La dimensión ambiental y energética del Plan México: ¿camino para la sostenibilidad?

La economía global de las últimas cuatro décadas ha dejado al descubierto dos crisis estructurales: la desigualdad social y la emergencia ecológica. El modelo económico basado en la eficiencia del capital privado, favoreciendo mercados desregulados y bajo la premisa del Estado mínimo, no solo ha profundizado la concentración del ingreso, sino que también ha provocado, en gran parte del mundo, una desindustrialización prematura, una estructura productiva frágil, estancamiento tecnológico, precarización laboral y recurrentes crisis financieras.

La conducción de la economía basada en combustibles fósiles ha llevado al límite la capacidad de restauración de los ciclos naturales del planeta. La búsqueda desmedida de ganancias mediante la extracción y explotación de bienes naturales se potenció principalmente por la desregulación del mercado y la creencia de un mundo materialmente infinito. En consecuencia, más del 75 % de los ecosistemas terrestres y el 66 % de los marinos ya muestran alteraciones significativas por la acción humana (IPBES, 2019), mientras que el uso de combustibles fósiles sigue siendo responsable de casi el 90 % de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2), alcanzando un nivel máximo histórico de 37.8 gigatoneladas (IEA, 2025).

Como respuesta, numerosos países han emprendido una reconfiguración de sus modelos económicos mediante políticas de desarrollo productivo o política industrial. ¹ Iniciativas como el Green New Deal en Europa, el Made in China 2025, el Korean Green Deal o el Nova Indústria Brasil buscan el reposicionamiento geoestratégico en las cadenas globales de valor a partir del desarrollo de industrias estratégicas vinculadas con la transición energética y la descarbonización de la economía. En este marco, el cuidado ambiental y la gestión energética se constituyen en nuevos criterios clave de competitividad.

El potencial de las políticas de desarrollo productivo sostenible

Afrontar el cambio climático y la crisis ambiental requiere transformaciones profundas del sistema económico. De acuerdo con el marco conceptual de la CEPAL, esta nueva generación de medidas son denominadas políticas de desarrollo productivo sostenible.  Se tratan de un conjunto de políticas, impulsadas desde el gobierno, orientadas a transformar la estructura económica, fortalecer capacidades productivas nacionales y regionales, diversificar la matriz productiva y reducir brechas tecnológicas, orientando la economía hacia actividades de bajo impacto ambiental. Su papel en la transición energética es fundamental, pues actúan como mecanismos para reorientar la inversión, fomentar la innovación y promover la especialización en sectores de bajas emisiones.

La sostenibilidad debe integrarse como un eje transversal. Un enfoque estratégico moderno exige identificar y priorizar sectores que posean una doble virtud: la capacidad de elevar la productividad, impulsar la inversión y la competitividad nacional, tal como sugiere Cabrera (2025), al tiempo que contribuyan tangiblemente a la construcción de un sistema energético bajo en carbono. Vincular explícitamente ambos ámbitos es fundamental para abordar de forma sistémica la crisis ecológica y los problemas socioeconómicos. Las políticas de desarrollo productivo sostenible son clave para atender estas dimensiones.

Al igual que las propuestas de reconfiguración económica en los países señalados, México no ha sido ajeno a la tendencia. El primer intento significativo fue el decálogo de política industrial propuesto durante la gestión de Graciela Márquez al frente de la Secretaría de Economía en 2019. Sin embargo, esta iniciativa careció de solidez debido a la ausencia de una planeación, una hoja de ruta clara para su implementación y la falta de indicadores cuantificables. En este contexto, el Plan México surge como el primer esfuerzo comprehensivo para establecer una visión de cambio productivo de mediano y largo plazo.

Plan México: estructura y ambiciones

El Plan México se presenta como un instrumento de planeación a largo plazo que busca consolidar una estructura productiva capaz de superar las trampas de baja productividad y el bajo crecimiento económico. Entre sus fortalezas destacan la definición de objetivos nacionales, la incorporación de una estrategia de desarrollo territorial basada en zonas económicas, bajo el nombre de Polos del bienestar, el fortalecimiento del contenido nacional en las cadenas de valor, el incremento de la inversión y las compras públicas, la creación de profesionistas, técnicos bajo formación dual y el incremento al financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

El proceso de reindustrialización se define a través de la identificación de sectores estratégicos de alto valor agregado y con potencial para la creación de empleo bien remunerado. Las actividades prioritarias son: textil, zapatos, farmacéutica y dispositivos médicos, agroindustria, semiconductores, automotriz, electromovilidad, química, petroquímica, bienes de consumo y aeroespacial.

