Redacción Animal Político · 10 de diciembre de 2025
El pasado martes 9 se llevó a cabo el Parlamento Nacional de Personas con Discapacidad (PcD) en la Cámara de Diputados. Presenté la postulación de la Iniciativa con proyecto de decreto de la senadora Amalia García, que busca el reconocimiento de la discapacidad orgánica en la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad. Expliqué la urgencia de incluirnos, señalando que el no hacerlo violaría la propia Convención y el objetivo del Parlamento. No recibí respuesta alguna.
Esta exclusión no es un hecho aislado; se suma a:
Esta discriminación es una violación flagrante y sistemática a los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que en su Artículo 2 define la discriminación como cualquier exclusión o restricción que obstaculice el goce o ejercicio de los derechos humanos de personas con discapacidad.
La discapacidad orgánica es aquella provocada por enfermedades físicas, mentales o neurológicas ejemplo de estas condiciones son fibromialgia, encefalomielitis miálgica, lupus, VIH, disautonomía, COVID persistente, esclerosis, Lyme, Sjogren, TDAH, autismo, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, reumatológicas, raras, entre otras, que resultan en la pérdida de funcionalidad de órganos y sistemas internos (cardiovascular, digestivo, sistema nervioso, respiratorio, etc.). Se caracteriza a menudo por ser una discapacidad invisible que causa limitaciones severas por fatiga crónica, dolor, debilidad, problemas de memoria, concentración, insomnio, y centenares de síntomas invisibles y, por la necesidad de tratamientos continuos que suelen no ser efectivos y que ocasionan efectos adversos.
El no incluirnos ignora la realidad de la discapacidad en México y el mundo:
Para los millones de pacientes que desarrollamos la discapacidad orgánica, la falta de legitimidad y reconocimiento legal perpetúa un ciclo vicioso ad infinitum de desprotección, discriminación y violencias:
La exclusión de la discapacidad orgánica vulnera sistemáticamente los principios de la Convención (Art. 3) que deben guiar la acción de las autoridades:
Y del Artículo 4. Promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.
Quienes nos discriminan soslayan que el propósito de la Convención es proteger y asegurar el goce pleno de derechos de TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD —no solo de quienes tienen discapacidades tradicionalmente aceptadas— y promover el respeto de nuestra dignidad inherente.
El reconocimiento de la discapacidad orgánica no es un favor ni una concesión; es un tema de justicia social y el cumplimiento de un deber legal.
La Convención contribuye a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural. Ámbitos en donde estamos sistemáticamente excluidos.
¿Qué diría hoy Don Gilberto Rincón Gallardo —promotor incansable de la Convención, quien reconocía plenamente la discapacidad orgánica hace 16 años— sabiendo que en un inminente 2026 nos están discriminando y excluyendo quienes tienen el deber moral de apoyarnos?
¿Por qué nos han mandado a al menos 7 millones de mexicanos con discapacidad orgánica al patio trasero de la discapacidad cuando somos la mayoría y la Convención Internacional sobre los derechos de personas con discapacidad nos ampara? La exclusión de nuestro reconocimiento no es una simple decisión administrativa, es una condena perpetua a la invisibilización, a la negación organizada de una vida digna y a condiciones infrahumanas de sobrevivencia. Representamos una urgencia humanitaria, pero no nos ven ni nos oyen.
Ayúdanos firmando y compartiendo nuestra iniciativa.
*Verónnica Scutia (@Vero_Scutia) enferma, activista. Pionera y promotora de la iniciativa que reconoce la discapacidad orgánica en México.