blogeditor · 15 de marzo de 2016
Por: Diana Torres Torres
El número de personas víctimas de desplazamiento forzado a nivel mundial ha llegado a niveles sumamente críticos con aproximadamente 60 millones de personas en 2015, lo que supera incluso las cifras de desplazados durante la Segunda Guerra Mundial[1]. Gran parte de este desplazamiento forzado se encuentra ligado a múltiples conflictos bélicos en diversas zonas del mundo. Por ejemplo tan sólo en los últimos cinco años se han reactivado por lo menos 15 conflictos: 8 en África, 3 en Oriente Medio, 1 en Europa y 3 en Asia, sin tomar en cuenta los países que llevan décadas inmersos en acciones beligerantes como Afganistán y Somalia.
Las millones de personas que sufren los daños colaterales ocasionados por las guerras tienen rostros, historias y necesidades específicas, como lo es el sector femenino. En el Informe Mundo en Guerra, tendencias Globales 2014 publicado por el ACNUR, se señala que la proporción de niñas y mujeres refugiadas ha aumentado gradualmente en la última década, puesto que del 48 % de mujeres refugiadas en 2011 la cifra ascendió a 50 % en 2015, es decir que 1 de cada 2 personas refugiadas es mujer.
Además, durante su travesía como desplazadas son revictimizadas debido a que por su condición de vulnerabilidad están en riesgo de sufrir acoso o abuso sexual por parte de miembros de grupos terroristas o incluso de fuerzas militares encargadas de garantizar su “protección” dentro de los campamentos de refugio. Del mismo modo, muchas mujeres provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) padecen problemas similares en términos de desplazamiento forzado en su caso ocasionados por grupos pandilleros, crimen organizado y de manera cada vez más ascendente, por agentes estatales como la policía y el ejército.
En el último informe presentado por la Mesa de Sociedad Civil Contra el Desplazamiento Forzado por Violencia Generalizada y Crimen Organizado en El Salvador, se confirma que este país cerró el 2015 como “el año más violento de su historia reciente” al incrementarse en 70% los homicidios en comparación con 2014, igualando prácticamente la cifra de homicidios durante la guerra civil en los 80. El 52 % de los desplazamientos internos en este país son emprendidos por mujeres[2].
[contextly_sidebar id=”26HZuTHNasOjSS17LfUBqM4DnX6z1rXC”]La situación en esta región se ha tornado crítica ya que desde 2008 se incrementaron casi 5 veces el número de solicitudes de asilo en los Estados Unidos y 3 veces más en México[3]. Los más afectados por las condiciones de violencia suelen ser niños y mujeres, los primeros en huir. Particularmente, grupos de mujeres como oficiales de la policía, mujeres con niños y mujeres transgénero enfrentan los mayores niveles de persecución. De 2002 a 2012 el número de solicitudes de asilo de mujeres provenientes del Triángulo Norte en México por motivos de violencia de género aumentó considerablemente: 2002 (Guatemala 2, Honduras 2 y El Salvador 1); 2012 (Guatemala 18, Honduras 99, El Salvador 61)[4]. Estas mujeres llegan a México intentando integrarse a las dinámicas económicas de nuestro país generalmente en las ciudades, siendo empleadas como trabajadoras del hogar, trabajadoras agrícolas y muchas otras como sexo servidoras, constituyendo así una población especialmente expuesta a la explotación.
Existe otro motivo recurrentemente invisibilizado en las investigaciones y por los medios de comunicación por el cual muchas mujeres son desplazadas forzadamente: la violencia intrafamiliar. Si bien, no se cuenta con datos precisos sobre cuántas mujeres huyen de sus hogares por agresiones cometidas por sus parejas o familiares, la situación es tan compleja que en 2009 el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos consideró, a raíz de un caso presentado por una mexicana víctima de violencia brutal por parte de su cónyuge durante años, aumentar el alcance del derecho de asilo para ofrecer refugio a mujeres que han sufrido violencia doméstica en su país de origen y tienen miedo de regresar allí como consecuencia de ello. No obstante, conseguir la condición de asilada por este medio es particularmente complicado.
Así, la garantía más importante para los refugiados y los solicitantes de asilo es la “no devolución”, ya que su retorno involuntario implicaría un riesgo real a sufrir torturas, tratos inhumanos, degradantes o poner en peligro su vida o libertad. Por ello se hace impostergable visibilizar que muchas mujeres migrantes son en realidad mujeres refugiadas por su condición de género, quienes viven situaciones de violencia muy particulares y deben ser atendidas de inmediato por las instituciones gubernamentales. El incorrecto entendimiento de esta situación seguirá generando más mujeres desplazadas y deportadas negadas al derecho a una vida digna o a la vida misma.
* Diana Torres Torres es integrante de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C.
[1] Información disponible en la página web del ACNUR.
[2] Informe sobre Situación de desplazamiento forzado por violencia generalizada en el Salvador 2014-2015
[3] Informe publicado por el ACNUR “Women on the Run”.
[4] Solicitud de Información vía INAI a la COMAR