El caso de detención arbitraria que llegó a la mañanera

Redacción Animal Político · 9 de octubre de 2023

El pasado viernes 29 de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) cerró su visita oficial a México con una conclusión contundente: “la detención arbitraria sigue siendo un problema generalizado en México”.

Tras visitar distintos centros de detención en el país y reunirse con autoridades de los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y personas privadas de la libertad, el GTDA dio a conocer sus principales hallazgos, que servirán de base para la elaboración de un informe que presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante su 57° período de sesiones, a celebrarse en septiembre de 2024. Las siguientes son algunas de las conclusiones a las que llegó el GTDA tras su visita a México:

  • El Registro Nacional de Detenciones no incluye las detenciones administrativas de migrantes y de personas con discapacidad psicosocial y aún persisten excepciones al requisito de que las Fuerzas Armadas alimenten dicho registro. Todos los funcionarios civiles o militares que lleven a cabo detenciones de cualquier naturaleza deben estar obligados a inscribir esas detenciones
  • La prisión preventiva oficiosa contenida en el artículo 19 constitucional es una violación de los derechos humanos, tal y como lo ha establecido el GTDA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos respecto de México
  • Si bien el uso del arraigo ha disminuido, éste “viola el derecho a la libertad personal y al debido proceso… y su vigencia da pie al riesgo de detención arbitraria”
  • La militarización de la seguridad pública está estrechamente relacionada con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios. “Las personas detenidas por personal militar con frecuencia eran sometidas a graves actos de violencia y tortura”
  • Un número significativo de detenciones se realizó mediante el uso excesivo de la fuerza, y a menudo se infligen palizas y torturas para obtener confesiones
  • “Muchos arrestos en México se llevan a cabo sin una orden judicial preexistente, bajo la justificación de delito en flagrancia”
  • “Desde 2006, México ha adoptado un enfoque mucho más punitivo hacia el uso de drogas y el narcomenudeo.” Esto ha generado un aumento en las detenciones y criminalización de personas que usan drogas
  • “Un gran número de personas migrantes y solicitantes de asilo están detenidas en México, el cual ascendió a más de 240,000 en el primer semestre de 2023”. Además, niñas, niños y adolescentes continúan siendo sometidos a detención migratoria
  • La falta de presupuesto y gran carga de trabajo a la que se enfrentan los defensores públicos o de oficio compromete la calidad de sus servicios y aumenta el riesgo de que se cometan detenciones arbitrarias
  • En los centros de detención se identificaron casos de hacinamiento, confinamiento solitario, corrupción y falta de atención médica

El caso de Hugo Martínez Gorostieta

El caso de Hugo Martínez Gorostieta es una muestra de la situación generalizada de detención arbitraria, tortura y fabricación de culpables en México. En 2008, agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvieron a Hugo sin presentar una orden de detención y lo trasladaron a un terreno baldío donde lo sometieron a tortura para que confesara un delito que no cometió.

Hugo fue incomunicado por al menos 10 horas el día de su arresto, exhibido ante medios de comunicación como integrante de una banda de secuestradores, sometido a procedimientos penales sin defensa jurídica y condenado a 113 años de prisión con base en pruebas obtenidas de forma ilegal. En pocas palabras, la culpabilidad de Hugo fue fabricada por el Estado en violación de sus derechos humanos.

Si bien en 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la detención de Hugo fue arbitraria, no ordenó su libertad, por lo que Hugo lleva casi 15 años privado injustamente de la libertad y se enfrenta a una condena perpetua e inapelable.

Ante ello, y tras agotar todos los recursos internos disponibles para impugnar su detención, Hugo acudió al GTDA, que en enero de 2022 determinó la responsabilidad del Estado mexicano por violar, entre otros, los derechos humanos de Hugo a la libertad personal, debido proceso, protección judicial y presunción de inocencia, y pidió al Estado liberar inmediatamente a Hugo.

Como en otros casos, en el caso de Hugo, el GTDA indicó que “le preocupa que esto indique un problema sistémico con la detención arbitraria en México que, de continuar, puede equivaler a una grave violación del derecho internacional” y enfatizó que “[e]n determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de libertad en violación de las normas del derecho internacional puede constituir crímenes de lesa humanidad”.

El compromiso de AMLO en la mañanera

Desde que el GTDA pidió al Gobierno de México liberar inmediatamente a Hugo en su opinión número 67/2021 (A/HRC/WGAD/2021/67), se han hecho presentes distintos obstáculos burocráticos y políticos que impiden la correcta implementación de dicha opinión.

En particular, y ante el agotamiento de todos los recursos internos disponibles, las autoridades han expresado que no existe una figura jurídica concreta por la que Hugo pudiera ser puesto en libertad en cumplimiento de la opinión del GTDA. Sin embargo, existe la posibilidad de que un indulto del ejecutivo libere a Hugo y logre adecuar la actuación de México con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En ese sentido, y habida cuenta de que al concluir su visita el GTDA pidió al Estado mexicano “implementar sistemáticamente todas [sus] opiniones”, el pasado 29 de septiembre un periodista del medio internacional AlJazeera cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Hugo en su conferencia “mañanera”.

Ante el cuestionamiento sobre la voluntad del Estado para resolver casos como el de Hugo, el presidente respondió lo siguiente: “habría que ver por qué no se ha cumplido esta recomendación… se me hace raro, porque la instrucción es que todas estas recomendaciones se apliquen”. Además, mencionó que, “cuando se trata de torturas y hay recomendaciones de organismos internacionales se actúa de inmediato”. Por lo demás, el presidente señaló que analizaría el caso de Hugo y daría una respuesta el lunes 2 de octubre.

A la fecha, como representante del caso de Hugo, y tras el compromiso del presidente en la mañanera, la CMDPDH no ha recibido comunicación alguna por parte de las autoridades para dar cumplimiento a la opinión del GTDA. En ese sentido, hacemos un nuevo llamado a que el presidente cumpla con su palabra y muestre su compromiso con las víctimas de torura que, como Hugo, continúan sufriendo los estragos de una política de detenciones arbitrarias y fabricación de culpables en México.

* Carlo Carvajal (@carlocarvajal) es Maestro en derecho internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo en Ginebra, Suiza. Actualmente es Oficial de Incidencia en la CMDPDH.