El circo de la justicia

En México es una práctica común que distintas autoridades “filtren” a diferentes medios de comunicación parte de la información que forma parte de un proceso penal o administrativo que se está llevando a cabo. De hecho, en el sexenio pasado, era un hecho ya cotidiano la presentación ante cámaras y micrófonos de presuntos culpables de delitos federales en escenarios diseñados ex profeso. Cómo olvidar inclusive, el reportaje que realizó una televisora de la captura de la banda de Los Zodiaco y de Florence Cassez, supuestamente en vivo y que a la postre resultó en una mera recreación de los hechos. Situación que culminó en una controversial resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se determinó que se había violado el debido proceso y que, por ello, se decidió que se debía poner en libertad a la presunta culpable.

En éste y en otros casos, el objetivo no era necesariamente procurar e impartir justicia, sino dar la impresión de que se estaban dando resultados en “el combate irrestricto al crimen organizado”. Sin embargo, en ese afán de generar una falsa sensación de eficacia gubernamental, al mismo tiempo se violan no sólo los derechos humanos de los presuntos culpables (lo queramos reconocer o no), sino también el debido proceso (elemento fundamental de la procuración e impartición de justicia) y también leyes que inclusive garantizan el acceso a la información pública gubernamental que establecen límites a ello, como es el caso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En sus artículos 13, fracción V, y 14, fracciones III, IV y V, de esta ley se consideran como información reservada a toda aquélla que pueda “causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”, o formen parte de “las averiguaciones previas”, “los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado” y de “los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva”.

Lo anterior quiere decir que si detienen a la maestra Elba Esther Gordillo vale que la autoridad nos notifique, a través de los distintos medios de comunicación, del hecho en sí mismo e inclusive, de los delitos de los que se le acusan, pero es contra la ley que nos revelen parte de las diligencias ministeriales, las declaraciones de testigos protegidos o desprotegidos, los siguientes pasos que darán, o como en el caso de Tabasco, de quiénes son todos los involucrados y cómo supuestamente operaron en la confabulación del supuesto hecho delictivo. Todo ello, va como ya lo mencioné, en contra de la ley, el debido proceso y los derechos humanos del presunto culpable. Es más, cualquier abogado podría ampararse ante el proceso penal o administrativo que se le siga a su cliente, argumentando justamente la violación de cualquiera o todos los elementos que ya mencioné.

Creo que para fortalecer el estado de derecho y con ello, consolidar la democracia, es importantísimo que tanto autoridades, medios de comunicación y ciudadanos, comencemos por acostumbrarnos a respetar la ley, no a medias, sino plenamente; y el hecho de que nos “filtren” información las autoridades para ganar popularidad (que seguramente querrán medir en una encuesta de opinión), la primicia, o para nutrir el morbo colectivo, no significa que se esté haciendo justicia, sino más bien, se esté cayendo en linchamiento y en el debilitamiento del estado de derecho.

Si las autoridades quieren demostrar que son eficaces en la procuración e impartición de justicia, deben fortalecer la tarea de sus procuradurías, ministerios públicos, peritos investigadores, policías y jueces y no privilegiar las conferencias de prensa o las “filtraciones” a medios. A los ciudadanos y a los medios nos queda no prejuzgar, sino exigir a las autoridades que hagan bien su trabajo.

Quiero ver que no puedan comprobar ante la autoridad judicial que la maestra Gordillo es culpable o que Granier y su ex tesorero también lo son.

Recuerden que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo culpable, inclusive la maestra Elba Esther Gordillo, el ex gobernador Granier, o Juan Pueblo. ¿Qué no?