Dificultades del acceso a la información sobre hallazgos de fosas clandestinas

El pasado martes 14 de septiembre presentamos, junto a colectivos de familias de personas desaparecidas y organizaciones aliadas, la plataforma ciudadana de fosas. Se trata de un esfuerzo colectivo por cubrir el vacío de información existente en torno al continuo hallazgo de fosas clandestinas en México. Los datos de la plataforma provienen de reportes de prensa y solicitudes de información enviadas tanto a la FGR como a las fiscalías y procuradurías estatales. Cuenta con un mapa que permite explorar los reportes de hallazgos de fosas desagregando la información por municipio, año y fuente, además de permitir consultar los resultados de un modelo que estima las probabilidades de encontrar fosas clandestinas en los municipios a partir de los datos disponibles.

Uno de los problemas discutidos en el evento fue lo difícil que es acceder a la información que se encuentra en manos del Estado, en particular de las instituciones de procuración de justicia. Es importante recalcar que la garantía de acceso a la información va más allá de responder solicitudes de información, se trata de ofrecer información accesible, contrastable y comprensible.

La información que solicitamos a las fiscalías y procuradurías estatales en febrero de 2020, consistía en el número de fosas clandestinas halladas entre el primero de enero del 2006 y el 31 de diciembre de 2019, el número de restos y cuerpos encontrados en las fosas, desagregando por fecha, lugar del hallazgo, sexo de las víctimas, edad, y el número de personas identificadas, entre otras cosas. Uno pensaría que al ser las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia, tendrían esta información debidamente sistematizada y almacenada. Aunque recibimos respuestas de todas las autoridades, no todas ellas fueron accesibles por diversos motivos. Sólo pudimos procesar la información de diecinueve de las 32 solicitudes enviadas.

Entre algunos de los problemas que identificamos se encuentra el envío, más o menos frecuente, de información fragmentada en tablas inconexas; por ejemplo, información agregada únicamente por municipio y año, o sólo por sexo, municipio y año, así como el uso de formatos difíciles de consultar como tablas escaneadas casi ilegibles o con diseños confusos que dificultan entender los datos ahí registrados.

También nos encontramos con varias trabas para acceder a este tipo de información. Las fiscalías de Morelos y Tabasco declararon que se trataba de información reservada pese a ser de interés público. Antes de responder, la fiscalía de San Luis pidió que definiéramos que era una fosa clandestina, para poder identificar el tipo de información que le estábamos solicitando. Resulta particularmente llamativo este requerimiento, dado que después de enviar la aclaración, la fiscalía respondió con información de su Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, que según la misma respuesta, realiza diligencias de búsqueda de fosas clandestinas desde 2017. ¿Cómo es posible desconocer algo que una de tus Unidades investiga desde hace al menos 3 años?

Las negativas más abiertas vinieron de las fiscalías de Guanajuato, Querétaro, Chiapas y Yucatán, que dijeron no contar con registro de fosas clandestinas en sus respectivos estados. Por lo que se refiere a Guanajuato, sabemos que hay al menos 235 fosas en el estado,¹ mientras que en Querétaro, integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda han encontrado indicios de lo puede ser una fosa clandestina en Barranca de los Zúñiga.²

Este tipo de trabas no sólo se presentan ante quienes ejercen su derecho al acceso a la información vía la plataforma nacional de transparencia, como las compañeras de los colectivos señalaron en la presentación; muchas veces las fiscalías niegan la información incluso a las familias de las personas desaparecidas, u ofrecen datos que no pueden ser contrastables ni corroborables, lo que dificulta también los procesos de búsqueda.

De acuerdo con cifras oficiales, al día de hoy siguen desaparecidas en México cerca de 92 mil personas³ y hay más de 52 mil cuerpos sin identificar.⁴ Las cifras por sí mismas son de horror. Sólo para ponerlo en perspectiva, se trata de un número superior a la población entera de municipios como Zacatlán (87, 361 habitantes), Cozumel (88, 626), o Caborca (89,122).⁵ En medio de este contexto es indispensable que las autoridades de procuración de justicia, tanto del nivel federal, como del estatal, generen y garanticen el acceso a información adecuada para los familiares de las personas desaparecidas y para la ciudadanía en general.

 

 

 

¹ Reporte sobre la situación de fosas en Guanajuato aquí.

² Sobre este punto, ver acá.

³ Disponible aquí.

⁴ De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

⁵ En los respectivos estados de Puebla, Quintana Roo y Sonora, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.