El adiós a la verdad: la austeridad que mata libertades

En 1996, al discutir y resolver judicialmente el caso Aguas Blancas, en el que campesinos perdieron la vida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que nuestra sociedad no era viable si desconocía la verdad de lo que había sucedido. La máxima instancia de justicia en nuestro país sentó así las bases que permitieron desarrollar el derecho de las personas a acceder a información gubernamental.

La primera ley de acceso a la información se aprobó por unanimidad en 2002, en el entorno político de la transición democrática: tras la derrota de un partido hegemónico que había gobernado 70 años el país, tras tener por primera vez un Congreso de la Unión en el que el partido gobernante no tenía la mayoría, el Poder Legislativo resolvió hacer una ley que reconociera a las personas el derecho a tener acceso a los documentos en los que la autoridad federal registra su actuación. La contraparte era que las autoridades federales tuvieran la obligación de entregar dichos documentos en un plazo no mayor de 20 días hábiles. A un derecho de las personas corresponde una obligación de la autoridad.

Era y es una idea libertaria y poderosísima, así como naturalmente molesta para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. Y así se sintió en el país en muchas dimensiones: negativas de instituciones de acogerse a la ley, malas respuestas, incumplimiento de plazos, declaratorias de inexistencia de la información solicitada. Aún más: los estados del país se resistieron de múltiples formas a crear leyes equivalentes a la de la Federación, impulsada originalmente por el Grupo Oaxaca y, desde el gobierno, por el Dr. Sergio López-Ayllón. Pasaron varios años de un intenso ejercicio político en el que la sociedad civil y periodistas exigían a los gobiernos estatales tener leyes con una calidad similar a la de la ley federal.

Este entuerto se resolvió en 2007, cuando se llevó a la Constitución el derecho de las personas a tener acceso a la información de sus gobiernos. Desde entonces, el acceso a la información es un derecho de usted lectora, de usted lector, que debe ser garantizado por toda autoridad y por todo servidor público en todo el país: por el Presidente, por los Secretarios de Estado, por toda la burocracia de los ejecutivos federal y estatales, por los municipios, por los jueces, por los órganos electorales, por las comisiones de derechos humanos, por las agencias de seguridad, por los poderes legislativos… por todos.

Este derecho que vuelve a un hijo de vecino capaz de solicitar y de obtener los costos o impactos ambientales de cualquier megaproyecto, o la actuación de las agencias de seguridad en una matanza, o las verdaderas causas de un apagón de la CFE, o los costos en las compras de ventiladores para enfermos de covid-19, o los riesgos de inundación de Dos Bocas, o las actas de las consultas indígenas para construir el Tren Maya, o los nombres, lugares, cargos y curriculum de quienes se harán cargo de aplicar la vacuna contra el covid-19, o las acciones gubernamentales para cumplir ambientalmente con el Acuerdo de París o los avances actuales para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, o las acciones emprendidas para evitar feminicidios y acoso sexual en todos los ámbitos, es un derecho que dota a las sociedades de un enorme poder frente a sus gobiernos.

La reforma constitucional de 2006 fue ampliada y profundizada en 2014 con otra reforma constitucional en materia de acceso a la información, pero también potenciada por la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Esta última quedó plasmada en el artículo primero constitucional y ordena al Estado mexicano que todas las normas que rijan derechos fundamentales -como el de acceder a información pública- deben interpretarse a la luz de la Constitución y de lo que digan los tratados internacionales garantizando a las personas la protección más amplia. Y, además, que las autoridades deben garantizar los derechos fundamentales de acuerdo con ciertos principios, entre ellos el de progresividad, es decir: no puede haber retrocesos en materia de derechos humanos. Todas las acciones del Estado y de los gobiernos vinculadas a derechos humanos deben fortalecerlos y ampliarlos, no debilitarlos o acotarlos.

Se entiende así que la decisión del presidente López Obrador -y la propuesta que le presenten la Secretaría de la Función Pública y la Consejería Jurídica- de disolver al INAI para pasar sus funciones a dicha Secretaría viola el derecho de usted lectora, de usted lector y de todas las personas en México a conocer información sobre lo que hacen el gobierno federal, los organismos autónomos, sindicatos, fiscalías, poderes judiciales y legislativos.

Este atentado contra un derecho consagrado en la Constitución generará amparos y litigios que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muy posiblemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy el presidente López Obrador desea la opacidad con la que gobernó el PRI 70 años. La austeridad mata libertades.

* Sergio López Menéndez es investigador en Controla Tu Gobierno, A.C. (@ControlaTuGob).