres reformas que fortalecerían la transparencia, la rendición de cuentas y, “con especial énfasis”, el combate a la corrupción, la reforma en combate a la corrupción parece no llevar prioridad en la agenda legislativa respecto a otras reformas. Por ejemplo, con la Reforma Hacendaria de 2013 se aprobó el alza en los impuestos sin que ésta fuera acompañada de obligaciones y sanciones para que los servidores públicos expliquen los motivos del alza y transparenten el ejercicio de los recursos. En el caso de la Reforma Energética sucede lo mismo. Como bien apuntó el académico y periodista Agustín Basave, “La Reforma Energética sin una reforma anticorrupción equivale a abrir las puertas al más grande capítulo de corrupción en la historia de este país”[3]. Por lo tanto, lo primero que debió haber hecho la LXII Legislatura –y lo responsable— era aprobar el esquema de leyes encaminadas a garantizar la correcta rendición de cuentas y combate a la corrupción.

La tradicional campaña anticorrupción en México es un placebo que induce a la población a una aparente sensación de mejoría. Sin embargo, al carecer de sustancia, esta sensación no perdura y la percepción de corrupción, como ha quedado demostrado, regresa al estado que guardaba previo al inicio de la precitada campaña. La reforma anticorrupción que se desarrolla actualmente en México, si bien diferente a sus predecesoras, comparte un rasgo esencial: es la retórica pletórica.

 

* Sara Cantú Pérez de Salazar (@saracantup) es Directora del Programa Anticorrupción de Integralia Pública, A. C.

 

 

[1] Para los años 1970, 1971, 1972 y 1974 sólo se revisó una muestra aleatoria de 52 diarios por año. Por consiguiente, las cifras no son comparables con las de los demás años, que reflejan una investigación más exhaustiva.

[2] La cifra de 1979 se basa en una revisión de sólo ocho meses. Se la ajustó a una base anual estimada añadiendo al total un tercio del número de informes.

[3] Garfias, F. (3 de octubre, 2014) Adiós a la Comisión Nacional Anticorrupción. Excelsior.