El 2016 y la batalla electoral que se avecina

El 5 de junio de 2016 están llamados a votar 29 millones 264 mil 907 mexicanos para elegir a 12 gobernadores, 965 alcaldes, 239 diputados locales de mayoría relativa y 149 de diputados locales de representación proporcional (plurinominales). Si bien el universo de estas elecciones equivale apenas a un tercio de las entidades y la lista nominal nacional, su importancia radica en que son la última aduana para definir el tablero con el que se jugará la elección presidencial de 2018; un juego que premiará al candidato que pueda acceder a la mayor cantidad de recursos públicos para movilizar votantes y contratar propaganda ilegal en un contexto de votación fragmentada.

Si por años hablamos de “tres partidos grandes” para explicar el voto en México (PAN, PRI y PRD), en 2018 se confirmará lo que vimos en 2015 y veremos en 2016: una nueva arena electoral conformada por un partido grande nacional (PRI), un partido grande competitivo en la mayoría de las entidades (PAN) y tres o cuatro partidos medianos competitivos en algunas entidades o como vehículos de candidatos con discursos antipolíticos (PRD, PVEM, MORENA y Movimiento Ciudadano). Ante esta nueva realidad, vale la pena identificar tanto a los actores principales del juego como sus incentivos y herramientas para participar en la competencia.

Tres jugadores protagonizan la versión más simple del juego: un candidato a un puesto de elección popular, un empresario cuyo negocio depende directa o indirectamente de las compras públicas del gobierno y una población vulnerable que depende de la asistencia social del gobierno. Lo que quiere y ofrece cada jugador se puede deducir fácilmente: el candidato quiere votos y ofrece compras públicas, el empresario quiere compras públicas y ofrece dinero, la población vulnerable quiere apoyos y ofrece votos.

[contextly_sidebar id=”LnxczBSj76qtw3QRBBe54LOLkS0Of5ql”]El resultado es un arreglo donde el empresario presta dinero al candidato a cambio de compras públicas para que éste pueda financiar una estructura territorial que le permita movilizar votantes suficientes para ganar la elección. Mientras el empresario asume el riesgo de que su dinero no se traduzca en compras públicas porque el candidato perdió la elección, la población vulnerable utiliza su voto como póliza de seguro contra la posibilidad de perder beneficios sociales. El candidato, irónicamente, es quien asume el menor riesgo de los tres jugadores, en parte porque recibe dinero que pagará con compras públicas sólo en caso de ganar la elección y en parte porque la población vulnerable cuenta con pocos mecanismos efectivos para castigarlo en caso de no cumplir su palabra.

La funcionalidad del arreglo resulta evidente al analizarlo desde el punto de vista de cada uno de los jugadores. Por ejemplo, evidencia anecdótica recabada a través de pláticas en privado con candidatos, empresarios, ex gobernantes, operadores y estrategas coincide en que el “retorno de inversión” de las aportaciones ilegales de los empresarios a las campañas electorales oscila entre 400 y 900 por ciento; es decir, entre cuatro y nueve millones de pesos por cada millón aportado.

Y es que para el empresario no existe inversión que se aproxime a esos márgenes, mucho menos en un periodo de uno a seis años. Quizá lo más cercano sean las inversiones de capital emprendedor o de riesgo, que pueden arrojar retornos similares pero con riesgos superiores al 50 por ciento. Aún considerando que el riesgo de “invertir” en una campaña es relativamente alto (50 por ciento en elecciones con dos candidatos competitivos y asumiendo que la victoria del candidato apoyado es garantía de recibir los contratos), el retorno potencial es suficientemente alto para que sea rentable asumirlo. En la medida en que la impunidad se mantenga constante, financiar campañas ilegalmente siempre será una inversión rentable.

En el caso de la población vulnerable, vender el voto no es funcional porque el retorno de inversión sea atractivo sino porque el costo de oportunidad de no venderlo puede ser fatal. Y es que la población vulnerable corre el riesgo de perder apoyos de salud, alimentación, educación y servicios por rehusarse a “vender” algo que en estricto sentido no tienen ningún valor económico. Por el simple hecho de que la población vulnerable gasta una proporción mayor de sus ingresos en los satisfactores que el gobierno suele atender, se encuentra en una posición de debilidad ante las amenazas de los candidatos. En la medida en que los gobiernos puedan condicionar los apoyos impunemente, vender el voto siempre será una póliza de seguro muy barata para la población vulnerable.

Si bien la reforma electoral de 2014 creó un nuevo modelo de fiscalización de campañas para prevenir, detectar y sancionar el rebase de topes y el desvío de recursos antes de declarar la validez de las elecciones, tanto el intercambio de favores entre políticos y empresarios como el uso de apoyos sociales para promover el voto en la población vulnerable rebasan la capacidad de monitoreo de las autoridades electorales. Por si fuera poco, la percepción de corrupción e impunidad crecientes alienta las conductas ilegales de los candidatos, cada vez menos preocupados por ser castigados por las autoridades.

Por lo tanto, es muy probable que durante las elecciones del 2016 los partidos recurran a todo tipo de tácticas para ganar posiciones que incrementen su acceso a recursos públicos rumbo a 2018. Las alianzas mercenarias, el espionaje, las grabaciones ilegales, las filtraciones, la compra de publicidad ilegal, el desvío de recursos públicos y la compra de votos estarán a la orden del día. Será una batalla tan pragmática como despiadada, donde se borrará la línea entre la legalidad y la ilegalidad para dar paso a un juego de suma cero que confirmará nuestras peores creencias sobre la política en México. Que la batalla sirva para tocar fondo y sacudir el tablero, para crear una crisis que nos convenza de la necesidad de reivindicar lo público y la política.

P.D. Con 5.6 millones de votantes, un presupuesto anual de 100 mil millones de pesos y la posibilidad real de alternancia en el gobierno, Veracruz será, por mucho, el campo más violento de la batalla. ¿Las autoridades electorales se atreverán a aplicar las leyes como en el insignificante Colima?

* Gustavo Rivera (@gustavoriveral) es doctor en Gobierno por la Universidad de Texas en Austin.