El amparo contra el procurador panista en Guanajuato

El 17 de diciembre de 2020 fue designado el primer Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, perteneciente expresamente al partido político gobernante en la entidad, lo que representa un grave golpe contra la autonomía y la independencia del poder público que la institución debe tener. Por ello, un grupo de activistas y de personas que en su momento postularon, presentamos varios amparos para pedir a juzgados federales que revisen la decisión del Congreso de Guanajuato de mayoría panista al emitir la convocatoria sin una metodología suficientemente clara y al elegir al primer procurador panista en la entidad.

¿Qué se reclama en el amparo? Que la convocatoria emitida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso emitió no promovía amplias consultas ni garantizaba la participación social en el proceso de solicitud, elección, nombramiento y evaluación de las personas candidatas en función de criterios previamente determinados, que fueran objetivos y públicos. Todo ello expresado en los estándares internacionales, nacionales y locales en materia de designación de la persona titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).

También se señala que el dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso descalifica a cinco de las ocho personas postuladas para proponer la terna para la designación del titular de la PDHEG sin que se detallen los criterios y mecanismos de evaluación y metodología de puntuación de la terna seleccionada, en contraposición con los estándares internacionales de derechos humanos. Al pleno del Congreso se le reclama haber aprobado un dictamen que no fundamentaba lo suficiente los criterios de ponderación de los perfiles, la votación y la designación del procurador panista.

Es decir, se reclama tanto el procedimiento como la resolución del Congreso de Guanajuato al elegir a un panista como titular de la PDHEG.

Los conceptos de violación son los siguientes:

1. A la legalidad y a la seguridad jurídica, ya que no se definió una evaluación por puntaje. En la solicitud de transparencia (Oficio UT/0008/2021) el Congreso reconoce que existe una especie de listado en la que se pretende evaluar 10 ámbitos: Expediente completo, perfil profesional, conocimiento en materia de DDHH, conocimiento del contexto del estado en materia de DDHH, propuestas de acción, experiencia en defensa de DDHH, experiencia en la administración pública, consistencia en la respuesta, enfoque global de DDHH y conocimiento de la parte orgánica de la PDHEG. Se presenta una supuesta evaluación de lo que se deduce es la ponderación individual de las 5 integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso.

Esta ponderación simulada, además de que no se planteó con anterioridad demuestra que el candidato electo no cumplía con el criterio de conocimiento en derechos humanos y que las variables fueron planteadas de manera arbitraria. Es decir, se modificó unilateralmente el procedimiento establecido en las bases de la convocatoria por lo que se viola el derecho humano a la legalidad.

Este proceso, se afirma en el amparo, fue una simulación, puesto que se eligió un candidato que no cuenta con el perfil para acceder a la responsabilidad de ombudsperson y que no garantiza la independencia necesaria para ese tipo de organismos, dada su evidente militancia en el Partido Acción Nacional, que es el mismo partido que controla el Congreso del Estado y que a su vez es el mismo partido en el que milita el gobernador del Estado.

2. Falta de motivación y fundamentación de la decisión.

3. El perfil del titular no garantiza independencia ni aptitud por lo que la designación del titular se considera que es discrecional y violatorio de derechos humanos.

En suma, los tres conceptos de violación a derechos humanos establecidos en el amparo señalan irregularidades en el procedimiento y la falta de independencia del procurador electo.

El maestro José Manuel Ramos, integrante de la terna finalista a la Procuraduría presentó amparo contra la designación, que se encuentra radicado en el Primer Tribunal Colegiado Administrativo con número de queja 22/2021; Sergio Arellano, otra persona participante en el proceso también mantiene su amparo 149/2021-III en el Juzgado 6º de Distrito en Celaya. Exigimos a ambos Juzgados entrar al fondo del asunto y ordenar que se reponga el proceso de designación de un Procurador carente de independencia.

Está en las manos de los Tribunales la decisión para comenzar a detener la crisis de violaciones a derechos humanos en Guanajuato, en la que los gobiernos panistas han llevado a la entidad. 10 mil homicidios dolosos en el gobierno de Diego Sinhué, más de 2 mil 800 personas desaparecidas y más de mil quejas presentadas en 2019 en la PDHEG son apenas una muestra de esta crisis.

Repongan el proceso.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.