De la disculpa a los hechos: la deuda de garantizar escuelas seguras
Joel Aguirre · 28 de agosto de 2026
Por Lucía Muedano Fernández*
Este martes 1 de septiembre inician las clases del ciclo escolar 2026-2027. Las mamás, papás y personas cuidadoras confían en que sus hijxs iniciarán una nueva etapa de aprendizaje en entornos escolares seguros. ¿Esto es así?
El 28 de agosto de 2025, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luciano Concheiro Bórquez, ofrecieron una disculpa pública a 18 niñas y niños sobrevivientes de violencia sexual ejercida por personal docente, directivo, de apoyo técnico pedagógico y de supervisión en el Jardín de Niños público “Marcelino de Champagnat”, en 2018.
Aquel acto representó el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por hechos que afectaron profundamente los proyectos de vida de las niñeces y sus familias. Durante la ceremonia, el secretario expresó que cumpliría las medidas de reparación —obligaciones ordenadas por un juez, pendientes de cumplimiento desde 2023— y que habría entornos escolares seguros en todo el país. Pero… ¿las palabras cambian una realidad como esta?
Un año después, cinco de las siete medidas presentan un cumplimiento parcial o nulo y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A. C. (ODI) ha identificado al menos 19 nuevos casos difundidos en medios de comunicación sobre violencia sexual cometida por personal educativo contra niñas, niños y adolescentes.
Aunque la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México implementó un programa de regularización académica para las niñas y niños, la SEP les otorgó becas completas de estudio e incluyó una “jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil” en el calendario escolar oficial, continúan sin cumplirse obligaciones que tienen un objetivo claro: evitar que lo que ocurrió en el “Marcelino de Champagnat” se repita.
Los avances son insuficientes
La Secretaría de Educación Pública no ha garantizado entornos escolares seguros para 16 de las 18 niñas y niños; tampoco ha implementado cursos permanentes para que el personal académico y administrativo pueda prevenir, detectar y atender la violencia sexual infantil, y no ha creado políticas públicas para garantizar que las instalaciones de los planteles educativos sean espacios seguros que sumen a la prevención de la violencia sexual.
También permanecen sin cumplirse otros compromisos asumidos públicamente por el secretario: detectar y remover las casas-habitación existentes dentro de planteles educativos; revisar los protocolos de acceso de personas externas a las escuelas; garantizar que se separe de las escuelas al personal investigado por violencia sexual, y transparentar las plantillas escolares a nivel nacional.
Para la edición 2026 de la Jornada, la SEP propuso actividades diferenciadas para cada grupo poblacional, coordinación interinstitucional y recursos didácticos. No obstante, carecemos de información pública que permita saber si el personal escolar está siendo capacitado para impartir esos contenidos y, especialmente, para responder adecuadamente cuando una niña o un niño revele haber vivido violencia sexual. Existen algunos avances, pero todavía son insuficientes.
Los datos disponibles muestran la gravedad de esta omisión: en una encuesta realizada por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, el 17 % del personal docente reportó que, durante la Jornada de 2025, estudiantes les comunicaron experiencias de violencia sexual. A pesar de ello, solo el 37 % afirmó haber recibido capacitación previa, y el 47 % respondió que sus escuelas no cuentan con protocolos para actuar cuando se presenta un caso de violencia sexual.
“Disculparse no protege” son las palabras que repitió Mario Delgado hace un año y, al día de hoy, aún no cobran sentido. La reparación integral no puede reducirse a trámites, protocolos o actos conmemorativos.
¿Y los entornos escolares seguros?
En una de las realidades que vive nuestro país el día de hoy, las escuelas se han convertido en posibles cuartos ocultos donde se ejerce violencia sexual, centros de producción de material de explotación sexual infantil, y espacios de violencia y amenazas.
Esta realidad no concierne únicamente a las niñas y niños sobrevivientes del caso “Marcelino de Champagnat”, pues las garantías de no repetición pueden proteger a más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes.
La justicia exige pasar de las palabras a una política nacional efectiva, permanente y evaluable que garantice entornos escolares seguros, donde las niñeces y adolescencias ejerzan su derecho al desarrollo integral y a la educación en espacios libres de violencia.♦
*Lucía Muedano Fernández es abogada de la ODI, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de niñeces y adolescencias, a través de litigio estratégico en materia penal, capacitación de personas operadoras de justicia e institucionalización de buenas prácticas de representación especializada.