El cerco político de la seguridad pública

Imposible explicar la crisis de inseguridad y violencia en México sin incluir las graves deficiencias del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Nacido en la reforma constitucional promovida por Ernesto Zedillo en 1994 y puesto en operación un año después, ese enorme aparato burocrático, lejos de mejorarlas, ha venido acompañado la descomposición de las políticas e instituciones responsables de la seguridad pública. Un rápido contraste entre el mandato impuesto al sistema y la realidad es más que suficiente para encontrar que algo está muy mal luego de dos décadas de rimbombantes sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Especialmente mal cuando en cada sesión se reporta un consenso absoluto en las decisiones de ese órgano colegiado.

No falta información para verificar el estado de descomposición en el que nos encontramos. Para declarar el sonado déficit del SNSP debería ser suficiente la evidencia reiterada de que el nuestro es un país donde las víctimas de los delitos no denuncian en más del noventa por ciento de los casos. Pero ni ese indicador, ni la impunidad apabullante y tampoco la fractura de la relación entre los ciudadanos y las instituciones policiales y de procuración de justicia han tenido potencia suficiente para, al menos, reconocer la urgencia de responder esta simple pregunta: ¿para qué sirve el SNSP?

[contextly_sidebar id=”XF7B7iLwEndqVLCXqN8qBnYytQCqvfP8″]El más severo diagnóstico respecto a ese andamiaje institucional se lo he escuchado a quienes han ocupado alguna posición dentro del mismo. Siempre en privado y resguardados en el anonimato, ex funcionarios me han compartido la certeza de que buena parte de la agenda técnica del sistema está sometida a la agenda política de quienes lo integran. Por aquí podemos jalar la madeja que quizá desnuda el descomunal problema que tenemos enfrente. La idea original que impulsó la creación del SNSP fue montar una plataforma política y técnica que garantizara la modernización nacional y coherente de las políticas e instituciones en la materia. Dos decenios después el hallazgo es escandaloso: esa plataforma terminó cohesionando un cerco político que no hace posible cumplir con aquel objetivo.

En el país hay esfuerzos locales que han rebasado al propio sistema y que hoy podrían ser sonadas promesas e incluso ejemplos para otros, pero la disfuncionalidad de ese monstruo burocrático de mil cabezas provoca que tampoco se documenten los esfuerzos que podrían ir en el sentido correcto. Apabulla comprobar que no han sido suficientes casi 40 sesiones del Consejo Nacional mencionado para construir una metodología de evaluación y documentación de intervenciones, a su vez proyectada en la edición de un referente público de consulta donde el ciudadano promedio puede encontrar algo, lo que sea, que, habiéndose evaluado, pueda representar lecciones aprendidas. Todo lo invertido no ha podido redundar siquiera en un boletín básico que muestre lo ganado gracias a la existencia del SNSP.

El trasfondo de la disfuncionalidad del SNSP es político y ésta es la discusión central. Al sistema le pasó lo que algunos observan respecto al país mismo: los contrapesos no funcionan. Pensamos que la pluralidad política de actores representada en el Consejo Nacional sería el motor del contrapeso que, a su vez, diera paso a la confrontación de argumentos técnicos a favor de la seguridad. Nada de eso. Los actores ahí sentados prefirieron hacer bloque de resistencia al cambio profundo, justamente evitando confrontar ideas y por esa vía construir una sana competencia de propuestas que nutrieran una política de Estado. No por otra razón un grupo amplio de sociedad civil y académicos fracasó hace varios años en la propuesta de introducir en el Consejo la presencia de ciudadanos responsables de conducir un programa de rendición de cuentas que de manera pública contrastara el mandato con los resultados.

Si toda esta interpretación está equivocada y el SNSP está dando los resultados que se esperaban del mismo, entonces alguien nos tendría que explicar cómo es que la autoridad federal y todos los gobernadores se han puesto de acuerdo en todo durante dos décadas, mientras muchas partes del país transitan por una crisis incontenible de inseguridad y violencia. Por cierto, apenas hace unos días un partido político anunció que presentará una iniciativa de reforma total al sistema. En caso de que así suceda, lo deseable es que la misma se sostenga en un diagnóstico serio que ofrezca una versión informada y creíble de lo que falló y desde ahí apunte hacia la corrección profunda. Sea cual sea, la propuesta encontrará enfrente un cerco político.

@ErnestoLPV