El Plan se sustenta normativamente con las Leyes Secundarias del Sector Energético y la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, e impulsa la colaboración y coordinación entre diversas secretarías, incluyendo Energía, Economía, Hacienda, Salud, Turismo, Transformación Digital, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología.

La dimensión ambiental y energética del Plan México

En materia energética, el Plan México presenta un carácter dual. Por un lado, considera clave la economía circular, las energías renovables, fomenta la electromovilidad —incluyendo la manufactura de Olinia, un automóvil ensamblado 100 % en México—, el impulso del transporte público eléctrico y el desarrollo de baterías. Por otro lado, mantiene una visión arraigada al sector fósil, al considerar a la petroquímica como un sector estratégico, apostando por inversiones en refinerías y por el crecimiento de esta industria, actividad que demanda elevados volúmenes de gas natural. ²

Esta dualidad plantea un dilema estratégico basado en mensajes confusos en ambas direcciones. Por un lado, un optimismo por alinear la dinámica nacional hacia sectores de vanguardia y alineados a la transición energética y por otro, el impulso a industrias base de la economía fósil.

En el ámbito ambiental, el Plan incorpora la sostenibilidad como una meta transversal. Se proponen 17 proyectos de infraestructura hídrica, el saneamiento de cuencas prioritarias y un programa de tecnificación de riego. Asimismo, se establecen compromisos para reducir los plásticos en el empaque y avanzar hacia una economía circular, exigiendo que el 100 % de los electrodomésticos y electrónicos cuenten con un plan de reciclaje.

Una evaluación integral

El análisis de la dimensión energética y ambiental del Plan México revela un conjunto de propuestas con potencial transformador, pero también contradicciones importantes. De manera sintética, se destacan los aspectos favorables y las deficiencias que pueden generar vulnerabilidad y tensiones sociales de la nueva estrategia de desarrollo productivo.

Aspectos positivos:

• Planificación: Articula por primera vez una visión de largo plazo para el cambio productivo.
• Visión de sostenibilidad: Incorpora componentes de gestión ambiental como tecnificación de la agroindustria e impulso a la sostenibilidad de la economía como la electromovilidad y el reciclaje.
• Cooperación: Busca una coordinación intersectorial y un desarrollo territorial más equilibrado.
• Sustento legal: Se alinea con el marco legal energético, Leyes Secundarias del Sector Energético, fortaleciendo la rectoría del Estado y su carácter vinculatorio.

Aspectos negativos:

• Restricción de presupuesto:La implementación requiere de capacidades públicas y disponibilidad financiera. El caso del Plan México no tiene asociados montos presupuestales ni los mecanismos de implementación de los planes productivos ni vinculados a la industria limpia.
• Medidas ambientales y energéticas confusas:La convivencia entre energías limpias y expansión fósil genera una tensión que puede diluir los avances ambientales y perpetuar la depende
• Falta de integración de PEMEX y CFE: Ambas entidades son clave para la transición energética y la descarbonización. Sin embargo, no queda clara la relación entre los respectivos planes de sostenibilidad ambiental y la estrategia del Plan México.
• Ausencia de un enfoque de gestión territorial de los bienes naturales: Si bien la implementación de los Polos del Bienestar considera, si es el caso, el proceso de consulta indígena, no hay claridad sobre la gobernanza de los bienes naturales en regiones poseedoras de energía para el desarrollo de actividades económicas estratégicas.

La desconexión con la política climática: una ausencia fundamental

La desconexión más grave del Plan México reside en su frágil vinculación con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). La ENCC establece una hoja de ruta sectorial con acciones de mitigación y adaptación para cumplir con la meta de reducir el 35 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al 2030. Sin embargo, el Plan México no se articula de manera directa con estos instrumentos y mediciones.

