El Día del Periodista en tiempos de Giammattei

Era el 25 de mayo de 1993 cuando Guatemala vivió un episodio de su historia conocido como el Serranazo.

Aquel día el entonces presidente Jorge Antonio Serrano Elías dictaminó la disolución del Congreso, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia como una manera de enfrentar el descontento popular por incrementos a los precios de la energía y el transporte, además de una petición ante la Contraloría General de Cuentas para investigar sus finanzas por el súbito enriquecimiento que había registrado.  

En este contexto la ofensiva gubernamental sobre la prensa también fue férrea y la censura buscó imponerse desde los primeros momentos. Sin embargo, no fueron pocos los intentos por sortearla. 

Uno de estos ejemplos fue el de Siglo Veintiuno, un medio fundado apenas en 1990 y que había mantenido una línea crítica sobre la situación política guatemalteca abordando temas como las violaciones a los derechos humanos, el lento proceso de paz, el crimen organizado, la corrupción y la guerrilla. Dichas coberturas le valieron agresiones físicas y amenazas de muerte al equipo del medio. 

Ante la represión el director de la publicación, un periodista de nombre José Rubén Zamora cambió temporalmente el nombre del periódico a Siglo Catorce y colocó bloques negros sobre la mayoría de las notas haciendo imposible leerlas. Por otra parte, envió por fax la versión sin censurar a medios de comunicación de países vecinos.  La información sobre lo que estaba sucediendo en este intento de autogolpe de Estado tenía que conocerse a detalle en el mundo.

Finalmente, bajo la presión de acciones como esta y de actores políticos al interior del gobierno, el plan de Serrano no prosperó y tuvo que salir rumbo al exilio hacia Panamá.

A 29 años de este episodio, en un momento político distinto y bajo un gobierno que procedimentalmente se presume democrático pero que es autoritario en la práctica, el derecho a buscar y difundir información en Guatemala languidece ante las amenazas que se ciernen sobre él.

Este martes 29 de noviembre, dirigiendo elPeriódico y bajo un gobierno distinto, el de Alejandro Giammattei, el periodista José Rubén Zamora cumplió 4 meses detenido en la prisión de Mariscal Zavala en Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

Es ya conocido el proceso bajo el que ha sido encarcelado junto a Flora Silva Flores, directora financiera del medio, hecho que más que esclarecer el supuesto caso de lavado de dinero que persigue, busca perseguir judicialmente al periodista y a su equipo por criticar la gestión del actual presidente.  Además, con esto se trata de enviar un mensaje al gremio con la intención de inhibir investigaciones periodísticas sobre presuntas prácticas de corrupción de la actual administración.

Sumado a esta situación y por los efectos negativos de la ofensiva gubernamental contra elPeriódico, este 30 de noviembre, se emitirá la última edición impresa. 

El caso de Zamora es uno de los más recientes y que mayor atención mediática ha recibido sin embargo es solo una muestra del nivel de incertidumbre con el que llegamos a una conmemoración más del Día del Periodista en Guatemala.

En el transcurso de la actual administración, el Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala ha recopilado 357 agresiones a comunicadores desde el inicio del gobierno de Alejandro Giammattei. 1

De la gama de agresiones recibidas, para el observatorio destaca la persecución penal hacia la prensa (situación que ejemplifica ampliamente el caso Zamora), hecho que no hace sino evidenciar una tendencia represiva posterior al terremoto político que significó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la participación de no pocos periodistas en la develación de tramas de corrupción que llevaron a procesos penales contra funcionarios corruptos.  

Se suma a este panorama el impulso a legislaciones como la Ley ONG donde el Estado se arroga la facultad de intervenir en las actividades financieras de las organizaciones de sociedad civil, cancelar registros, disolverlas y prohibir a sus integrantes crear otra iniciativa e incluso trabajar en otras en un plazo de dos años.

Esta legislación ha impactado al periodismo independiente en tanto que muchos proyectos de comunicación fueron edificados bajo registros de asociaciones civiles y corren peligro de ser intervenidos ante el panorama actual.

