El AIFA y los militares, un antes y un después

Con la construcción, entrega y administración del AIFA a manos militares, se ha cruzado una línea. El hecho concreto es que antes las instituciones militares no eran responsables de construir y administrar mega obras, pero ahora sí. El hecho en términos simbólicos significa algo a mi parecer de dimensiones descomunales. Es una fotografía de lo que la teoría conceptualiza como el cambio en las relaciones entre las autoridades civiles y militares, cuya principal orientación es incrementar la dependencia de las primeras respecto a las segundas en términos de gobernabilidad.

El AIFA es la síntesis de una alteración constitucional, política y social que avanza sin pasar por filtro de deliberación alguna. Hace muy pocos años, en el 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior porque, en palabras del hoy presidente de ese tribunal, “la ley instituía la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en contravención al marco constitucional que las rige”, siendo por tanto un “fraude a la Constitución”.

Las cosas han cambiado. Gracias a una interpretación expansiva de las leyes por parte del gobierno federal, en particular de la Ley Orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, es dable cualquier encomienda presidencial “orientada al servicio al pueblo de México”.

Los límites han caído. En números gruesos, si se comparan los sexenios de Calderón y de López Obrador, se ha multiplicado cuatro veces el despliegue militar para tareas de seguridad pública y además la Sedena tiene a su cargo los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, las sucursales del Banco del Bienestar, un acueducto en Campeche, el canal Centenario en Nayarit y la modernización de las aduanas, además de la construcción de 494 compañías de la Guardia Nacional.

La reciente investigación comparada internacional explica que “las Fuerzas Armadas han pasado a cumplir el papel de actores multifuncionales que, ante la insistencia de los respectivos gobiernos, deben realizar muchas tareas que las instituciones civiles (…) son incapaces de adelantar…”.

Wolf Grabendorff sugiere además hablar de “escasez de instituciones estatales civiles y (agrega que) sería mejor abordar la cuestión de quién es responsable de este tipo de ‘militarización’ o a qué intereses sirve realmente. Las consecuencias estructurales de tal política fortalecen, desde ya, la influencia de los militares en el Estado y la sociedad, sumando tensión a las relaciones cívico-militares y erosionando los procederes democráticos”.

En un evento reciente del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX, Ignacio Cano, prestigiado experto en estos temas, enfatizaba respecto a Brasil que los militares llegaron a tareas de seguridad en medio de una situación crítica de violencias y ya nunca dejaron ni dejarán esas funciones precisamente porque la crisis sigue y todo indica que seguirá ahí.

Tal vez la mejor manera de entender la evolución del rol militar en México asociada con el AIFA, vista desde su potente dimensión simbólica, es mirar el documental denominado Una Obra del Pueblo, testimonio que en mi concepto divide el antes y el después en la historia contemporánea de las relaciones cívico/militares. La apología que López Obrador hace ahí a la Sedena es quizá la más fiel representación que hoy tenemos de lo que se entiende como militarismo, situación en la cual los gobiernos reconocen a las instituciones militares en capacidades superiores respecto a las civiles.

Pero tal vez lo más significativo a cielo abierto respecto al rol militar asociado al AIFA es que, en el contexto de entrega de la obra, nadie o casi nadie levantó la voz para cuestionar si dicho rol es el adecuado. De ser así, entonces la pregunta es qué espacio queda para discutir el carácter excepcional de la intervención militar en tareas civiles. Piénsese en esto en términos de gobernabilidad, siguiendo a Grabendorff.

@ErnestoLPV