Mientras la NDC prioriza la descarbonización del sector eléctrico y el impulso a las renovables, el plan mantiene una fuerte dependencia de los hidrocarburos. Asimismo, aunque la ENCC promueve las Soluciones basadas en la Naturaleza y la economía circular, la implementación de estos conceptos en el plan carece de la profundidad y los recursos necesarios para ser efectivos. Esta falta de alineación no solo debilita la política climática nacional, sino puede representar riesgos para el carácter sostenible del desarrollo productivo del país.

Conclusión

El Plan México constituye un avance significativo al reinstalar la planeación de largo plazo y la política productiva en el centro del debate nacional. Su intento por integrar la sostenibilidad en la agenda productiva es un reconocimiento a las demandas de la realidad global. Sin embargo, el análisis de sus dimensiones energética y ambiental revela un diseño ambivalente y potencialmente contradictorio. Por otra parte, puede considerarse como una estrategia pionera en el diseño de una política de desarrollo productivo sostenible, o una política industrial verde por tratar a la transición energética como oportunidad de fomentar la competitividad nacional.

La coexistencia de metas ambiciosas en energías limpias con el robustecimiento del sector fósil refleja una tensión no exclusiva de México sino presente en todo el mundo. Si bien la idea de transición energética no implica abandonar inmediatamente las energías fósiles y sustituir con energías renovables, incluso imposible en términos técnicos, exige la capacidad de crear prospectiva e imaginar el futuro del país y con ello comenzar por construir las bases para una economía congruente con su visión de sostenibilidad energética y ambiental.

Para que el Plan México se convierta en un auténtico motor de cambio hacia la sustentabilidad es fundamental superar esta lógica híbrida. Se requiere una revisión profunda que alinee sus objetivos, métricas y asignación presupuestaria con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y las NDC. El mayor desafío recae en la capacidad del Estado para ejecutar una transformación estructural coherente a través de la coordinación y cooperación con la sociedad civil, empresarios y entidades gubernamentales.

La disponibilidad de presupuestos fiscales destinados a la transición y la diversificación productiva es fundamental. Desafortunadamente, los hechos muestran lo contrario. CEMDA, junto con organizaciones como Engenera, Wildlands Network Programa México, Greenpeace, Fundar y OCEANA presentaron un análisis crítico del Anexo Transversal 15 (AT15) del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026. Los resultados evidencian una marcada carencia de recursos destinados a la transición energética: el 53 % del presupuesto señalado en el AT15 se destinará a infraestructura ferroviaria y el 15 % a proyectos petroquímicos, actividades que no están vinculadas directamente con el proceso de transición energética del país.

Existe una ventana de oportunidad para que el Plan México consolide su dimensión energética y ambiental. Al señalar su carácter de borrador, el documento abre la posibilidad de definir mecanismos clave que afiancen la transición energética en las dimensiones productivas del país a partir de los insumos que, desde las universidades, centros de investigación y sociedad civil, se generan día tras día.

* Gabriel Alberto Rosas Sánchez (@Gabriel_A_Rosas) es investigador del FuturoLab/Co-Lab de Política Industrial Oxford-México, profesor asociado de la Licenciatura en Economía de la UAM-Iztapalapa y activista del Pacto Socioambiental México (Fundación Friedrich Ebert). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de la SECIHTI. Se interesa por los temas de transición energética, políticas de desarrollo productivo y pobreza energética. Cuenta con un doctorado en Ciencias Económicas por la UAM, con una estancia de investigación en la Université Toulouse 1 Capitole, Francia. Contacto: [email protected]. Linkedln.

 

¹ Como se ha señalado en este espacio, existe un debate sobre el alcance de sectores en los términos de “política industrial” y las “políticas de desarrollo productivo”. Para facilitar la discusión al lector, se usarán ambos como sinónimos para hablar de un conjunto de políticas que abordan la dinámica de todos los sectores de la economía y no estrictamente al sector manufacturero e industrial.

² Existe una confusión acerca del gas natural como un combustible “favorable” para la transición energética. Aunque muchas veces se cuantifica en las metas de energía renovable, sigue siendo un combustible fósil y generador de emisiones de CO2 al momento de su combustión. Si bien es menos contaminante que otros combustibles, es falsa la narrativa que lo sitúa como sinónimo de energía limpia o renovable.