El alba que no llega: El Charco, 22 años de impunidad

Los crímenes del pasado son crímenes del presente. El derecho a la no repetición sólo podría tener visos de esperanza cuando los gobiernos castiguen a los responsables, se llegue a la verdad y los familiares de las víctimas accedan a la justicia. Sin embargo, a lo largo de la historia de México y del estado de Guerrero predomina la impunidad. El esclarecimiento de los crímenes del pasado puede ser una ventana infinita de posibilidades para que la verdad, sobre las desapariciones o asesinatos de personas, habite en los corazones de las familias que luchan para saber el paradero de sus seres queridos. Aguas Blancas y El Charco son los crímenes de la historia reciente de Guerrero, precedido por la desaparición de los 43 normalistas.

El 7 de junio de 1998, hace 22 años, el ejército mexicano masacró a indígenas Na Savi de la comunidad de El Charco, Municipio de Ayutla de los Libres, con un saldo de 11 ejecutados extrajudicialmente, 27 torturados y detenidos arbitrariamente y 5 heridos.

Era aproximadamente a las 2 de la mañana cuando el mismo viento apenas si susurraba. Ni siquiera dieron tiempo que respiraran quienes yacían en el sueño. Llegaron las tropas del ejército mexicano a la escuela primaria “Caritino Maldonado” de la comunidad de El Charco, sin observar los protocolos en materia de uso de la fuerza y armas de fuego dispararon contra los indígenas que pernoctaban, después de una reunión de autoridades comunitarias que habían sostenido. Desde el día 6 de junio inició una reunión en la que se dieron cita varios comisarios y principales de comunidades vecinas. La idea era formar promotores para gestionar proyectos productivos, discutían como mejorar su alimentación y sus condiciones de vida, así también recibían cursos de alfabetización. El día 7 habrían programado atención médica a la población de parte de promotoras de salud.

El uso de la fuerza fue de manera desproporcionada. En la represión un niño fue herido de gravedad y 5 fueron detenidos, llevados a prisiones militares y torturados. Una estudiante universitaria corrió la misma suerte.

Ese día empezó como todo los demás para los familiares de los 11 indígenas asesinados por las balas de los esbirros. Las esposas seguían sus quehaceres cotidianos, unas se habían ido al campo, otras al quehacer domestico o a ir a garrar camarones, pero la noticia no se esperó para llegar a oídos de los hijos, los hermanos, madres y esposas.

Por estos hechos nunca se abrió una investigación contra los militares que ultimaron a los indígenas. El único expediente de investigación que se abrió contra 27 indígenas que les imputaron diversos cargos y se les procesó, estando en prisión más de dos años. A 22 años no se han indagado los hechos de ejecución extrajudicial, tortura, lesiones y privación de la libertad de que fueron objeto, pese a que el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido un informe de admisibilidad, en el plano interno las graves violaciones cometidas en agravio de los indígenas no se han investigado.

Lejos de que los gobiernos castiguen a los perpetradores de la masacre de indígenas, El Charco sigue sumida en la pobreza y marginación. El olvido de las autoridades ha sido la política de Estado por excelencia. Apenas si se cuenta con la misma primaria que habría recibido los impactos de las balas del ejército. El camino de terracería está en malas condiciones. La violencia endógena sigue socavando el tejido comunitario.

La masacre del Charco es un ejemplo de lo que ocurre cuando el ejército mexicano realiza tareas de seguridad pública, carece de controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas. Estas masivas violaciones a los derechos humanos se suman a otras más que han acontecido en Guerrero. La impunidad rampante lacera la vida de las víctimas y de las familias y cincela la vida democrática de la entidad. Los crímenes en Guerrero es una agenda pendiente en la que el gobierno federal tiene que redoblar esfuerzos y tener voluntad política para ofrecer verdad, justicia, reparación integral del daño y adoptar medidas de no repetición. El crimen de El Charco no debe ser soslayado por los gobiernos, al contrario, tienen el deber imperativo de esclarecer a cabalidad estos hechos.

Al inicio de la actual administración federal se habló de justicia transicional y de comisiones de la verdad, pero hasta el momento no hay políticas y acciones de gobierno concretas, se han privilegiado otros temas en detrimento de los grandes temas medulares del país.

El gobierno federal tiene un reto para seguir líneas de investigación exhaustiva, pronta, independiente e imparcial para dar con la verdad y que las familias accedan a la justicia y se adopten medidas de no repetición, para que graves violaciones a los derechos humanos como la del Charco no se reediten.

* Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (@tlachinollan) promueve y defiende, desde 1993, los derechos humanos de la población indígena en la Región de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, México.