Dos muertes

Este fin de año se acumulan aún más aniversarios del oprobio. Tocará su turno el tres de diciembre próximo a los treinta años de muerte en Bhopal, capital del estado de Madhya Pradesh en la India y centro administrativo del distrito del mismo nombre, sinónimo de uno de los peores desastres causados por error humano en la historia contemporánea. El 1984 real -no el de George Orwell- produjo eventos monstruosos como la fuga de gases tóxicos que pudo evitarse. Se cumplirán tres décadas de sufrimiento indecible para miles de familias en condiciones económicas muy precarias, y responsables impunes con la conciencia tranquila.

Nos enteramos por las noticias en Estados Unidos, del fallecimiento a los 92 años en un asilo de Vero Beach, Florida, del ex director de Union Carbide, Warren M. Anderson; el redactor del New York Times, donde apareció la nota, se conduele en su obituario fechado el viernes 31 de octubre.

“La valentía de Anderson fue digna de elogio [sic], al ir a Bhopal cuatro días después de la fuga de gas tóxico donde fue arrestado de inmediato. Tras pagar una fianza, jamás regresó a la India para enfrentar a la justicia”.

Fue el gobierno de ese país el que gestionó su salida y eventual retorno a los Estados Unidos.

Una fábrica subsidiaria de Union Carbide que fabricaba insecticidas generó la fuga de gases tóxicos que produjeron la muerte de miles de personas (no se tiene un conteo exacto de los fallecimientos: las cifras oscilan entre 3000 y 25 mil), con secuelas gravísimas en la población hasta la fecha, en uno de los peores desastres de esta índole en el mundo. No fue inspeccionada como era debido, causando el escape de cuarenta toneladas de sustancias tan letales como el isocianato de metilo a la atmósfera. Se calcula que más de quinientas mil personas sufrieron algún tipo de afectación. Más los que se vayan acumulando.

Y Warren Anderson se lavó las manos del problema. ‘Union Carbide solamente era propietaria del 51 por ciento del lugar’. ‘La India puede perder inversiones’, de actuar precipitadamente el gobierno.

Pasó entonces lo que sucede también en México. Casi nada. Garantías de que los criminales de cuello blanco disfruten tranquilamente de las consecuencias de sus actos, e incluso aspiren a ‘seguir sirviendo al pueblo’ desde legislaturas locales, presidencias municipales, gubernaturas y numerosos puestos en el servicio público.

Leemos en el obituario del NYT:

“Por primera vez en su vida, Anderson padeció temporadas de insomnio. Él y su esposa Lillian pasaban sus tardes leyendo notas periodísticas sobre la tragedia. Cuando iban a restaurantes, él temía reírse ante la gente para que no se considerara ‘inapropiada’ su actitud, según confesó al New York Times”.

No lo recuerdan así los principales afectados del accidente industrial, quienes durante todo este tiempo exigieron su presentación ante el poder judicial de la India.

Anderson se jubiló a los sesenta y cinco años, y gozó de un retiro dorado en mansiones de Bridgehampton de Nueva York, Greenwich en Connecticut, y la Florida.

Prosigue el autor su apología al kitsch corporativo de los orgullosamente impunes.

“A la Associated Press le dijo que había determinado encontrar algo positivo en esa oscuridad (…) tengo que encontrar el equilibrio entre la compasión humana, las demandas de relaciones públicas y la supervivencia empresarial”.

‘Sabiduría’ de tarjeta de Hallmark, que puede conseguirse en un Sanborns cualquiera.

La misma seudo ‘cultura’ corporativa y política norteamericana del excepcionalismo, que niega que Bush y Cheney haya embarcado a su país en la aventura iraquí que costó cientos de vidas bajo pretensiones falsas y extiende sobre ellos y sus cómplices el más amplio manto de protección judicial, guió la pluma que escribe la semblanza de Anderson.

Hoy recordamos a los muertos que produjo la estupidez y codicia producidos por Union Carbide.

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Y también, el sacrificio de los valientes. El ocho de diciembre próximo, Munir Said Thalib (1965-2004), defensor indonesio de derechos humanos y figura central del activismo en su país, hubiera cumplido cuarenta y nueve años apenas.

Munir fundó la Comisión de personas Desaparecidas y Víctimas de Violencia (KontraS). Investigaba violaciones del ejército indonesio en Timor Oriental, y abusos sistemáticos a los derechos humanos durante la gestión del Nuevo Orden decretado por el general Suharto, de 1967 a 1998, después de los pogromos ‘anticomunistas’ de 1965. Estaba en la mira de los servicios de inteligencia del gobierno. El siete de septiembre de 2004 tomó un avión comercial para trasladarse a Holanda, donde pensaba obtener un posgrado. No llegó con vida a su destino.

Durante el vuelo empezó a sentirse mal. Alguien había puesto arsénico en su jugo de naranja. El autor material de su asesinato fue procesado y encarcelado. Los autores intelectuales del crimen siguen libres.

En su toma de posesión el 15 de octubre pasado, el candidato civil ganador de las elecciones y flamante presidente, Joko Widodo, incluyó a ex militares represores en su gabinete. Su contrincante derrotado, yerno de Suharto y militar, Prabowo Subianto, hubiera hecho lo mismo (o algo mucho peor, en virtud de sus compromisos adquiridos con la oligarquía que eran profundos).

El periodista norteamericano Allan Nairn, quien cultivó una larga amistad con Munir, ha escrito sobre la corrupción en Indonesia desde hace muchos años y observa que, en efecto, algunos personajes vinculados al caso laboran bajo las órdenes del nuevo presidente indonesio.

Hoy puede conocerse, entre otros lugares, el trabajo del activista en un museo que fue su casa y lleva su nombre, Omah Munir, en la isla de Java.

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El tres de diciembre se convirtió, a raíz de Bhopal, Día Mundial del No Uso de Plaguicidas.

Un juez norteamericano relevó a la empresa Dow Chemical (nueva propietaria de la vieja planta de Bhopal) de la obligación de limpiar el sitio.

Abundan allá múltiples casos de cáncer, defectos de nacimiento y otros males.

La ceguera moral de los poderosos: reverso de nuestra inhumanidad.

¿Hemos aprendido aquí, algo?

‘México sigue importando amianto, prohibido en más de 50 países’. Puertas abiertas al asbesto, mineral cancerígeno de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.

En Bhopal inspectores corruptos emitieron –una vez construida la planta- estudios falsos de impactos ambientales (costumbre común en México para proyectos promovidos por políticos y sus socios en distintas entidades). No se invirtió en prevención de desastres y la planta no contaba con equipo preventivo.

Surgieron después del suceso activistas como Abdul (Hermano) Jabbar, quienes siguen clamando por Justicia plena entre la desolación e indiferencia propios de la India Renovada encabezada por el primer ministro Narendra Modi. Contrapesos civiles débiles, que buscan evitar el avasallamiento depredador.

¿Cuántos Bhopales en potencia nos esperan, ante la entusiasta connivencia de gobiernos que harán lo imposible por captar la mayor cantidad posible de inversiones locales y extranjeras, sin protocolos eficientes de seguridad y con suculentas coimas de por medio?

Hacen falta muchos Munires que propicien cambios necesarios e inaplazables (aquí son demasiado pocos, por el incesante acoso de gobiernos y el crimen organizado), para que no contemos más bajas de violencia imparable de México, acumulándose inexorablemente en medio de tanta barbarie.

 

@alconsumidor