Disminuir los recursos para reducir la muerte materna no tiene justificación

Por: Diego de la Mora Maurer, Coordinador del Área de presupuestos y políticas públicas de Fundar.

Hace alrededor de 60 años que existe el conocimiento y los tratamientos médicos para evitar que las mujeres mueran por causas relacionadas al embarazo, el parto o el puerperio. También hace poco más de 60 años que se reconoció, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la maternidad requiere cuidados especiales.

Sin embargo, en México nos tardamos más de 60 años para que la Constitución incorporara el concepto de Derechos Humanos en lugar del de Garantías Individuales y todavía no logramos que dejen de morir mujeres por cuestiones relacionadas a la maternidad.

En junio de 2011 se reformaron once artículos de la Constitución para incorporar los derechos humanos como base fundamental del Estado mexicano: el artículo primero especifica que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.

Entre los instrumentos internacionales de los que México es parte se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que, en su artículo dos, establece que los estados utilizarán hasta el máximo de los recursos económicos disponibles para lograr de manera progresiva la efectividad de los derechos.

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que la obligación de evitar retrocesos requiere que no existan reducciones injustificadas del gasto público asignado a la implementación de derechos económicos, sociales y culturales sin que existan medidas alternativas que protejan quienes eran beneficiados por dichos recursos.

Pese a estar obligado a garantizar los derechos reproductivos de manera progresiva, el gobierno federal decidió disminuir los recursos asignados a la reducción de muertes maternas. Según datos de Daniela Díaz, investigadora de Fundar, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 prevé una disminución real de 21.56 por ciento en los recursos asignados al Programa de reducción de la mortalidad materna: cuando se comparan los montos en precios reales se observa que la Cámara de Diputados aprobó 308.94 millones de pesos para 2011 y la Secretaría de Hacienda propone un monto de 242.3 mdp para 2012.

Esta disminución de recursos se suma a problemas estructurales como la falta de infraestructura médica (el país sólo cuenta con 0.63 camas por cada mil habitantes sin seguridad social y dicha cifra baja hasta 0.1 en las regiones marginadas) o la subutilización del primer nivel de atención que, en palabras de Daniela Díaz, investigadora de Fundar: “prácticamente ni atiende partos normales, ni tiene la capacidad de estabilizar emergencias obstétricas”.

Si no se toman medidas urgentes, es casi un hecho que México no podrá cumplir con el Objetivo del Milenio de la Organización de Naciones Unidas de reducir la razón de mortalidad materna (RMM) en 75% entre 1990 y 2015. La tendencia a la baja que se había logrado con este indicador desde finales de los noventa se revirtió en 2009: en 2008, la RMM había disminuido a 57.2 por cada 100.000 nacidos vivos, en 2009, esta tasa se incrementó a 64.5.

En 2011 morirán aproximadamente 1,126 mujeres por causas relacionadas a la maternidad. No hay justificación alguna para disminuir los recursos que están dirigidos a salvarles la vida. Las y los diputados pueden aumentar los montos dirigidos al Programa de reducción de la mortalidad materna y asegurarse que las leyes mexicanas impidan los retrocesos en la asignación de recursos dirigidos a implementar los derechos humanos.