El apetito voraz de una máquina para hacer culpables: el Estado mexicano

El debido proceso es el principio por el cual el Estado está obligado a respetar todos los derechos de una persona. Se trata de un aliado imprescindible para la procuración y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, su papel ha sido asediado y menospreciado, causando que hayamos creado una máquina de “justicia” que devora todo por su paso, generando tortura en su deglutir para generar culpables y terror en su masticar para señalar victimarios.

Sin debido proceso no podemos hablar de inocentes ni culpables. Entonces, ¿por qué hay tantas personas en las cárceles de México? Estamos ante un sistema de justicia desgastado, porque no existe la presunción de inocencia, y fragmentado, porque el debido proceso no se ve como la base de la justicia sino como su antagonista. Para esto, es útil tener en mente la indignación mal direccionada después de que algún político o presunto narcotraficante —recordemos a los 27 liberados de 32 detenidos en una redada en Tepito—, recupere su libertad por faltas al debido proceso.  Dicha indignación, es necesario recalcar, no debe ser direccionada a las figuras legales que salvaguardan los derechos, sino a la incompetencia de quienes ejercen el poder.

En una unión de ignorancia de las autoridades, los operadores de justicia e incluso los ciudadanos mismos, se ha replicado la noción íntimamente errónea de que defender el debido proceso u otros corolarios de los derechos humanos beneficia principalmente a los culpables. Desde la práctica, en ASILEGAL nos queda claro que no es así: los casos de ejecución penal con los que nos hemos involucrado señalan inequívocamente que el debido proceso, en su estado actual o anterior a la transformación al sistema penal acusatorio, no ha logrado consolidarse como una norma esencial a todo proceso legal. Las consecuencias se presentan, por lo tanto, como las peores caras y costumbres que nulifican el estado de derecho y justicia en el país.

Los últimos datos arrojados por la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL-2016), dicho sea de paso que urge retomar, señalaron que para las autoridades el debido proceso a duras penas se trata de una piedra en el camino: 21.5% de la población privada de libertad en 2016 fue sustraída en un lugar sin orden de aprehensión; 20% fue arrestada en la calle, bajo las mismas condiciones; el 58.3%, además, fue amenazada con levantarle cargos falsos. Esto tomado de la mano con la común y fatídica práctica de no llevar a cabo la presentación ante el Ministerio Público inmediatamente después de la detención, dilucida qué tan cotidiana es la tortura, tanto física como psicológica, en el país: al menos el 59% de las personas detenidas en el 2016 afirmaron recibir patadas o puñetazos por parte de quien realizó el arresto; 46.9% de las personas detenidas tuvieron que esperar desde 4 a 48 horas para ser presentadas; 28.2%, además, fue amenazada con hacerle daño a su familia y en 15,728 casos, la autoridad dañó a la familia del detenido.

En entrevista para VICE en Español, un policía, entre otros, confesó el engranaje que permite dar vida a dichas cifras: “Fue J. N. quien me dijo que toda policía mexicana tiene cuatro puntos cardinales: el hostigamiento laboral, el acoso sexual, la corrupción y la tortura. ‘No hay confesión que no lleve madrazos de por medio’, volvió a reírse J. N. y a mí me quedó la sensación de estar frente a un hombre que ya se le habían caído los tornillos de la cabeza. ‘Cuando fui patrullero en Neza madreábamos a los detenidos y no creo que eso haya cambiado’, me dijo cuando pagamos la cuenta”, narró el periodista Alejandro Almazán.

La falta de atención al debido proceso está íntimamente relacionada con todas estas cifras, con las estadísticas de la ENPOL y el escalofriante testimonio de un policía que sigue activo. ¿Cómo sucede que una autoridad dañe a familiares del detenido? ¿qué se hace con un detenido durante 4 a 48 horas? ¿qué propicia, de fondo, que las mismas autoridades comiencen a delinquir abusando de derechos humanos? El sistema de justicia está en crisis porque los protocolos más básicos para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía no están siendo respetados.

La violencia institucional se introyecta en el tejido social de manera indeleble. La inolvidable cifra negra estipulada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del INEGI (2018) señaló que el 93.2% de los delitos no tuvieron denuncia. ¿Y cómo la tendrían? Si perseguir la justicia en nuestro país significa, por correlación simple, que a coste de la denuncia probablemente alguien —inocente hasta probarse lo contrario—, sufrirá las consecuencias en su propio cuerpo antes de siquiera ser presentado en el MP, la víctima será ignorada o se echará a andar la máquina de generar culpables que es el Estado mexicano.

La máquina, desensibilizada, fría, calculadora y repetitiva, necesita víctimas para seguirse alimentando. La tergiversación de normas como el debido proceso o el procedimiento abreviado, es una expresión más de qué tan profunda es la sistematización del abuso; un mecanismo interno de supervivencia aprendido y replicado durante generaciones enteras de operadores de justicia que evoluciona y se acopla a las demandas jurídicas, encontrando la manera de seguir lucrando con el sufrimiento humano. Incontables casos de personas privadas de libertad durante décadas con carpetas de investigación escuetas, rechazadas por especialistas en peritajes, testimonios contradictorios, testigos aleccionados y aún así con sentencias que terminan por destruir proyectos de vida son el discurso, punzante y vivo, que arenga la máquina antes de devorarse a su siguiente víctima.

En el debido proceso, al final, nos jugamos la vida frente a un enemigo que no dará tregua hasta devorarse todo, pero los que han estado pagando sus cuotas hasta ahora han sido históricamente los más vulnerables: indígenas, personas con pocas posibilidades económicas, mujeres y minorías estigmatizadas, según señaló la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el reporte Tortura en México (pp. 27, 2016). Trabar los mecanismos de supervivencia que convierten las normas jurídicas en ductos de abuso es imprescindible para, siquiera, comenzar a dilucidar un futuro en el que exista un estado de derecho y las personas dejen de pagar con años sin libertad las incapacidades de nuestro Sistema de Justicia.

* Sergio Pérez Gavilán es periodista de investigación de ASILEGAL (@AsilegalMx), organización de la sociedad civil con más de trece años de trabajo en materia de defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres, personas indígenas y de la comunidad LGBTI, a través de un acompañamiento integral que comprende litigio estratégico, investigación, formación y capacitación, e incidencia en políticas públicas.