El abandono y el olvido

La violencia y la inseguridad que vive el país es un tema recurrente y que lleva al menos doce años recrudeciéndose, normalizándose y enraizándose en nuestra sociedad. Ante esto es igualmente recurrente escuchar que necesitamos una estrategia real -sin saber exactamente qué significa eso-, o que quizás deberíamos importar alguna receta probada en otro país. Esta discusión no ha variado mucho en estos años; casi siempre escuchamos las mismas preguntas y respuestas. ¿Por qué existe la violencia? Por el narcotráfico. ¿Por qué la población sigue alimentando las filas del narco? Porque no tienen oportunidades. ¿Por qué los policías no logran acabar con el problema? Porque no están bien capacitados, no tienen el equipo adecuado o son corruptos.

Es decir, todo este tiempo hemos tenido respuestas simples a preguntas complejas y ese camino nos ha llevado a una “solución” que primero parecía emergente y ahora tiene tintes definitivos, con el uso de las Fuerzas Armadas en misiones de seguridad pública y “pacificación”. Con todo ello nos hemos colocado en un punto de no retorno, en donde todas nuestras cartas apuestan por una institución creada como un “Deus ex machina” que nos va a rescatar del agujero en el que nos encontramos. Pero, ¿hay algo que salvar? ¿O es que solo nos queda esperar a la gestión del conflicto y que eventualmente este sea tolerable?

En un esfuerzo por profundizar solo un poco, habría que decir que sí hay algo que salvar: un proyecto que nunca ha funcionado como fue concebido pero que es necesario retomar. El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) se creó en 1995 para que éste sentara las bases de coordinación y distribución de competencias en materia de seguridad pública entre el gobierno federal, las entidades federativas y municipios. Su funcionamiento parte de la coordinación entre las diferentes instancias desde su ámbito de competencia, por lo que también implica un mecanismo de homologación para el diseño y operación de estrategias y políticas en materia de seguridad pública, como lo marca su ley reglamentaria publicada en 2009 y con una última reforma en mayo de 2021.

Al leer la ley se pueden observar muchas de las respuestas en torno a cómo se debería atender la seguridad pública en el país. Entre las funciones específicas del Sistema están las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los elementos policiales; los lineamientos de Carrera Policial; el esquema de profesionalización, control de confianza, evaluaciones, vigilancia a los sistemas de desarrollo policial, prestaciones y en general, toda la carta a los Reyes Magos en torno al fortalecimiento de las policías con énfasis en su carácter civil y local.

Además, contempla la sesión del Consejo al menos dos veces por año; el seguimiento de acuerdos y sanciones por incumplimiento; la aprobación del uso de los recursos para seguridad pública (previamente etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación); establecer mecanismos para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública. A través del Secretariado Ejecutivo tiene la facultad -y obligación- de recabar la información de incidencia delictiva, de manera transparente y objetiva… Y, bueno, todo para construir una sólida coordinación para que funcionen los mecanismos y participen los actores involucrados en un esquema de gobernanza para la seguridad, dignificación y profesionalización de la labor policial, y una suerte de blindaje institucional contra las omisiones que pudieran cometer sus titulares.

Si realizáramos una lista de todo lo que necesitamos en materia legal e institucional para recuperar la seguridad perdida, seguramente estaríamos describiendo la Ley General del SNSP, y caeríamos en la inevitable frustración de notar que todo está allí, pero todo es letra muerta. Desde la creación de acuerdos no vinculantes y fuera de la realidad, sin seguimiento ni sanción, hasta la actual situación del Sistema, en la que no ha sesionado durante 2021 y que incluso parece que nunca existió.

Nada hay de evaluación de las políticas de seguridad en los estados, del seguimiento a las condiciones laborales de los policías, de su capacitación, de la promoción y desarrollo de un modelo ministerial, policial y pericial homologado y eficiente. Ni qué decir del presupuesto, cuyo destino está concentrado a la militarización de la seguridad pública y la consolidación de la Guardia Nacional. Lo único que le sobrevive a esta carta de buenos deseos es el Secretariado Ejecutivo, que hace acto de presencia con su informe de incidencia delictiva los días 20 de cada mes, o el día que pueda ser presentado en la conferencia matutina.

Organizaciones y medios de comunicación revisan dicho informe para dar seguimiento al estado que guarda la inseguridad en el país. En ese tema, Causa en Común ha documentado que se informan datos cuando menos sospechosos de no corresponder a la realidad palpable, eso sin contar el reconocimiento oficial de que se denuncian en promedio 7 de cada 100 delitos.

Las respuestas no pueden ser profundas porque los actores políticos no están interesados en operar un sistema que es complejo y cuyos resultados se verán de manera paulatina en el mediano y largo plazo y eso no es visible para el electorado. Es decir, no hay que inventar el hilo negro, las respuestas ya están ahí, hay que cumplir la ley. Tenemos una solución que, aunque pudiera ser mejorada, hemos dejado como todo en el país, en el abandono y el olvido.

* Nancy A. Canjura Luna (@canjural) es licenciada en Ciencias Políticas y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad Iberoamericana y como investigadora y servidora pública. Se ha especializado en temas de seguridad y violencia, así como género.