Redacción Animal Político · 5 de junio de 2025
Comprender la situación real del sistema laboral en México requiere conocer las bases técnicas de los diversos indicadores, pues lo que miden y cómo se difunden los datos ha generado múltiples confusiones. Durante muchos años han proliferado ideas equivocadas, por ejemplo, sobre la tasa de desempleo o sobre los trabajos informales.
Esta percepción errónea de los datos impide enfrentar la raíz de los problemas y no permiten enfocar correctamente las soluciones; además, las omisiones ocultan problemas importantes, como la permanencia de los salarios de pobreza.
Con la intención de desmitificar estos conceptos que han hecho mucho daño al país desde hace muchos años, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza realizó una “disección” de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo – ENOE correspondiente al primer trimestre de este 2025, que recientemente presentó el INEGI (ver aquí la presentación en YouTube)
La “disección” a manera de un “CSI laboral” permite una mejor comprensión de la situación del país en materia laboral, al ver los datos completos e interpretarlos con base en sus definiciones técnicas. Esto es aún más relevante en el contexto de la extinción del Coneval, y de que el INEGI asumirá las funciones de medición de la pobreza y evaluación de políticas y programas sociales.
Las “disección” está centrada en cuatro rubros, veamos uno por uno.
La ENOE 2025-I refiere que en el país la tasa de desocupación es de 2.5 %. Sin embargo, ese dato solamente considera a 1.5 millones de personas que, en el momento de la encuesta del INEGI manifestaron no tener trabajo y haberlo buscado en la última semana.
La misma encuesta también reporta que también hay poco más de 5.2 millones de personas que se clasificaron como “disponibles”, tampoco tienen trabajo, pero lo buscaron en algún momento del último mes transcurrido. Por esa razón, y siguiendo parámetros internacionales, se les clasifica como “población no económicamente activa” (PNEA). Pero la única diferencia es buscar “la semana anterior” (desocupación) o “el mes anterior”. Todos son personas desempleadas. Las primeras forman el desempleo abierto, las segundas el “desempleo desalentado”.
En realidad, el desempleo completo impacta a 6.75 millones de personas, que representan una tasa de 10.3 %.

Al desempleo completo además hay que sumar a millones de personas que, a pesar de que están en condiciones de poder trabajar, no pueden hacerlo por realizar labores de cuidado en el hogar sin remuneración.
En esta condición se encuentran 19.5 millones de personas, de las cuales 18.2 millones son mujeres, esto es el 93 %. No le llamamos “desempleo” porque no bastaría “crear empleos”, pues no pueden trabajar por tener la obligación -impuesta culturalmente por razones de género- de hacerse cargo de las tareas del hogar, requieren que haya un sistema de cuidados, con estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, centros de día para personas mayores, centros de rehabilitación y atención a personas con discapacidad y otras formas de cuidado.

La informalidad que mide la ENOE técnicamente hablando son trabajos sin derechos laborales, en concreto, sin afiliación al seguro social. Pero se ha generalizado la idea de que se trata de un sector económico “irregular”, que “no paga impuestos” y se asimila con ambulantaje y comercio callejero.
La realidad es que INEGI reporta trabajos que no tienen acceso a servicios de salud y en general al seguro social, porque no se reconoce la relación laboral o por el tipo de unidad económica (trabajos en los hogares). Son 32 millones de personas en esta circunstancia, de las cuales, el 47 % están fuera del sector informal.

El problema de las unidades económicas “caseras” es una respuesta de sobrevivencia ante la falta de empleos de calidad bien remunerados. Es absurdo entonces proponer “regularizar” u ofrecer simplificación administrativa como solución para “formalizar”.
La otra mitad de los trabajos informales son de empresas formales, instituciones y el gobierno, pero sin reconocer la relación laboral: trabajos donde se paga por honorarios, por comisiones, “socios” de empresas tecnológicas, estudiantes de especialidad médica, o incluso beneficiarios de programas sociales, que en realidad son “promotores”, “facilitadores” o personal operativo Este tipo de trabajos tampoco requiere “simplificación” o “registro”, sino revisar el modelo de contribuciones al seguro social y el acceso a servicios médicos y de salud.
La confusión de cifras y situaciones propicia que se pierda de vista uno de los indicadores más relevantes: ¿cuántas personas trabajan y carecen de salario suficiente para superar el umbral de pobreza?
Con la ENOE 2025-I se contabilizan al menos 32.9 millones de personas, 56 % de la población ocupada o 67 % de la población ocupada que declara ingreso, que carece de salario suficiente para superar el umbral de pobreza, ubicando en el costo de 2 canastas básicas para al menos mantener a quien trabaja y una persona más.
Ese es todavía, y pese al incremento real al salario mínimo, el problema de la calidad de la oferta laboral que explica en mucho la baja productividad, la rotación de personal, las vacantes no ocupadas, la preferencia por trabajos flexibles y “caseros” aunque no tengan seguro social (“informales”).
Por cierto, hay otra confusión cuando se pretende comparar usando “múltiplos” del salario mínimo en diferentes años. Actualmente, 40 % de la población ocupada gana “hasta un salario mínimo”, es decir hasta 8,364 pesos; hace 5 años, era sólo el 22 %, pero eran menos de 3,700 pesos. Escandalizarse por eso es no comparar con dos “varas” muy distintas. Esas comparaciones ya no sirven porque “la vara” cambió.
Para enfocar la dimensión de la pobreza laboral, las comparaciones deben ser en poder adquisitivo real y por ello es mejor usar como referencia el monto de la canasta básica, que además fija el umbral de pobreza.
La reforma constitucional de fines de 2024 eliminó al Coneval y transfirió al INEGI las funciones de medición de la pobreza y evaluación de políticas y programas sociales. Pero aún no se ha aprobado la ley secundaria en el plazo fijado (20 de marzo); es decir, INEGI carece de marco legal para ejercer esas funciones.
La medición multidimensional de la pobreza 2018-2024 está prevista para fines de julio–principios de agosto de 2025, cuando se publique la ENIGH.
Por lo pronto, no se sabe si INEGI dará continuidad a la publicación de la “tendencia laboral de la pobreza” que elaboraba Coneval con datos de la ENOE.
Mientras tanto, es importante dar seguimiento al indicador “sin salario suficiente” que publica el Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, pues está apegado a estándares internacionales sobre personas que trabajan y tienen ingreso laboral por debajo del umbral de pobreza (working poor).