Edomex: la Fiscalía ofrece disculpa pública sin compromisos claros

“No se acepta la disculpa”. Una a una las palabras retumbaron en los oídos de quienes presenciamos, el 28 de febrero de este año, la ceremonia en la que el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofreció una disculpa pública a cuatro familias de víctimas de feminicidio precedido de desaparición.

Esas cinco palabras apenas reflejan la frustración, el coraje y el inmenso dolor de las familias ante la violencia institucional que durante años han padecido y que les impide el acceso a la justicia y a una reparación integral del daño, como lo documentamos en nuestro informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.

Laura Curiel, madre de Daniela Sánchez Curiel, dijo con voz firme, y luego de consultar a su nieto, hijo de Daniela, “no se acepta la disculpa, ¡dónde está la verdad!”. Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez Florencio, sentenció en su turno de intervención: “les recordamos que la consigna es no olvidar… por lo que les hago saber que no acepto la disculpa pública”.

Laura Velázquez Florencio, hermana de Diana, dijo a su vez: “me destrozaron como persona luego de enseñarme cómo el servicio médico forense había dejado su cuerpo abandonado en el piso… no puedo aceptar una disculpa”. María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño, dijo por su parte al fiscal: “le reitero, como ya lo había hecho anteriormente, que no la aceptamos”.

Solo Ana Sosa Conde, hija de Julia Sosa Conde, aceptó la disculpa: “hoy les volvemos a dar un voto de confianza, de que esta disculpa pública no quede en palabras huecas”. Pero advirtió con voz firme: “necesitamos acciones claras y contundentes para erradicar la violencia de género contra las mujeres… la pregunta se queda en el aire: ¿ustedes harán su parte? ¿Cumplirán con sus compromisos y obligaciones?”. Al final sentenció: “demuéstrenme a mí, demuéstrenle a mis hermanos, a mi hijo, demuéstrenle a la sociedad, que sí son confiables, que vivir sin violencia es posible y que sirve denunciar, me lo deben a mí, se lo deben a mi familia, y se lo deben a mi madre”.

Fue un acto público doloroso, donde las madres y la hija de las víctimas de feminicidio expusieron una a una, las omisiones, la indolencia, la violencia institucional a que las ha sometido la FGJEM al llevar sus casos, a los que hemos dado acompañamiento desde septiembre de 2021. El acto completo puede ser visto en nuestras redes sociales.

La ceremonia se efectuó en el auditorio de la FGJEM, en medio de la incomodidad causada por decenas de agentes que pululaban para hacerse cargo de un estricto dispositivo de seguridad. En la calle, por si la vigilancia al interior del auditorio no fuera suficiente, había incluso camionetas con elementos de la Guardia Nacional, quienes con armas de grueso calibre patrullaban las calles aledañas a la fiscalía.

La disculpa no fue exigencia de sentencia o recomendación de comisión de derechos humanos alguna, se concretó gracias a la persistencia, coraje, empeño y dignidad de cada una de las familias. Desde Amnistía Internacional reconocemos la interlocución política que lograron para que se concretara.

En el largo, complejo y lento proceso de negociación tuvieron el acompañamiento de diversas organizaciones, así como el de Amnistía Internacional, que fungió como facilitadora. Todo ello en el mejor de los afanes porque la medida simbólica cumpliera con los estándares internacionales de derechos humanos, esto es, que fuera un acto de reparación para, por y desde las mismas familias afectadas.

En año y medio, la disculpa fue pospuesta en tres ocasiones, la última de ellas el 16 de noviembre de 2022, fecha en que horas antes de su realización la FGJEM informó de su cancelación.

En el paso a paso de las conversaciones, por momentos sumamente complicadas, el fiscal José Luis Cervantes Martínez envió a las familias de las víctimas el texto que leería en la ceremonia, que incluía elementos sugeridos por las familias y sus representantes legales. El funcionario reconocía en el mismo, una a una, las deficiencias cometidas, lo que permitía identificar las omisiones en que se incurrió al investigar cada caso. Sin embargo, la sorpresa fue enorme cuando el día de la ceremonia el fiscal leyó un texto radicalmente diferente al que conocieron las familias.

El plausible gesto del fiscal, de aceptar ofrecer la disculpa pública de motu proprio empezó así a diluirse. Con el cambio de discurso perdió una valiosa oportunidad de relevancia social, histórica incluso, para establecer compromisos claros que condujeran a enmendar los errores cometidos por las administraciones que lo precedieron en la investigación de los casos referidos y así garantizar el acceso a la justicia que por años demandan las familias.

Qué sigue

La disculpa pública, lo dije en mi intervención en la ceremonia, es una medida necesaria pero no suficiente, para reparar el daño a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Si bien es un acto simbólico con el que se busca restaurar la memoria de las víctimas, también tiene un valor en sí misma porque la máxima autoridad de la Fiscalía reconoce el daño moral que ha causado a las familias.

Es imprescindible entonces que esa medida se combine con formas materiales de reparación para cada una de las víctimas, con el mejoramiento efectivo de la investigación de los casos y con garantías de no repetición.

En ese sentido, en los cuatro casos que nos ocupan es necesario dar continuidad a la Mesa de Trabajo bimestral que se acordó con la Fiscalía Especializada en Género, para trabajar los avances en las investigaciones penales. Al respecto, no dejo de advertir que desafortunadamente el personal de la FGJEM ha aplicado estrategias dilatorias que han impedido el trabajo cabal de la mesa, por lo que urgimos a las autoridades a destrabar su funcionamiento para efectuar las diligencias fundamentales que se requieren en cada caso.

Reitero también mi señalamiento, hecho en el acto de disculpa pública, en el sentido de que la FGJEM debe dar muestras contundentes de que ha aprendido de todas las omisiones y deficiencias en que ha incurrido y debe llevar a cabo acciones concretas, de tipo estructural incluso, que garanticen la no repetición de los hechos. Las recomendaciones respectivas las conoce la fiscalía puesto que en su momento le hicimos llegar nuestro informe Juicio a la Justicia, que las incluye.

Amnistía Internacional seguirá dando acompañamiento a las familias de las víctimas #HastaSerEscuchadas en el largo y arduo caminar para conseguir justicia. Las personas lectoras se pueden sumar a este acompañamiento con una acción solidaria muy sencilla, pueden firmar la petición que se encuentra en nuestra página.

Está visto que falta mucho por hacer en este país que, pese a contar con un andamiaje legal e institucional para atender la violencia contra las mujeres y los feminicidios, sigue en muy grave falta con su obligación de garantizarnos a las mujeres seguridad, la vida y nuestros derechos humanos.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @amnistiamexico.