Disculpa pública para las 67 víctimas del incendio de Ciudad Juárez

Sí, fue el estado, pero también personas con nombres y apellidos. Este viernes 26 de septiembre, en el museo de la Ciudad de México, se realiza el acto de disculpa pública por parte de Francisco Garduño para las víctimas de la tragedia del 27 de marzo 2023, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, y en cumplimiento a la resolución judicial de la suspensión condicional del proceso que le fue otorgado al extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), en el marco de la causa penal 237/2023.

Del 27 de marzo de 2023 todavía queda parte de la silueta del fuego, plasmada en las paredes de la estancia migratoria de Ciudad Juárez. Pero las marcas imborrables son las de las 40 vidas que se extinguieron ahí, entre esos muros, y las de 27 víctimas sobrevivientes, quienes solo buscaban cambiar su destino y el de sus seres queridos. Asimismo, las marcas de las llamas de esa noche trascendieron fronteras, pues también dejaron su huella en las familias y sociedades de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.

Una de las personas investigadas por la Fiscalía General de la República es Francisco Garduño Yañez, vinculado a proceso únicamente por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, en tanto otras nueve personas están siendo procesadas por homicidio y lesiones. No es casualidad que a Francisco Garduño se le haya vinculado por ese delito. Se trata de un delito menor, cuya pena de prisión no excede de cinco años de prisión, y por lo tanto, abre la puerta al beneficio procesal de “suspensión condicional”, el cual, evidentemente sería solicitado insistentemente por la defensa del excomisionado.

La suspensión condicional del proceso permite evitar el enjuiciamiento y, por ende, el riesgo de condena a prisión. Este tipo de medidas, tiene como propósito reducir el abuso de la prisión, pero su uso discrecional y a modo también puede favorecer situaciones de impunidad y justicia selectiva. El tratamiento que el sistema de justicia ha dado al caso del incendio en Ciudad Juárez es, sin duda, un caso de justicia selectiva y protección de la estructura jerárquica. Reducir la responsabilidad del extitular del INM a simples omisiones formales y administrativas es, para las víctimas y sus familiares, una ofensa incomprensible, una negación de la gravedad misma de los hechos, del valor de la vida de las personas que ahí murieron y del reconocimiento de las vidas truncadas de los sobrevivientes, que quedaron con graves quemaduras internas y externas, pérdida de extremidades, daño neuronal, pulmonar y motriz de manera irreversible.

Por ello, una vez formalizada por un juez la vinculación a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público en contra de Francisco Garduño, en septiembre de 2023, su defensa se apresuró a pedir el beneficio de la “suspensión condicional”, proponiendo como única medida de reparación el pago de los daños causados al inmueble de la estación migratoria, como si las víctimas no existieran.

Ante tal aberración, víctimas  sobrevivientes y familiares de víctimas fallecidas, junto con sus representantes jurídicos de las organizaciones civiles, se opusieron, y por lo cual, el juez a cargo del proceso penal negó dicho beneficio solicitado por el acusado, hasta que no se garantizara una reparación integral del daño para todas las víctimas.

Pero no sería la última vez que Francisco Garduño intentaría “zafarse” del proceso penal. Vino una segunda y una tercera, hasta que en la cuarta solicitud de “suspensión condicional”, en audiencia del 24 de enero de 2025, el juez determinó procedente “suspender” por el término de 1 año 6 meses el proceso penal del excomisionado, periodo en el cual tendría que cumplir con 7 condiciones, entre ellas emitir una disculpa pública a las víctimas y sus familiares. Esta resolución ha sido impugnada mediante juicio de amparo por las organizaciones defensoras de derechos humanos que representan a parte de las víctimas, lo que significa que aún no está firme dicha “suspensión condicional”.

No obstante, como suele suceder en casos de graves violaciones a derechos humanos y hechos delictivos, llegar a un consenso mínimo entre víctimas y autoridades responsables sobre las modalidades, lugar y texto de la disculpa pública, no ha sido fácil, esto incluso con la prisa de Francisco Garduño y de la CEAV para cumplir con ese “requisito”, un paso más entre otros que le permitiría solicitar su absolución. Las víctimas están conscientes de que más que un perdón sentido, probablemente asistamos al mero cumplimiento de un requerimiento legal; aún así, será una oportunidad para que las víctimas presentes (sobrevivientes y familiares de víctimas fallecidas) finalmente se encuentren con él cara a cara y puedan, a su vez, hacer uso de la voz públicamente para solicitar justicia, reparación y la restitución de dignidad de las víctimas y sus familias. Para ellas sí hará sentido recordar que la tragedia del 27 de marzo fue producto de una política migratoria violatoria de derechos humanos, ejecutada por Francisco Garduño.

Se hace una llamado a la comunidad nacional e internacional a no dejar solas a las víctimas ni permitir que la memoria de lo ocurrido esa noche del 27 de marzo de 2023 se disipe como polvo en el viento. En este caso, como en muchos más, sí fue el Estado, pero también funcionarios con nombre y apellido.

* Fabienne Cabaret es directora general de Fundación para la Justicia (@FJEDD) y Marcos Zavala es abogado de la misma organización.