Drogas legales en México: olvídense de Trump

Porque “la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública”, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incluye un nuevo enfoque en el combate a las drogas. De entrada, plantea que para reducir los niveles de consumo se piensa levantar la prohibición a las sustancias que hoy son ilícitas.

Una de las ofertas de campaña más prometedoras de la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, finalmente toma su cauce dispuesta a enfrentar el rechazo de amplios sectores de la población, comenzando con los diputados conservadores que con toda seguridad buscarán descarrilar la medida.

Por todos lados, la propuesta destila sensatez. Propone que los recursos destinados a combatir el trasiego de drogas ilícitas mejor se apliquen en programas masivos, pero personalizados de reinserción y desintoxicación. “El modelo prohibicionista criminaliza a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación”, continua la propuesta. Y esto que en México es apenas un planteamiento, ya tuvo un laboratorio de experimentación en la realidad y los resultados, no por ser tan obvios dejan de ser sorprendentes.

A finales del siglo pasado y antes la crisis de salud generada por el problema de las drogas ilegales, Estados Unidos y Portugal tomaron medidas tajantes, pero muy distintas entre sí. Mientras que el país al norte de América continuó invirtiendo millonarios presupuestos para combatir de manera frontal a las drogas y los narcotraficantes, la pequeña nación europea decidió arriesgar por la vanguardia y en el 2001 despenalizó el uso de las drogas ilegales, de la mariguana a la heroína, y se concentró en tratar las adicciones como un problema de salud pública y no en uno de justicia.

Y eso es precisamente lo que piensa hacer el gobierno de AMLO, cuya propuesta coincide con la portuguesa en el punto de querer llevar el combate a las drogas a una arena médica y sacarla de los tribunales y reclusorios. “La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generen y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción”, se lee en otra línea del documento.

Los legisladores en todo el país tendrán a la mano datos certeros para que puedan comparar los resultados de los dos modelos propuestos. Por un lado, en Estados Unidos el número de muertos por sobredosis al año se mantiene por encima de los 50 mil y su guerra contra las drogas se perpetua sin que haya un ganador a la vista. Su guerrita involucra a los países al sur del Río Bravo que son los que suelen poner decenas de miles de muertos, cortesía de la violencia desatada por la política punitiva a la que obliga Washington.

En Portugal, por su parte, el Estado tiene bajo control la situación. Primero, el consumo de las drogas duras como la heroína, disminuyó a una cuarta parte en comparación a como se encontraba en las fechas cuando se despenalizó, sumado al hecho de que el número de muertos por sobredosis también cayó en la misma proporción. Hoy en ese país presumen de contar con la taza de mortalidad por drogas más baja de Europa occidental según comprobó una investigación del New York Times. Y no es Portugal, ni de lejos, el único país que puede hablar de las bondades que implican despenalizar.

Pero imaginando cosas chingonas, el despenalizar la mariguana permitiría generar fuentes de empleo a través del uso médico, lúdico e industrial de la planta del cáñamo. Se terminaría con el absurdo de seguir criminalizando el consumo y por supuesto se le ganaría una batalla al narcotráfico.

Por desgracia en México el crimen organizado ha diversificado de tal forma sus actividades que una eventual despenalización en teoría no mermaría mucho sus ganancias y capacidad de operación. Está claro que para bajar los índices de violencia se necesitan otras acciones radicales como el congelar cuentas bancarias ligadas al crimen, penas más duras para criminales y aliados, pero sobre todo se requiere destrabar los fuertes vínculos entre las corporaciones policiacas, civiles o militares, con el crimen organizado. En México, ese es el punto central, y debiera ser en donde se ponga el foco de atención ahora que entre en funciones la nueva Guardia Nacional.

Ya de preocuparse de lo que pueda decir Donald Trump, que se ocupen luego. Pero de que “la aprobación” del mandatario estadunidense será otro muro que hay qué brincar, de eso no hay ninguna duda.

@juansinatra