Redacción Animal Político · 21 de marzo de 2026
Por: Jorge Villarreal, director de Política Climática en Iniciativa Climática de México (ICM), think tank especializado en impulsar políticas públicas para acelerar la acción climática en el país.
Empecemos por algo evidente, aunque no siempre lo digamos con suficiente claridad: México no es un territorio homogéneo. Basta con subirse a una bicicleta -si la condición física alcanza- o a un autobús -si todavía estamos en proceso de entrenamiento- y recorrer unas horas para que el paisaje cambie por completo. Cambia el clima, cambia la economía, cambia la forma en que la gente se relaciona con su entorno.
Desiertos, mares, selvas, zonas industriales, sierras forestales, metrópolis densas y comunidades rurales conviven en un mosaico complejo de realidades ecológicas, económicas y sociales distintas entre sí.
Por ello, las políticas climáticas que funcionan en la zona industrial de Nuevo León difícilmente serán idénticas a las que necesita una región agrícola del Bajío o una zona con alta cobertura forestal en Chiapas. Lo que es urgente en una ciudad con problemas crónicos de movilidad y calidad del aire no es lo mismo que enfrenta un territorio costero vulnerable a huracanes cada temporada.
Y a eso se suma algo más profundo: las distintas formas de organización comunitaria, los arreglos políticos locales, las capacidades institucionales, la historia económica y territorial de cada estado o región. La diversidad no es sólo geográfica: es política. En ese contexto, el reconocer y entender esa diversidad, es lo que permite construir la acción climática efectiva en estados y municipios.
Parafraseando al zapatismo, México es un territorio donde caben muchos territorios. Pero en un país como el nuestro, este reconocimiento y articulación no ocurre por simple inercia. Requiere guía, coordinación, confianza y reglas compartidas. Requiere que actores distintos -federación, estados, municipios- empujen en la misma dirección, aunque no partan del mismo lugar. En ese sentido, la acción climática es necesariamente una gestión colectiva.
Ese espíritu ya estaba presente en la Ley General de Cambio Climático de 2012. No fue casual que incluyera un Sistema Nacional de Cambio Climático ni que asignara responsabilidades explícitas a estados y municipios. La arquitectura legal reconoció algo que suena -nuevamente- evidente pero que no enfatizamos: sin territorio no hay implementación.
Desde entonces, los estados han avanzado de manera diferenciada pero sustantiva, creando el andamiaje necesario para atender el cambio climático. Han actualizado marcos legales, diseñado estrategias, creado mecanismos de precio al carbono, fortalecido esquemas de coordinación y desarrollado medidas de adaptación y protección de ecosistemas. Los municipios también han hecho lo propio, algunos con más recursos que otros, pero con una creciente conciencia de que la acción climática no es un accesorio, sino una variable que atraviesa transporte, residuos, agua y desarrollo urbano.
La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) presentada en la COP30 marca una dirección clara. Define las nuevas metas y ejes de acción en mitigación y adaptación, detalla los instrumentos y las condiciones sobre la que se basa la implementación. Pero estas metas no se cumplen en abstracto, y mucho menos en condiciones económicas y geopolíticas que dificultan alcanzar los objetivos planteados.
Por ello la NDC se ancla de varias palancas. Una de ellas es reconocer que su implementación depende de la articulación multinivel. La implementación efectiva de la NDC sólo se materializa si las decisiones territoriales se alinean con ese horizonte. Estas decisiones determinarán, a su vez, el presente y el futuro de los propios territorios. Los escenarios climáticos brindan claridad en cómo serán los posibles impactos, y las rutas de descarbonización ofrecen guía de cómo orientar el desarrollo socioeconómico y la protección ambiental para evitar impactos aún mayores.
Muchos estados y municipios cuentan con instrumentos de planeación y otras herramientas que han permitido la construcción de un andamiaje de política públicas para la acción climática. Un andamiaje perfectible, por supuesto. Pero, donde hay una ventana de oportunidad amplia es en la carencia de estructuras técnicas para convertir las prioridades de política en proyectos financieramente bien armados, con claridad en riesgos, con viabilidad presupuestal.
Hablar de financiamiento climático no significa depender exclusivamente de fondos internacionales concesionales. Significa revisar presupuestos estatales, generar incentivos correctos, estructurar proyectos con rigor, reducir riesgos para atraer inversión privada y alinear planeación territorial con decisiones de inversión.
En ese sentido, es necesario impulsar un plan de inversión en cuestiones climáticas como el que han implementado países como Brasil y Sudáfrica bajo el esquema conocido como Plataformas País. Dichas plataformas son mecanismos liderados por el gobierno nacional, con el respaldo de donantes internacionales que aportan financiamiento inicial para su creación y recursos adicionales para su implementación. Se trata de planes que llevan inherentemente el deseo de atender simultáneamente aspectos como el empleo, el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social, pero con un enfoque de justicia y equidad.
El impulso de una Plataforma País para México con la participación de los estados y municipios cobra más relevancia. No como una política más, sino como un instrumento de decisiones donde se ordena la conversación entre prioridades nacionales, capacidades subnacionales y fuentes de financiamiento. Sin esa gestión estructurada, el riesgo es la dispersión y fragmentación de los instrumentos financieros, y la falta de capacidades para aprovecharlos. Desde esta lógica, la diversidad territorial puede traducirse en una cartera coherente de proyectos viables.
La NDC tendrá mayores posibilidades de implementarse de forma efectiva cuando los distintos niveles de gobierno se reconocen corresponsables y coordinen decisiones que, en última instancia, afectan el mismo territorio. Además, es en el territorio donde se posibilita una participación sustantiva, activa, de las comunidades, poblaciones y ciudadanía. Fortalecer la acción climática en la diversidad de territorios en nuestro país no fragmenta la política nacional. La aterriza, la ordena y le da dirección en un país que es, por naturaleza, plural y diverso.
En México basta recorrer unas horas para ver cómo el paisaje cambia por completo. Si algo nos ha enseñado la historia del país es que la diversidad no desaparece por ignorarla. Al contrario, ha dado forma a lo que tenemos hoy. Frente a los impactos del cambio climático -y ante la oportunidad de construir prosperidad compartida- la articulación desde el territorio -con los estados y municipios como sujetos centrales- ofrece una oportunidad única y realista para dar viabilidad a la acción climática que el país necesita.