Las deudas de los congresos locales con la participación ciudadana

Por Luis Javier Moreno*

En 2027 se renovarán 31 de los 32 congresos locales de México, todos excepto el de Coahuila. En estas elecciones se elegirán 1,098 diputaciones locales, las cuales tienen la responsabilidad de actuar, de revisar y fiscalizar a los gobiernos estatales y, además, representar a las personas. Por eso, desde Política Colectiva hicimos la investigación Abrir Congresos.

Y es que las diputaciones y los congresos locales, a pesar de ser la base fundamental de la democracia en lo local, son la segunda institución en la que menos confían las personas, con una calificación de 4.5 sobre 10, solo por encima de los partidos políticos, que obtuvieron 4, de acuerdo con la Encuesta de Confianza en la Administración Pública del INEGI en 2025. Además, la confianza en los congresos estatales fue la única del grupo de instituciones que revisa esta encuesta que disminuyó entre 2023 y 2025, al pasar de 4.9 a 4.5.

A pesar de la baja confianza, lo que representan presupuestalmente los congresos no es menor. En 2025 ejercieron un total de 19,280 millones de pesos que, divididos entre todas las diputaciones locales, equivalen a alrededor de 17.1 millones de pesos por diputación.

Del total de este gasto, 1,468 millones de pesos fueron destinados a ayudas sociales, una tarea que ha sido recurrentemente cuestionada porque no corresponde estrictamente con las responsabilidades de los congresos. Además, esta cifra no es menor, simplemente representa más del doble de los 598.2 millones de pesos destinados a los subsidios federales para las Comisiones Locales de Búsqueda. Entre otros gastos de los congresos estatales en 2025 estuvieron los 501 millones de pesos en comunicación social y publicidad oficial, que de haber sido invertidos en ejercicios de participación o deliberación ciudadana, podríamos tener leyes locales más legítimas o, por lo menos, más ampliamente discutidas.

Si dividimos estos gastos en ayudas sociales y publicidad oficial entre cada diputación local, hablamos, en promedio, de 1.3 millones de pesos por diputación en el primer rubro y 444,000 pesos en el segundo.

Por otro lado, cuando miramos la apertura institucional que tienen los congresos locales a la participación, encontramos una amplísima diversidad de mecanismos y criterios para “hacer que la voz de las personas se escuche”, pero, generalmente, solo cuando los propios congresos lo autorizan a través de audiencias públicas, foros, mesas de trabajo, buzones, consultas, espacios de participación en comisiones, entre otros.

En total encontramos 73 acciones o instrumentos de este tipo en los 32 estados. Sin embargo, solo la audiencia pública de la Ciudad de México establece que las personas pueden solicitarla, con requisitos accesibles, plazos específicos de respuesta y obligaciones de seguimiento para la autoridad legislativa, pues puede activarse con el respaldo de al menos 100 personas o una organización de la sociedad civil, y el Congreso tiene hasta siete días para responder. El resto de los 72 espacios de participación dependen, en buena medida, de la convocatoria, autorización o decisión de los propios órganos legislativos.

La democracia local no se abre por decreto: los congresos deben escuchar a la ciudadanía

Esto termina garantizando una participación acotada desde las cúpulas legislativas, pero no necesariamente una participación abierta desde abajo.

En ese mismo sentido, el concepto de Parlamento Abierto también se asume de muy distintas formas en las leyes locales. Guanajuato y Zacatecas son las únicas entidades que cuentan con lineamientos específicos en esta materia; Sonora contempla un Comité Técnico de Parlamento Abierto y otros congresos regulan distintas herramientas o estructuras relacionadas con la apertura legislativa, en todos los casos con poco margen de acción desde la ciudadanía.

Por otra parte, las leyes de participación de Baja California, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Morelos reconocen expresamente el Parlamento Abierto o Congreso Abierto como mecanismo de participación. Pero que exista en la ley no significa necesariamente que pueda activarse de manera accesible para las personas. Morelos es un buen ejemplo, pues permite solicitar que un asunto de interés público se incorpore al orden del día del Pleno del Congreso, pero exige reunir el respaldo del 1 % de la lista nominal estatal, aproximadamente 15,700 apoyos. Es decir, aunque existe una ruta de activación ciudadana, el requisito de entrada sigue siendo altamente restrictivo.

En otras palabras, los parlamentos abiertos tienen muchas más posibilidades de abrirse desde dentro del Congreso que desde el interés y la iniciativa de las propias personas.

Quizás el mecanismo más directamente vinculado con los congresos sea la iniciativa ciudadana, un derecho reconocido en las 32 entidades federativas, pero que se materializa de maneras muy distintas y con requisitos profundamente desiguales.

Existen diez entidades en las que basta con una firma para presentar una iniciativa ciudadana al Congreso. En el extremo contrario están Puebla y Chiapas, donde se requieren alrededor de 126,000 y 123,000 firmas, respectivamente. Además, solo en 13 estados la legislación garantiza que la persona representante de una iniciativa ciudadana pueda tener voz durante la discusión de la propuesta.

Esto ha provocado que, en muchos casos, la iniciativa ciudadana no funcione como un verdadero puente para abrir el diálogo entre autoridades y personas. Presentar una propuesta no necesariamente garantiza que pueda defenderse, discutirse con las diputaciones o recibir una respuesta sustantiva. En demasiadas ocasiones, el esfuerzo ciudadano termina guardado en un cajón y sin una ruta clara para incidir en la decisión legislativa.

Desde Política Colectiva siempre hemos pensado que los principios de la democracia deberían materializarse en acciones que las personas organizadas puedan ejercer por las vías institucionales. Sabemos que las calles y la protesta siempre podrán ocuparse para exigir, reclamar y presionar, pero también deberíamos poder tomar las instituciones con diálogo y propuestas y, eventualmente, contar con espacios de deliberación que hagan que la representación se construya todos los días de la mano de las personas y no solamente durante los periodos electorales.♦ 

*Luis Javier Moreno (@luisjamb) es politólogo y máster en análisis político. Es director de Política Colectiva (@PoliticaColecti).