¿Dónde está la regulación de cannabis actualmente?

El 4 de febrero, el Congreso de la Unión ya tiene una tarea pendiente: la regulación de cannabis para uso adulto. El camino para llegar a este punto no ha sido fácil, y ha sido un proceso promovido e impulsado por la sociedad civil y por activistas alrededor del país. Los tres poderes de gobierno lo han reconocido, y es debido a que la sociedad se ha dado cuenta que la prohibición de la cannabis es una política absurda para abordar el tema. Desde 2015 cuando el caso SMART ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos visto cambios sustanciales en la opinión pública y ahora en el mandato que tiene el Senado y la Cámara de Diputados en legislar sobre la materia.

Para las personas que no le han estado siguiendo el proceso tan de cerca, ofrecemos un recuento para poder estar al tanto cuando arranque el periodo legislativo, este 4 de febrero. Y también hacemos un llamado a participar en una acción local (en tu estado) ese mismo día, para exigir tus derechos y demostrar el gran apoyo que tiene la regulación de cannabis desde la sociedad.

El 31 de octubre de 2018, la Suprema Corte otorgó el quinto y último amparo que determina que la prohibición del cultivo de cannabis entre adultos y sin dañar a terceros para el consumo personal (sin fines comerciales) es inconstitucional bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Señalan cinco artículos en la Ley General de Salud (art. 235, párrafo último, 237, 245, fracción I, 247, párrafo último y 248) que violan este derecho y que tienen que ser cambiados o modificados por parte del Congreso de la Unión Estos cinco casos comprenden la jurisprudencia y es en gran parte gracias al despacho del abogado Andrés Aguinaco.

El 8 de noviembre de 2018, la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su capacidad como senadora, presenta una iniciativa para regular el autocultivo, el cultivo en asociado y un mercado regulado que busca privilegiar a una industria mexicana. A la iniciativa le faltaba detalles y aterrizar algunos conceptos, pero sigue siendo la iniciativa más completa que se ha presentado en los últimos años, tomando en cuenta el uso medicinal, adulto, y del cáñamo.

El 22 de febrero de 2019, la SCJN manda una notificación que señala el Senado y la Cámara de Diputados tienen 90 días (mientras están en sesiones) para cambiar o modificar la ley. El conteo empieza y la fecha limite era el 31 de octubre del 2019.

Sintiendo la presión, el 10 de octubre de 2019, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda se declaran en sesión permanente para sacar el dictamen a tiempo. Unos días después, el 18 de octubre se filtra un documento que después es presentado públicamente el 23 de octubre desde la Comisión de Justicia y titulado el “Anteproyecto del articulado de la Ley para la Regulación del Cannabis”.

La mayoría de los actores involucrados en el proceso (incluyendo organizaciones de la sociedad civil, desde #RegulaciónPorLaPaz) no estuvieron de acuerdo con el contenido del Anteproyecto, señalando que establece criterios excesivos en el etiquetado y las semillas, que no permitiría la entrada de la mayoría de las comunidades que hoy en día cultivan de una manera ilegal (y que deben ser las primeras en tener permiso dentro de un marco de justicia social); que les faltó una armonización de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal para entender los efectos legales (y efectivamente descriminalizar la posesión y el cultivo), y que atentaba contra los derechos de las mujeres embarazadas o lactando, que además de ser inconstitucional, también viola el derecho a la autodeterminación.

Algo fundamental que siguen sin entender desde los poderes es la necesidad de quitar barreras al autocultivo (cultivo para uso personal) y al cultivo en asociado. Estas van a ser las primeras vías de acceso para las personas usuarias y deben ser accesibles para realmente poder transitar a la legalidad. Eso significa que deberían aumentar el número de plantas permitidas, eliminar cualquier registro para ello, y aumentar el número de socios permitidos en las asociaciones cannábicas. El indicador del porcentaje de personas que transitan a un mercado legal a través del auto cultivo y cultivo en asociado va a ser de los más importantes en los primeros años de una regulación. Cuidemos eso.

El 24 de octubre de 2019, el Senado de la República pidió una prórroga a la Suprema Corte para legislar en la materia de la regulación de cannabis. El 31 de octubre de 2019, la SCJN la concede y les da hasta el 30 de abril del 2020 para aprobar los cambios o modificaciones necesarias en las dos Cámaras del Congreso, para cumplir con la jurisprudencia.

En las semanas previas al 31 de octubre de 2019, desde nuestra organización, Instituto RIA y la coalición #RegulaciónPorLaPaz, estuvimos teniendo reuniones con secretarios técnicos, con Senadores y Senadoras, y también con servidores públicos del gobierno federal. Los insumos en su mayoría no fueron tomados en cuenta y no se sabe cuáles eran los intereses atrás del anteproyecto.

Nos queda abogar por una regulación que ponga en el centro los derechos de las personas que usan cannabis para cualquiera de sus fines (personal, terapéutico, medicinal y/o tradicional), y que privilegie una industria mexicana, poniendo al frente a las comunidades que actualmente cultivan en la ilegalidad. Este 4 de febrero, súmate a las acciones que estamos impulsando desde #RegulaciónPorLaPaz para exigir que el Congreso apruebe la legislación que regula la cannabis antes de la fecha limite. Abajo están las instrucciones para participar. ¡Bienvenidos!