Discursos discriminatorios hacia personas trabajadoras del hogar

La lucha de las personas trabajadoras del hogar por reformas laborales que reconozcan plenamente sus derechos ha logrado reblandecer los cimientos de la discriminación estructural. Sin embargo, los discursos discriminatorios entorpecen la implementación de estos avances al legitimar la precarización laboral por la vía de los hechos. Por lo tanto, es necesaria una transformación cultural, así como mecanismos que garanticen la obligatoriedad de su incorporación a la seguridad social e instancias gubernamentales comprometidas con la aplicación de la legislación en la materia. Por supuesto, todo esto implica verdadera voluntad política para demostrar que en efecto “llegamos todas”.

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), se entienden por discursos discriminatorios “aquellos en los que a partir de prejuicios o estereotipos se busca desvalorar, injuriar, menoscabar, invalidar, excluir e invisibilizar a las personas y tienen como efecto provocar, reforzar o justificar las acciones discriminatorias que vulneran, limitan o niegan el acceso a derechos, bienes o servicios”. El trabajo del hogar es estigmatizado por no considerarse un empleo formal y ser contemplado como una tarea de apoyo realizada por mujeres, que no contribuye al PIB nacional, irrelevante y sin necesidad de preparación para llevarse a cabo.

Todas esas artificiosas creencias sustentan la falta de contrato por escrito, acceso al derecho a la vivienda, seguridad social, un trato digno, jornadas de ocho horas, pagos de horas extras, salarios dignos, entre otras tantas prestaciones sociales. En este sentido, justifican las resistencias a su formalización. Una de las causas de invisibilización de este trabajo está relacionada con la herencia de los procesos de colonialismo y servilismo. Así mismo, la idea de que las personas que lo realizan tienen cruces de características identitarias socialmente consideradas como inferiores; es decir, se intersectan sistemas de opresión como el clasismo, racismo, sexismo, xenofobia, gordofobia, entre otros.

Por su parte, las personas trabajadoras del hogar han luchado insistentemente, a través de su Asociación Civil (CACEH) y Sindicato (SINACTRAHO), para ser nombradas de una manera digna. Rechazan y denuncian términos peyorativos como: “doméstica”, “muchacha”, “chacha”, “sirvienta”, “criada” y “gata”. Por tal motivo, se reivindica el concepto de “personas trabajadoras del hogar”, resaltando su calidad como sujetas de una relación formal de trabajo y por lo tanto sujetas de derechos.

El esfuerzo de las personas trabajadoras del hogar por la reivindicación de un nombre digno y sus derechos es importantísimo si consideramos la magnitud de su lucha por desenraizar siglos de discriminación. Tuvieron que pasar 498 años (300 años de la Colonia más 198 años del México independiente) para que la SCJN empezara a saldar la deuda histórica a través de la resolución de Amparo Directo 9/2018.  La resolución reconoce como inconstitucional excluir a las personas trabajadoras del hogar del régimen obligatorio de la seguridad social.

En el 2019 se llevaron a cabo reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y Ley del Seguro Social (LSS) para avanzar en el reconocimiento de sus derechos como el resto de los trabajadores en general, sin distinción bajo el pretexto de ser “un trabajo especial”. De tal manera, fue en el 2022 que oficialmente se transita a la obligatoriedad para su incorporación a la seguridad social. En noviembre del 2023 se modifica el artículo 146 de la LFT que les excluía del derecho a la vivienda por no considerar obligatorio pagar cuotas patronales al INFONAVIT. Finalmente, a partir del 1° de enero de 2024 automáticamente al registrar a las personas trabajadoras del hogar al IMSS se daban de alta en el INFONAVIT.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en México al tercer trimestre del 2023, había 2.5 millones de personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado. De estas, 9 de cada 10 eran mujeres. La encuesta también muestra que el 69.5 % de las personas empleadas en este sector no recibió ningún tipo de prestación laboral. Estas cifras contrastan con las proporcionadas recientemente por el IMSS, que informan que actualmente hay más de 62 mil registros; también resalta que “más de 33 mil personas trabajadoras del hogar alcanzaron el beneficio de una pensión” (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2025).

Sin embargo, estas cifras no especifican de forma desagregada cuántas fueron beneficiarias de los tipos de pensión existentes: cuántas pensiones relacionadas con la edad (cesantía en edad avanzada, vejez y retiro anticipado), cuántas por algún accidente de trabajo o enfermedad (incapacidad permanente parcial o total) y cuántas por viudez, orfandad y ascendientes.

Tampoco se mencionan las implicaciones y dificultades que conllevan la reunión de todos los requisitos para conseguir cada una de estas pensiones; por ejemplo, que la parte patronal “quiera” incorporarles al régimen “obligatorio”. Será necesario contrastar estas cifras cuando salgan a la luz investigaciones y estudios recientes como la ENOE, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) y la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS).

No obstante, sigue siendo histórico el sueño anhelado por las personas trabajadoras del hogar: acceder a una pensión, increíblemente se está volviendo una realidad.

A pesar de que estos significativos avances están allanando poco a poco el camino (aunque apenas se van a cumplir 6 años desde el dictamen de la SCJN), no han alcanzado totalmente a la población del sector. Tampoco se puede cambiar la realidad mágicamente con reformas legales, ¡Ojalá fuera así! Los cambios culturales son de largo aliento y nos involucran como sociedad en conjunto.

Ejemplos de los rezagos en materia de cumplimiento de las disposiciones legales y de una cultura por la igualdad y la no discriminación existen muchos, basta revisar las redes sociales para darnos cuenta que los prejuicios, las frases racistas, discriminatorias siguen presentes, incluso existen aplicaciones móviles que ofrecen los servicios de limpieza utilizando términos, palabras peyorativas hacia las personas trabajadoras del hogar.

¿Qué podemos hacer para frenar la propagación de discursos discriminatorios que refuerzan la marginalidad y negación de derechos laborales para las personas trabajadoras del hogar?

Lo primero es empezar por eliminar de nuestro vocabulario esas palabras y frases que lastiman la dignidad de las personas trabajadoras del hogar, romper con ese ciclo de violencia que aún sigue impidiendo el acceso a sus derechos.

También debemos reconocer y visibilizar el valor del trabajo del hogar como una labor digna y esencial para el funcionamiento de nuestras sociedades. Esto implica promover narrativas que rompan con los estereotipos de género, clase y origen étnico o racial que históricamente han colocado a estas trabajadoras en situaciones de subordinación.

También es necesario impulsar campañas de sensibilización que cuestionen los privilegios normalizados en torno al trabajo doméstico y fomenten una cultura de respeto y corresponsabilidad. Los medios de comunicación y las plataformas digitales tienen un papel clave en la difusión de mensajes incluyentes, así como en la denuncia de prácticas discriminatorias.

Escuchar y amplificar las voces de las propias trabajadoras también es esencial para que sus experiencias, demandas y propuestas estén al centro de las transformaciones necesarias.

* Sandra Nelly Vilchis Morelos es asesora educativa en la Subdirección de Educación del COPRED.