Redacción Animal Político · 16 de marzo de 2023
En septiembre de 2020 publicamos en este blog una nota acerca de cómo la narrativa sobre el crimen organizado, que desde el Estado se ha construido, al mismo tiempo que favorece la industria del narcotráfico criminaliza a los pobres debido a “la repetición incansable de relatos y mitologías sobre individuos que, a pesar de provenir de los estratos más bajos de la población, han logrado construir negocios con ganancias exorbitantes”, “imperios criminales”, como suele señalarse tan frecuentemente en la prensa.
A partir de esas narrativas, muchas veces los medios de comunicación masiva y las autoridades han dado por sentado que los centenares de pobres muertos durante la guerra contra las drogas estaban participando en la delincuencia organizada, sin un juicio que sustente estas versiones: la criminalización en esta “guerra” ha sido clasista. Esa narrativa se acrecentó y se hizo “oficial” durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a veces de maneras tan cínicas como con el uso de las frases “en algo andaban” o “daños colaterales”, justificando con estas los asesinatos y las masacres.
Sin embargo, Genaro García Luna, el “hombre fuerte” del panismo en la seguridad durante la guerra contra las drogas, el superpolicía elogiado por autoridades mexicanas y estadounidenses, fue declarado culpable de 5 cargos federales en una corte de Nueva York el pasado 21 de febrero de 2023, incluido el haber participado en una conspiración internacional para comercializar cocaína. Ante este escenario, cabría preguntarse nuevamente qué tan válida es la narrativa sobre “los narcos” que vienen “desde abajo” y de qué manera esta narrativa nos distrajo de ponerle atención a las élites de las corporaciones de seguridad y a los delitos que cometían.
Paradójicamente, García Luna, quien realmente construyó un imperio criminal como parte de estas élites, sí provenía de estratos bajos; en específico, vivió en la colonia popular de la Romero Rubio, al oriente de la ahora Ciudad de México. Según el periodista Francisco Cruz en su texto El señor de la muerte, ahí García Luna tendría sus pininos en el crimen durante los años ochenta como miembro de una banda de robo a casa habitación.
Pero el “imperio del crimen” que consolidó no lo construiría él solo: desde un inicio, contó con la ayuda y protección de agentes que pertenecían a la desaparecida División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, una de las principales instituciones de inteligencia del gobierno federal durante el periodo priista. Más adelante, en 1989, ingresaría al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en donde encontró su nicho para evolucionar a “emperador” del crimen. De esta manera, con el caso de García Luna se evidencia que, para que un criminal que viene “desde abajo” logre construir un “imperio”, necesita de la ayuda y el cobijo del Estado.
García Luna buscó eliminar su pasado delictivo mediante el borrado de su nombre en las averiguaciones previas levantadas por el Ministerio Público que lo señalaban como un presunto criminal, así como la intimidación y la amenaza contra algunos posibles testigos, como señala nuevamente Francisco Cruz. Una vez que cayó el régimen priista con la transición política del año 2000, el superpolicía se apoyaría ahora del Partido Acción Nacional, conocido históricamente por su elitismo y su visión empresarial. Desde el cobijo de los gobiernos panistas, García Luna pasó por varios cargos federales, hasta alcanzar en el año 2006 el de secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, lo que lo convirtió en el hombre más poderoso en materia de seguridad en el país. En todos los casos, la actuación de García Luna estuvo siempre acompañada de sospechas de llevar a cabo actividades ilegales, proteger a criminales y perseguir a opositores y críticos.
Ahora bien, uno de los problemas que observo en la narrativa legalista y mediática en torno al juicio de García Luna en Nueva York es la concentración excesiva en el narcotráfico como su principal actividad criminal. Que García Luna participara en el narcotráfico mexicano es ya una verdad jurídica; sin embargo, está lejos de englobar todos los crímenes sistemáticos que se llevaron a cabo bajo el cobijo del Estado durante los periodos panistas, en los cuales el papel de García Luna fue central.
Hasta ahora, la información existente nos permite adelantar algunas hipótesis sobre cómo durante los sexenios panistas se fortaleció un esquema extorsivo que ya se había apropiado de las rentas del narcotráfico durante el priismo, pero que se extendería a todo tipo de negocios ilegales: el secuestro, la extorsión, el robo de autos, el robo a casa habitación, el desvío de recursos públicos, entre muchos otros. En este esquema, García Luna y sus cercanos utilizarían su posición de poder de maneras arbitrarias e ilegales, profundizando las relaciones de por sí desiguales que se marcan entre aquellos miembros del Estado que tienen en sus manos las instituciones de procuración de justicia y el resto de la sociedad, principalmente las poblaciones más vulnerables.
