Redacción Animal Político · 2 de septiembre de 2022
Cada año, miles de niñas y niños migran con el fin de tener un mejor futuro. Ellas y ellos toman la difícil decisión de irse de sus localidades debido a la violencia generalizada, la vulneración de sus derechos humanos, la inseguridad derivada de la presencia de organizaciones criminales, así como de la necesidad de aportar en la economía familiar para contribuir con los gastos cotidianos.
En estos contextos, la decisión de marcharse puede ser de un momento a otro —cuando su vida corre peligro—, o a partir de un proceso de valoración profunda, en el que se toman en cuenta los riesgos y peligros de irse o quedarse.
Para dar respuesta a este escenario, el año pasado entraron en vigor reformas en materia de protección a la niñez migrante, con el fin de establecer estrategias y acciones para garantizar que las niñas y los niños en situación irregular se reconocieran como titulares de derechos.
Entre los cambios más importantes, destaca que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes asumieron mayores responsabilidades para proteger a las niñas y los niños migrantes, estableciendo que su intervención sería definitoria para tomar decisiones que impactaran en su futuro inmediato.
Pero a pesar de estos cambios, desde Save the Children hemos registrado diversas situaciones que ponen de manifiesto que la protección de niñas y niños migrantes está lejos de ser una realidad y que, por el contrario, se han tomado decisiones de Estado que siguen orillando a que las personas pongan en riesgo su vida.
De enero al 15 de agosto del 2022, cuatro personas menores de 18 años fallecieron y al menos 641 más han estado en riesgo de perder la vida o de sufrir afectaciones graves a su salud e integridad física, al recurrir a traslados inseguros. Ello se debe a que en muchos casos viajan en condiciones de hacinamiento, vehículos de carga no adaptados para el transporte de pasajeros, vehículos que circulan sin precaución o que han llegado a estar involucrados en persecuciones con la autoridad.
La razón por la que arriesgan su vida de esa manera es simple: las políticas de contención del Estado mexicano impiden que puedan moverse a otras entidades federativas para buscar mejores oportunidades de integración; esa política les hace afianzar la decisión de llegar a Estados Unidos, beneficiando solamente a las bandas de traficantes de personas que operan en el país.
La frontera entre México y Estados Unidos ha sido catalogada como una de las zonas más mortíferas del mundo, debido a la gran cantidad de personas desaparecidas 1. Durante este 2022, dos niños y una niña perdieron la vida en el Río Bravo, mientras que al menos 18 niñas y niños estuvieron en riesgo de morir; asimismo, en la frontera sur de México se registró la muerte de un niño en el río Suchiate.
Lamentablemente, la decisión de migrar se hace sin conocer a profundidad los desafíos que representan la geografía y las condiciones climáticas del territorio por donde deben de cruzar, lo que se convierte en un factor adicional de peligro para las niñas y los niños migrantes.
Entre enero y junio del 2022, 714 personas adultas y 116 niñas y niños en situación migratoria irregular declararon haber sido víctimas de actos delictivos en México; entre ellos se encuentra el tráfico ilícito de migrantes, robo, abuso de funciones, extorsión o chantaje; trata de personas; tentativa de homicidio intencional, así como agresiones, amenazas y violaciones por presunción legal 2.
Además, durante este año se han registrado varios casos de posibles secuestros, pues se hallaron al menos a 45 niñas y niños en casas de seguridad, hoteles, bodegas y domicilios, en contra de su voluntad. Estas cifras se suman a las publicadas por Human Rights First, que de enero a abril de este año ha registrado al menos a 17 niñas y niños que fueron secuestradas o con tentativa de secuestro, además de casi una decena que fueron víctimas de delitos como ataques, amenazas, abuso sexual y robo 3.
En lo que va del año, se han registrado 11 caravanas migrantes que salieron de Tapachula, Chiapas, y dos más que se formaron en el norte, con la intención de llegar a Estados Unidos.
Lamentablemente, en esta forma de migrar persisten la carencia de servicios médicos, acceso a la alimentación y agua, acceso a un espacio de alojamiento digno, entre otras cosas que mantienen en un grave riesgo a las niñas y los niños, quienes generalmente sufren de golpes de calor e insolación por las altas temperaturas, así como de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.
Además, las medidas de contención por la fuerza continúan a cargo de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, quienes a pesar de haber repartido tarjetas de visitante por razones humanitarias en diversas ocasiones —documentación que ofrece un estatus regular de manera temporal a las personas migrantes—, continúan llevando a cabo acciones disuasivas, disolviendo las caravanas en el mismo estado de Chiapas y desconociendo los documentos entregados que, por dichos de las personas migrantes, muchas veces les son arrebatados o destruidos por la propia autoridad.
A pesar de los riesgos y peligros, México ha recibido año con año un número cada vez mayor de solicitudes de asilo. Por ejemplo, en el 2021 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 130 mil 010 solicitudes de asilo —de las cuales 31 mil 451 eran niñas y niños (24.1%)—, lo que colocó al país como el tercero del mundo en recibir solicitudes de asilo, tan solo después de Estados Unidos y de Alemania.
En lo que va del año (de enero a agosto de 2022), la Comar ha recibido 67 mil 103 solicitudes de asilo —14 mil 454 de niñas y niños (21.5%) 4—, lo que representa un aumento del 5.2% con respecto del mismo periodo del año anterior.
Por ello, es prioritario que el Estado mexicano centre sus esfuerzos hacia la promoción y el respeto de los derechos de todas las personas que se encuentran en nuestro país, sin importar de dónde vengan, garantizando su seguridad y el respeto a su vida e integridad.
Especialmente, deben continuar los esfuerzos de integración de niñas, niños y adolescentes migrantes en el país para que puedan acceder a todos los derechos como la asistencia social y el acceso a la educación, salud, la protección integral, el acceso a la justicia, entre otros, sin discriminación y sustentado en el interés superior de la niñez.
Es deber de todas y todos fomentar una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.
* José Lugo Rodríguez es coordinador de Incidencia Política para la Protección de la Niñez y Silvia García Rubio es oficial de Incidencia Política de Save the Chilldren en México (@SaveChildrenMx), organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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1 Organización Internacional para las Migraciones. Resumen Regional Anual. Recuperado de aquí.
2 Unidad de Política Migratoria. Estadísticas sobre Delitos Perpetrados en contra de personas migrantes irregulares en México. Cálculo realizado con información de cuadro 1.4. Recuperado de aquí.
3 Human Rights First. Human Rights First Tracker of Reported Attacks During the Biden Administration Against Asylum Seekers and Migrants Who Are Stranded in and/or Expelled to Mexico. Recuperado de aquí.
4 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La Comar en números. Recuperado de aquí.