Detenciones y tortura en Yucatán

En Yucatán las cosas se saben perfectamente, pero se actúa como si no. Funciona así tanto para secretos familiares como para temas de relevancia pública, como la seguridad. Desde hace dos décadas que el concepto de paz se construye a través de la violencia selectiva hacia algunos cuerpos. Pero quienes no son esos “otros cuerpos” prefieren seguir actuando como si nada.

A finales del año pasado, un ataúd era cargado a los pies del Palacio de Gobierno de Yucatán. La madre de José Eduardo lo llevó para carearlo con Mauricio Vila, gobernador que prefería hacer como que nada había pasado, como si sus agentes de policía y los del municipio de Mérida no tuviesen nada que ver con la muerte del joven veracruzano. Pero desde entonces era sabido –y conforme pasa el tiempo queda menos duda- que José Eduardo murió a causa de la tortura sufrida por agentes de policía.

Aún hay debates acerca de en qué momento participó en su suplicio la policía municipal de Mérida y en qué momento la estatal, pero la disputa entre una y otra es un síntoma más del contexto que se vive en la que se jacta de ser la entidad más segura del país: la tortura y las detenciones arbitrarias son la principal estrategia de seguridad.

La semana pasada, la organización ELEMENTA DDHH emitió un nuevo informe sobre este fenómeno en Yucatán. En ese documento -disponible a través de la página oficial de la organización- se concluye que las detenciones arbitrarias y el abuso policial de Yucatán operan bajo el principio de “intolerancia selectiva”.

Esto significa que las normas y los castigos se aplican basándose en parámetros discriminatorios, tanto de índole racial como de género. Las instituciones policiacas perfilan a las personas como “sospechosas” por su aspecto físico, su color de piel, su expresión de género o por cualquier elemento que haga sospechar que son foráneos.

Este hallazgo de ELEMENTA DDHH coincide con las diversas historias que cada vez con más frecuencia se difunden en Yucatán a través de redes sociales. Personas LGBT+, personas racializadas (principalmente mayas) y personas de otros estados son particularmente vulnerables a detenciones arbitrarias e incluso tortura. Este modus operandi es defendido por el gobierno e incluso por varios sectores de la sociedad bajo la falsa premisa de que es “el precio a pagar por la seguridad”.

El caso de José Eduardo fue paradigmático porque evidenció esta dinámica. Durante su detención y sus agresiones fue constantemente insultado, burlado y cuestionado por las autoridades que hacían constante referencia a ser foráneo y por cómo “se veía” en cuanto a su expresión de género.

Es común que en el norte de Mérida –zona de mayoría blanca y donde se encuentran las colonias de mayor poder adquisitivo- se detenga por las noches a personas morenas o mayas para cuestionarles por qué caminaban en un área que “no es la suya”. El no ser blanco en una zona reservada a los blancos es en sí sospechoso.

Sin embargo, al igual que con el caso de José Eduardo, informes como el de ELEMENTA DDHH son ignorados por las autoridades. Por ejemplo, el gobernador Mauricio Vila jamás se ha pronunciado sobre este modus operandi de las instituciones policiales, argumentando que casos como el de José Eduardo son hechos aislados. Incluso, las autoridades suelen insinuar que las víctimas son responsables de lo que les pasa.

Nos dicen que Yucatán es el estado más seguro. ¿Pero para quién?

@kalycho