A continuación, se integra alguna de la información que nos permite sostener la hipótesis de la existencia de este esquema de corrupción y extorsión mediante el cual García Luna y sus cercanos pudieron haber influido en esa profundización de la desigualdad. Estas acciones se dividen en tres bloques: secuestro, uso arbitrario de las corporaciones de seguridad y desvío de recursos.
Una de las principales cartas de presentación de García Luna fue su papel en la lucha contra los secuestros como director de la AFI durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), institución que fundó y que resultó imprescindible en la liberación de decenas de personas secuestradas. Durante este periodo, la mediatización de determinados casos de secuestro clasificados como “exitosos” terminaría por impulsar la carrera del superpolicía.
Sin embargo, diversas irregularidades cometidas por las corporaciones de seguridad durante el desarrollo de varios de estos casos comenzarían a despertar las sospechas sobre el exfuncionario de que, en conjunto con su segundo al mando, Luis Cárdenas Palomino, fabricaban a las bandas de secuestradores que presentaban como los responsables de los delitos. Particularmente, esto ocurriría en los casos de Rubén Omar Romano, técnico del Cruz Azul, la hija del empresario Nelson Vargas y del hijo del empresario Alejandro Martí.
Si bien durante este periodo, las víctimas de los secuestros mediáticos eran principalmente personajes de las clases altas, eso no ocurría con aquellas personas que serían acusadas injustamente. De hecho, probablemente, uno de los mayores terrores vividos durante los sexenios panistas haya sido el que sufrieron aquellas víctimas de los montajes que se fabricaron, ya fuera con tal de poder presumir casos de “éxito” de las corporaciones de seguridad o directamente porque estuvieran coludidos con las bandas de secuestradores.
En ese sentido, la construcción de casos de manera arbitraria representaba para las víctimas un martirio no solo emocional al mantenerse lejos de sus familiares, sino también económico. Casos como los de la presunta banda que secuestrara al hijo de Miranda de Wallace o el de Israel Vallarta y la presunta banda de los Zodiaco nos ofrecen ejemplos de cómo sus familias han invertido su tiempo y dinero en tratar de liberarlos de las acusaciones falsas.
Sobre el caso del hijo de Isabel Miranda de Wallace y sus irregularidades, el periodista Ricardo Raphael ha documentado ampliamente. Según Raphael, Isabel Miranda de Wallace participó directamente en la tortura de los acusados del secuestro de su hijo con la finalidad de obtener su confesión. Sin embargo, la evidencia del caso ha presentado tantas irregularidades que se duda de que siquiera haya ocurrido el secuestro.
Otro ejemplo de ese terror lo ofrece el caso de Antonio Barragán Carrasco, activista y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas (1995). Barragán fue detenido en 2001 acusado de haber secuestrado a la hija del empresario hotelero, Eduardo Gallo y Tello. La detención del activista fue impulsada directamente por García Luna y, al igual que con el caso del hijo de Isabel Miranda de Wallace, el señor Gallo participó directamente en su tortura para obtener su confesión, según señaló el propio Barragán.
Cabe aclarar que del montaje en el que supuestamente la AFI detuvo a Florance Cassez e Israel Vallarta se desprende la acusación por tortura al segundo hombre de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino. Este es un hecho que pudo observarse incluso en televisión nacional, pues Cárdenas Palomino golpeó a Vallarta en vivo durante la transmisión en el noticiario de Televisa.
Se observa cómo la operación antisecuestro durante el sexenio de Vicente Fox en manos de García Luna y sus cercanos estuvo atiborrada de irregularidades. Al tener en sus manos una institución de seguridad pública, el poder de estos agentes se manifestó de maneras sumamente perversas y asimétricas frente al resto de la población. Particularmente, el terror que sufrieron las víctimas de estos montajes es una afrenta a los derechos y está de más señalar la terrible inequidad que se manifiesta cuando las instituciones de seguridad actúan de manera arbitraria contra personas completamente inocentes y cuyas vidas son destrozadas.
