Redacción Animal Político · 1 de junio de 2024
En México, la ola de violencia contra las personas de la diversidad sexual y de género continúa presente en nuestras realidades. A pesar de haber una reciente y aparente conquista de algunos derechos por los cuales se han sostenido décadas de lucha, se continúa obstaculizando el ejercicio y la garantía plena de las personas LGBTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Trans, Intersexuales, Queer y otras orientaciones e identidades de género) respecto a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
El pasado 17 de mayo fue el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, el cual conmemora la eliminación de la homosexualidad dentro de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990. Es decir, hace 34 años las orientaciones sexuales diversas a la heteronorma eran vistas como trastornos mentales que debían ser atendidos y “curados” para alinearse a lo socialmente establecido.
¿Es el derecho a la libre identidad de género una enfermedad? En la actualidad y gracias a la lucha histórica recorrida pensaríamos que no, pero durante mucho tiempo se suscitaron diversas y continuas violaciones graves a los derechos humanos de personas homosexuales, bisexuales y pansexuales a lo largo del mundo. Como parte de la “cura” a estas supuestas enfermedades, encontramos prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes como lobotomías, electroshocks, violaciones, uso de medicamentos, privación ilegal de la libertad, amenazas, entre muchas otras formas de violencia latentes hasta hoy en día.
A pesar de los esfuerzos por erradicar estas prácticas, continúan perpetuándose estas acciones profundamente dolorosas por medio de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) o las mal llamadas terapias de conversión. Pero, ¿qué implican estas terapias? Estas acciones yacen en tiempos y contextos donde el derecho a las diversidades sexuales y de género era inimaginable. La palabra terapia deriva del griego therapeia, que significa “curación” y abarca una variedad de métodos para prevenir, tratar o curar alguna afección médica, lo que refuerza la idea de que las personas con identidad de género u orientación sexual diferente a la hetorosexual-cisgénero son personas enfermas que deben ser atendidas y curadas sin importar las formas o métodos empleados para hacerlo.
Estos ejercicios históricos calificados por las Naciones Unidas como tortura, afirman poder transformar a las personas gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, etc. en heterosexuales y a las personas trans o de género diverso a personas cisgénero. Lo anterior, como declaró Madrigal-Borloz experto independiente de las Naciones Unidas “basándose en la creencia de que las personas de orientación sexual e identidad de género diversa son de alguna manera inferiores moral, espiritual o físicamente, debido a su orientación o identidad y que se ha de modificar esa orientación o identidad para solucionarlo”.
Parece increíble que después de una lucha incansable de años, la Cámara de Diputados apenas el pasado 22 de marzo del 2024 haya aprobado modificaciones para prohibir el trato cruel, inhumano o degradante que tenga como objetivo reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas LGBTIQ+, visibilizando los prejuicios y estigmas que continúan presentes en nuestro país. Aunque la modificación se aprobó con 267 votos a favor, hubo 104 votos en contra y 33 abstenciones, lo cual nos invita a cuestionarnos ¿quiénes son las personas que se encuentran en los espacios de toma de decisiones donde se priorizan las creencias personales y prejuiciosas antes que los derechos humanos?
Definitivamente es necesario continuar trabajando para el reconocimiento, la protección integral y garantía de los derechos humanos de todas las personas identificadas con géneros y orientaciones diversas. A 34 años de la eliminación de la homosexualidad como enfermedad mental, la deuda histórica con todas las personas que salen del encasillamiento heterosexual-cisgénero, no cerrará en tanto se preserven prácticas que patologizan e intenten la conversión de las personas por ser y vivirse por quienes son.
Según datos de Yaaj, 18 estados prohíben los ECOSIG en México y 14 que continúan permitiendo la tortura en contra de las diversidades sexogenéricas. Los ECOSIG o terapias de conversión son intervenciones profundamente dañinas que vulneran gravemente los derechos humanos. Llevarlos a cabo implica una significativa amenaza a la salud, pues generan impactos físicos y psicológicos que en ocasiones son irreversibles y llegan a costar la vida. Es urgente redoblar esfuerzos que abonen al acceso, garantía y cumplimiento de todos los derechos de quienes desde su disidencia sexogenérica buscan una vida libre, digna y segura.
Si bien la modificación al Código Penal es indudablemente un logro contundente, aún falta camino por recorrer, pues las violencias contra las sexo-género divergencias son más frecuentes de lo que pensamos, haciéndose presentes en espacios como escuelas, centros de trabajo, hogares, espacios públicos, etc. Esto, derivado del sistema machista-cisgénero-heteronormado en el cual nos encontramos y donde día a día peligran todas aquellas personas que deciden vivir sus decisiones y ejercer con libertad sus formas de relacionarse.
* Leslie Joryet es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (@CDHVitoria).