Día Internacional del Acceso Universal a la Información: ¿tenemos realmente este derecho en México?

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una fecha que debería invitarnos a celebrar el hecho de que podemos preguntar, conocer y exigir información pública que nos permita ejercer otros derechos como la participación, la salud, la educación, la vivienda o incluso un medio ambiente sano.

En un mundo ideal, tendríamos claro que la información es poder y que el Estado debe garantizar que llegue a nuestras manos de forma clara, oportuna y útil. Pero el contexto mexicano nos pinta otro escenario. Hoy vivimos más bien con opacidad, censura y vigilancia. ¿De dónde viene esto? No es casualidad, sino resultado de un andamiaje normativo que ha ido debilitando el derecho a la información a partir de distintos elementos: la desaparición del instituto autónomo que garantizaba la transparencia, la falta de organismos estatales capaces de hacerlo, de decisiones judiciales que cuartan este derecho para limitarlo, y casos de agresiones contra periodistas que se atreven a ser críticos con el poder.

Todo esto nos deja con una gran pregunta ¿dónde queda nuestro derecho a obtener y difundir información?

La información no es un lujo ni un regalo del Estado, es un derecho humano que nos permite tomar decisiones y exigir rendición de cuentas. Cuando el Estado nos niega información pública, también nos niega la posibilidad de garantizar otros derechos, de conocer cómo se gasta el dinero público o de movilizarnos a favor o en contra de proyectos que impactan nuestras comunidades.

Garantizar este derecho significa que el gobierno debe poner a disposición de todas y todos datos claros, oportunos, culturalmente adecuados y comprensibles, además de asegurar que la información llegue a quienes más la necesitan y poder erradicar las brechas informativas.

Los ejemplos más presentes recientemente están en la ausencia de información ambiental. ¿Cómo defender la tierra y el territorio si no sabemos qué impactos tendrá un megaproyecto? ¿Cómo exigir agua limpia si desconocemos los niveles de contaminación?

Aquí entra en juego el Acuerdo de Escazú, que México firmó y que desde 2021 está en vigor. Este tratado regional no solo reconoce el acceso a la información ambiental como un derecho, sino que también obliga al Estado a garantizarlo de manera clara, culturalmente adecuada y traducida a idiomas indígenas. Además, conecta este derecho con la participación ciudadana, la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras.

Sin embargo, en la práctica, seguimos viendo cómo se reserva y oculta información clave sobre los impactos que traerán los megaproyectos de desarrollo. Esto es una violación directa tanto a nuestro derecho de acceso a la información como a los compromisos que México asumió con Escazú.

Un caso emblemático son los Polos de Desarrollo en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Desde 2019, comenzó a circular información sobre dicho megaproyecto; sin embargo, las comunidades han señalado la falta de información clara y suficiente sobre sus impactos reales y actividades. Frente a ello, Citlali Landis de la comunidad Puente Madera, compartió en entrevista realizada por ARTICLE 19: 

En la asamblea comunitaria del 29 de enero de 2023 la comunidad dijo que no estaba de acuerdo con la construcción del Polo de Desarrollo, porque iba a tener impactos en el medio ambiente sobre todo, en esa asamblea llegaron unas personas de instituciones para hablar sobre el Polo de Desarrollo, pero no nos dijeron en qué iban a consistir las actividades del Polo, solo nos dijeron que traería beneficios, pero no qué tipo de beneficios (Entrevista con Citlali Landis, Puente Madera, 2024)

Este día no puede quedarse solo en discursos. Debe servirnos para recordar la importancia de garantizar el derecho a la información como llave para abrir la puerta a otros derechos. Y en tiempos donde las comunidades, personas defensoras y periodistas que levantan la voz enfrentan criminalización: luchar por la consecución de este derecho es también una forma de proteger la vida y la libertad de expresión.

*Silvia Ruiz es coordinadora del programa Ecosistema Informativo y Tecnología en @article19mexca.