blogeditor · 24 de julio de 2020
Llegamos a la comunidad de Christian hacia el mediodía. Pasamos primero a la casa quienes, como parte de las organizaciones civiles, hemos acompañado a las familias desde el primer día. Dimos la noticia con toda la empatía que pudimos y abrazamos a su padre, su madre, su hermana y su tía.
Después llegaron las autoridades. El fiscal del caso explicó con precisión las circunstancias del hallazgo. La experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) expuso, conectada a distancia, las razones por las que la identificación era indubitable. Enseguida, con entereza y humanidad, el subsecretario de Derechos Humanos externó su solidaridad con la familia y refrendó el compromiso del gobierno de seguir adelante con la investigación.
La familia de Christian formuló preguntas y expresó sus exigencias. “Recibiré condolencias -dijo con firmeza Clemente, el padre- hasta que se esclarezca toda la verdad y todos los responsables paguen”. Los cuestionamientos se respondieron hasta donde era posible, aceptando que la investigación aún está en curso, sin presentar una narrativa que aún no soportan las pruebas y respetando el lento proceso de asimilación que apenas iniciaba para esta familia.
Salimos de la casa condolidos, sabiendo que habíamos sido partícipes de un momento de extremo dolor pero también de un momento fundado en la verdad. La familia empezó a procesar su tristeza, teniendo al menos 2 gramos de verdad después de que se les arrojaron encima toneladas de mentiras.
Después todo se sucedió rápidamente. Con el anuncio público del hallazgo, no faltó quien quiso minimizar su trascendencia, aludiendo a la cercanía entre el sitio donde se encontró la pieza ósea y el lugar que se postuló en la versión oficial como paradero último de todos los estudiantes. Les pareció poco 800 metros sin entender que la distancia que el hallazgo puso de relieve era la de una PGR que contra toda evidencia no quiso moverse un centímetro de su versión de los hechos, con tal de cerrar el caso de forma precipitada, por motivos más políticos que técnicos.
Vinieron también filtraciones preocupantes, pues con ellas se privilegió el impacto mediático antes que el paso seguro de las investigaciones.
Las siguientes semanas y meses permitirán saber si, en efecto, se ha abierto la puerta de la verdad para el caso Ayotzinapa. Pero ocurra lo que ocurra, lo sucedido alrededor de la identificación de Christian es un atisbo de lo que necesitamos para empezar a saldar la enorme deuda que tenemos como país con los familiares de las personas desaparecidas. El resto óseo identificado fue hallado por servidores públicos que, en condiciones inhóspitas, siguieron buscando evidencia en un sitio que se descartó en el pasado. La elección de una pieza para intentar la identificación genética se obtuvo gracias a la persistencia y profesionalismo de expertos independientes, como lo son las peritas del EAAF. La extracción de ADN la hizo un laboratorio internacional que tiene capacidades de las que carecemos en México. Y la notificación a la familia fue digna y humana gracias a la colaboración entre autoridades y organismos civiles.
Todos los familiares de las personas desaparecidas de México deberían ser tratadas así. Todas y todos deberían acceder a la verdad mediante procesos dignos, abiertos a la asistencia internacional y con participación de la sociedad civil. Todos los restos humanos acumulados negligentemente en las morgues deberían ser procesados con la misma exhaustividad.
Hay iniciativas en esa dirección: a nivel nacional se empieza a bosquejar un mecanismo extraordinario de identificación forense; a nivel local, en estados como Chihuahua y Nuevo León, valientes organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas realizan desde hace tiempo esfuerzos de esa índole. Son esfuerzos que necesitan ser más acompañados por los gobiernos, por la opinión pública, por la comunidad internacional y por la sociedad toda.
Frente a una inmensa crisis de desapariciones que ha durado ya casi tres lustros, abatir el rezago forense puede parecer poco, pero para familias como la de Christian, una identificación es el inicio de una certidumbre que por demasiado tiempo el Estado ha negado. Como escribió Layda Negrete, entendiendo perfectamente la trascendencia del hallazgo: “Es un momento de justicia. Dos gramos de verdad pueden devolver la esperanza que sepultó, tantos años, una montaña de mentiras”. Y es que la verdad importa, así sean 2 gramos de ella.