Las campañas de desprestigio a través de redes sociales son un factor de consideración en tanto que establecen un entorno digital hostil hacia las y los periodistas que son víctimas de ellas a través de los netcenters, los cuales son grupos de personas pagadas para fortalecer o deshacer la reputación de una figura pública. Así mismo, se ha observado que existe la posibilidad de que estas campañas sean el preludio de una acción judicial contra un medio o un periodista evidenciando que existen vínculos entre quienes lideran estas operaciones y el poder judicial. Un ejemplo es la coordinación que se ha observado con cuentas vinculadas a la Fundación contra el Terrorismo e integrantes del poder judicial.

Por otra parte, se observa un desinterés manifiesto por establecer espacios de protección para periodistas. A pesar de que la región cuenta con ejemplos como el Mecanismo de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia de Honduras, el Estado guatemalteco ha hecho oídos sordos a la exigencia del gremio y organizaciones sociales para establecer instancias de este tipo para atender casos urgentes. 

Imposible no abordar cómo el gremio periodístico, ya en una situación de precarización evidente donde pocas y pocos profesionales tenían acceso a prestaciones laborales, vio recrudecida su situación a causa de los despidos provocados por la pandemia del COVID 19, acontecimiento que aún en esta fecha continúa causando estragos. 

En cuanto a la situación de las y los periodistas provenientes de los departamentos de Guatemala es preciso decir que se encuentran en una situación de vulnerabilidad alta en tanto que ejercen la profesión en zonas silenciadas donde el crimen organizado y funcionarios públicos corruptos se confabulan para evitar el ejercicio de libre prensa bajo pena de ejercer violencia letal contra ellos y ellas. 

Con relación a los proyectos de comunicación comunitaria, existe una negativa a legislar para reconocer de manera específica y clara su estatus ante el Estado y de esa manera terminar con la criminalización de estos medios y sus integrantes. Se cierne también sobre ellas y ellos el peligro de ser agredidas físicamente e incluso asesinadas por sus coberturas en regiones con conflictos socioambientales en curso. Asimismo, persisten prejuicios sobre la autenticidad y calidad del periodismo que se ejerce en estos espacios, hecho que abona a la estigmatización de parte del Estado y aumenta el riesgo de su labor.

Es necesario mencionar también que existe una violencia diferenciada en las agresiones hacia las mujeres periodistas desde el exterior de sus espacios de trabajo con agresiones físicas, amenazas sobre sus cuerpos, el rol tradicional que han tenido en la sociedad y su autonomía sexual y al interior de las redacciones con el acoso y menosprecio de sus colegas, máxime si estas compañeras provienen de un pueblo indígena.

Después de este recorrido breve sobre los obstáculos que enfrentan las y los periodistas locales no puede uno sino destacar los esfuerzos organizativos que han surgido o que ya existían en este país para contrarrestar el autoritarismo reinante. A pesar de tener ante sí un panorama por demás adverso, la esperanza de un país donde se respete y garantice la libre prensa se encuentra en las iniciativas gremiales y de sociedad civil que buscan evidenciar la situación que viven, que acompañan a periodistas que experimentan el acoso constante del Estado y que alzan la voz en organismos internacionales para enterar al mundo de la crisis que vive la Guatemala de hoy. 

En este sentido es importante mencionar el llamado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la degradación del entorno para el ejercicio de la libre expresión en Guatemala. El pasado 2 de septiembre en su Comunicado de prensa R196/22 exhortó al Estado de Guatemala a redoblar sus esfuerzos para garantizar de forma plena y efectiva los derechos a la libertad de expresión y de prensa. Además, recordó que es deber del Estado generar las condiciones necesarias para que las y los periodistas puedan realizar su trabajo en un entorno libre y seguro y para que la sociedad en su conjunto pueda estar informada y recibir la mayor cantidad y diversidad posible de ideas y opiniones. 

* Julio Colín es coordinador del Programa para Centroamérica y el Caribe para ARTICLE 19 oficina regional para México y Centroamérica.

 

1 Prensa Libre, APG condena ataques contra periodistas y censura hacia medios de comunicación por parte de sectores gubernamentales.