Es probable que las consecuencias del uso arbitrario de las instituciones públicas de procuración de justicia fueran mucho más allá de la omisión frente al tráfico de drogas en favor de los grandes cárteles durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Al menos, dos funcionarios públicos de alto rango han señalado que fueron víctimas de persecución judicial durante este periodo luego de que le advirtieran al expresidente sobre la colusión que García Luna guardara con presuntos criminales antes de y durante su sexenio. Son los casos del general Tomás Ángeles Dahuahare y del excomisario de la desaparecida Policía Federal, Javier Herrera Valles, quienes incluso pasaron un tiempo en prisión como consecuencia de esta persecución. En ambos casos, la responsabilidad se extiende también al exprocurador y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora.
Otros ejemplos del uso faccioso de las instituciones de seguridad lo vivieron en carne propia varios periodistas, como Guillermo Lemus y Anabel Hernández. En el caso de Lemus, este sería encarcelado en la prisión de máxima seguridad Puente Grande por haber denunciado públicamente la vinculación con la organización criminal de La Familia Michoacana de la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, según palabras del propio Lemus. Por su parte, Anabel Hernández señaló que García Luna llegó a ofrecer puestos importantes de seguridad a cambio de que la asesinaran, situación ante la cual huyó del país.
Estos casos evidencian cómo el poder de las instituciones de procuración de justicia resulta sumamente peligroso cuando está en manos de personas capaces de todo por perseguir a quienes los denuncian y alcanzar sus objetivos. Todo parece indicar que el miedo de estos personajes a que se hiciera pública su participación en actividades criminales terminaba por condenar a quienes las denunciaban a la persecución judicial o, peor, a la violencia letal si permanecían en el país, lo cual revela la capacidad destructiva de las instituciones de seguridad cuando se encuentran en manos de este tipo de personajes.
Después de que concluyera el juicio a García Luna, Felipe Calderón señaló que, independientemente del veredicto, no debe demeritarse la lucha contra la delincuencia bajo su sexenio. Sin embargo, las empresas del superpolicía o sus socios fueron favoritas del Gobierno Federal, pues les entregó 10 contratos por adjudicación directa que, en conjunto, sumaron más de 316 millones de dólares.
Además, en una denuncia pública y demanda civil en una corte de Estados Unidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también se indica que este favoritismo del Gobierno Federal continuó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues durante esta administración se entregaron 19 contratos que, en conjunto, suman más de 400 millones de dólares. En total, la demanda civil promovida por la UIF en Estados Unidos reclama 745 millones de dólares derivados de 30 contratos entre los años 2009 y 2018
Se observa cómo el esquema de corrupción diseñado por García Luna y sus cercanos continuó hasta Peña Nieto, pues la mayoría de estos contratos ocurrieron durante este sexenio. La UIF señala que una gran parte fueron contratos celebrados con la Secretaría de Gobernación, mientras el actual senador priista, Osorio Chong, era el titular. Además, incluye dentro de estos contratos algunos que se celebraron entre las empresas y sus socios de García Luna con la Fiscalía de la Ciudad de México mientras Miguel Ángel Mancera se desempeñaba como jefe de Gobierno.
Los esquemas de corrupción por desvío de recursos pudieron haberse manifestado de dos formas: mediante la compra-venta de bienes y servicios a sobreprecio o directamente con empresas fantasmas. En ambos casos, una de las atenuantes de la desigualdad que se reproduce es que agentes del Estado utilicen arbitrariamente su posición para legitimar y ocultar el robo del erario, lo que significa que el dinero de los contribuyentes termine ilegalmente en las manos de esta élite de seguridad.
Hasta aquí solo una parte de los múltiples casos en los que se acusa a García Luna y sus cercanos de cometer actos ilegales con la finalidad de obtener ganancias y poder. De comprobarse tan solo una parte de estos delitos se evidenciaría que el esquema de corrupción se extendió no solo a García Luna y sus cercanos, sino a una compleja red que cubrió diversas instituciones de seguridad y niveles de gobierno.
Más allá de que este esquema transexenal haga referencia a dos partidos políticos distintos (PRI y PAN), lo que sugiere es que durante los sexenios de Fox y Calderón se institucionalizaron prácticas ilegales como el uso faccioso de las instituciones de seguridad o el desvío de recursos mediante contratos a empresas relacionadas con las élites de la seguridad pública. Estas prácticas continuaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a pesar de ser un gobierno de alternancia. En ese sentido, el caso de García Luna vuelve necesario estar atentos sobre la posibilidad de que la alternancia de 2018, que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, no necesariamente haya implicado el cese de estas prácticas en las instituciones civiles de seguridad.