El avance hacia un duelo gestacional con empatía

Este texto hace referencia a la Recomendación 56/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que surgió de la violencia obstétrica vivida por Belén, caso que fue acompañado por GIRE. Para realizarlo y publicarlo contamos con su autorización.

En 2018 Belén, quien en ese momento tenía 25 años, se enteró de que estaba embarazada. Vivía en Mina, un municipio de Nuevo León, y era trabajadora de un supermercado, por lo que contaba con seguridad social en el IMSS. Con apenas siete semanas de gestación comenzó a acudir a atención prenatal en su Unidad de Medicina Familiar (UMF).

Desde el inicio del embarazo tuvo mucho malestar. Al ir a su UMF, les reportaba a los médicos que sentía dolor e incomodidad, pero la ignoraban o minimizaban sus síntomas. A las 34 semanas de gestación, tuvo dolor abdominal intenso y vómito. Fue de emergencia al Hospital General de Zona Núm. 6, donde le hicieron algunos estudios y, aunque le dijeron que el embarazo iba bien, no le explicaron a qué se debía el malestar o cómo debía cuidarse. El dolor persistió y al regresar al hospital los médicos la responsabilizaron: le dijeron que todo el malestar era por su “sobrepeso”, sin darle ninguna explicación sobre lo que estaba sintiendo.

Belén pasó siete días con ese dolor y sin ninguna respuesta. Decidió acudir de nuevo a su UMF y, al hacerle un ultrasonido, el médico de guardia le dijo que tal vez el aparato con que se realizaba dicho estudio no funcionaba o no tenía pila. La refirió de inmediato al mismo hospital del IMSS donde ya había sido atendida y le comentó que probablemente estaba en labor de parto. Al llegar, y a pesar del dolor que experimentaba, tuvo que esperar más de una hora para recibir atención.

Finalmente, le informaron que ya no había latido fetal. La noticia, desafortunadamente, no vino acompañada de ningún tipo de empatía por parte del personal de salud. Por el contrario, la obligaron a tener un parto sin anestesia y le suministraron medicamentos sin avisarle. Después la llevaron al pabellón de ginecología, donde estaba rodeada de mujeres con bebés recién nacidos y el personal de salud constantemente se le acercaba para preguntarle por su bebé.

Belén nunca recibió ningún tipo de atención con cuidado o empatía y, a pesar del duelo que atravesaba, fue recibida con violencia y negligencia. Además, los médicos se rehusaron a darle alguna explicación de la causa de la pérdida gestacional y aunque, con insistencia, pidió los estudios de patología, nunca se los entregaron.

Después de lo vivido, Belén inició un largo camino en búsqueda de justicia y reivindicación por la violencia de la que fue víctima. Al mismo tiempo, de la mano de su familia y amigos, intentaba lidiar con un duelo para el que nadie la preparó.

Seis años después, su lucha rindió frutos. En abril de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la violencia obstétrica de la que Belén fue víctima y, con ello, las afectaciones a su derecho humano a la salud y a la integridad personal.

La CNDH, además de identificar las violencias en el trato y la atención médica que recibió Belén, hace énfasis en que es responsabilidad del IMSS —y, dicho sea de paso, de todos los hospitales públicos en el país— contar con espacios y protocolos de atención que permitan garantizar atención sensible a las personas que atraviesan por un duelo perinatal o gestacional. Recomienda al Instituto adecuar habitaciones separadas o espacios aislados para que las mujeres y personas con capacidad de gestar que afronten un duelo puedan hacerlo de forma privada, no rodeadas de otras pacientes y bebés recién nacidos.

Y es que el tema no es menor: para las personas que viven una pérdida como la que vivió Belén, no contar con espacios dignos y recibir un trato deshumanizante genera afectaciones a la salud mental, y éstas pueden persistir en el tiempo. Esta situación ha significado cambios en la política de salud; por ejemplo, en hospitales de al menos ocho entidades federativas ya se cuenta con “salas de despedida”, un espacio aislado para la familia después de una pérdida. Además se han establecido “protocolos mariposa” para garantizar un trato humanizado a las pacientes después de una pérdida gestacional o perinatal.

A pesar de estos logros, la mayoría de los hospitales del país aún no cuentan con protocolos o espacios designados para el duelo perinatal. Así, esta recomendación no solo resulta reivindicativa de los derechos de Belén, sino visibiliza que el hecho de no contar con espacios dignos para este tipo de duelo constituye una forma de violencia obstétrica que debe ser atendida por el Estado y, con ello, nos da la oportunidad de avanzar hacia una atención más humanizada y sensible.

* Sofia del Carmen Aguiar Reynoso es Abogada de documentación y acompañamiento de casos en @GIRE_mx.