Redacción Animal Político · 18 de julio de 2025
El pasado viernes 11 de julio, el narcotraficante sinaloense Ovidio Guzmán López se declaró culpable ante una jueza de Illinois de cuatro cargos en dos distintas acusaciones, una abierta en Nueva York y la otra en Chicago.
De esa forma Ovidio, uno de los hijos del Joaquín “El Chapo” Guzmán, se une a una larga lista de convictos mexicanos acusados de narcotráfico y que, para evitar la extensa, intrincada e imposible ruta de ganar en un juicio con jurado en un tribunal de los Estados Unidos, han decidido aceptar uno o más cargos de sus respectivas acusaciones.
“El Ratón” Guzmán —al igual que los cientos de presuntos delincuentes que comenzaron a desfilar desde que las extradiciones de capos del narcotráfico tomaron ritmo a mediados de los noventa del siglo pasado—, no la librará de entrevistarse decenas de veces con agentes de la Drug Enforcment Administration (DEA), del Federal Bureau of Investigation (FBI) o de la Central Inteligence Agency (CIA), agencias que buscan la información básica que cualquier policía desearía tener:
Entre otras.
Poco más de 30 años después, La Historia del Narcotráfico en México, sin exagerar, la han relatado cientos de veces aquellos que han visto en la opción de soltar la sopa una forma de alcanzar los beneficios que el Departamento de Justicia otorga a quienes se doblegan. Hay casos más ligados a militantes de la vieja guardia como el del exlíder del Cartel del Golfo, Juan García Abrego, el cual aceptó las 11 cadenas perpetuas que le endilgó un juez, en lugar de volverse informante de los estadounidenses. Genaro García Luna tampoco colaboró y defendió su inocencia hasta el final y a “El Chapo” Guzmán ni se lo ofrecieron.
Pero las nuevas generaciones de narcos, frente al miedo de morir en prisión, prefieren articular su historia particular de cómo vivieron el narcotráfico. En esa enciclopedia escrita a mano por agentes (que tiene prohibido grabar a los acusados) reposan cientos de nombres, fechas, cifras, rutas, detalles de los cárteles, nombres de intermediarios o hasta de empresas que lavan las ganancias producto del narco.
Por lo mismo sorprende ver cómo un sector de la opinión pública en México considera que Ovidio Guzmán inaugura una nueva era en los procesos acusatorios y que, gracias a ellos, funcionarios de todos los calibres del partido en el gobierno, MORENA, irán cayendo como fichas de dominó una vez que el Departamento de Justicia se decida a emitir acusaciones en el mediano y muchos juzgan que hasta en el corto plazo.
Si bien todo es posible en esta incompetente e impredecible administración de Donald Trump, antes de enviar a su fiscal general Pam Bondi a detener a militantes corruptos de la Cuarta Transformación, suponemos que los esbirros en el gabinete de seguridad de Trump deberían ir exigiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y su fiscal Alejandro Gertz Manero que les extraditen a los ya investigados y que cuentan con un dictamen pendiente, como ya sucedió con el grupo de narcotraficantes y otros prófugos expulsados del país a finales de febrero, conocidos como “Los 29 de Santa Lucía”.
Pero si nos vamos un poco más atrás, hay muchos casos pendientes.
En julio del 2020, por ejemplo, la acusación de reemplazo sobre Genaro García Luna no sólo sumaba dos cargos más a su dictamen original, sino que agregaba, asimismo, dos coacusados: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, señalados por narcotestigos en el juicio de Genaro García Luna como protectores de liderazgos del crimen organizado.
Y qué decir de todos los políticos, policías, y militares nombrados como aliados de los cárteles de la droga en México durante el juicio en contra de “El Chapo Guzmán”. De las decenas de nombres sólo se detuvo y procesó a García Luna, pero nunca se conocieron dictámenes en contra de Gabriel Regino (vuelto a mencionar en el juicio de García Luna), subsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México en tiempo en que Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno. O sobre el jefe de guardias presidenciales de Ernesto Zedillo, el general Roberto Miranda Sánchez a quien, presuntamente, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, fue a reclamar a Los Pinos el trato injusto dado a las empresas de los Zambada y pedir al gobierno que se suavizara. Menos se sabe del coronel Marco Antonio de León Adams, jefe de escoltas del expresidente Vicente Fox quien, según el mismo “Vicentillo”, recibía sobornos a cambio de información.
Jesús “El Rey” Zambada, por su parte, reveló que el general Humberto Eduardo Ántimo Miranda, oficial mayor del ejército a inicios del 2007, fue a ofrecer sus servicios a los Zambada y les filtró que, según documentos de inteligencia militar, tres cárteles rivales se habían unido para acabar con “El Mayo y con “El Chapo”, pitazo con el que el uniformado se ganó el derecho a recibir 50 mil dólares al mes hasta que, en abril del 2008, a través de un comunicado la SEDENA informó que con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas el general había pasado, sospechosamente, a situación de retiro.
El mismo “Rey” Zambada expresó que, a petición de “El Chapo” Guzmán, a finales del 2004 había entregado 100 mil dólares a Gilberto Toledano Sánchez, quien apenas en agosto de ese año había tomado protesta como comandante de la Novena Región Militar que comprende el puerto de Acapulco, que entonces era peleado como destino final de cargamentos de droga. En el mismo “Juicio del Siglo” se dijo que Roberto Velasco, otro comandante de la SIEDO, protegía a los Beltrán Leyva, al igual que Edgar Ballardo, muy ligado a García Luna. De Federico Ponce Rojas, director general de averiguaciones previas de la PGR capitalina y luego funcionario en la PGR, y de su jefe en esta última institución, Ignacio Morales Lechuga, se dijo que se les hacía llegar un millón y medio de dólares cada 2 meses de parte del Cartel de Sinaloa. Al priista Morales Lechuga lo mencionó también el colombiano Jorge Milton Cifuentes, quien presumió que en los noventa tenía a 70 policías en su nómina, además de algunos funcionarios incluido dicho procurador priista. En el mismo proceso que tuve el privilegio de cubrir, de manera muy débil y forzada se denunciaron sobornos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, el de este último presuntamente a través de Regino.
Para que el Departamento de Justicia deje de lado las decenas de tips y sugerencias de procesar a funcionarios mexicanos corruptos incluidas en la enciclopedia que se ha escrito en los recientes 30 años, y atienda las frescas delaciones que presuntamente les ha filtrado Ovidio Guzmán López, solo sería posible si los testimonios van acompañados de pruebas físicas como fotos, cuentas bancarias, videos, audios, etc.
Finalmente, acusar a funcionarios de otro país no es tan sencillo como parece. En dicho proceso, ingresan cuestiones diplomáticas y de seguridad de ambos países. Además, en este momento la Administración Trump se halla muy entretenida con sus propios problemas internos, y a seis meses de haber tomado protesta, no se le ve fuelle ni autoridad moral como para embarcarse en la aventura de ir tras de mexicanos corruptos.