Despenalizando la palabra: para que opinar no sea motivo de cárcel

La libertad de expresión es la piedra angular de cualquier democracia. Sin ella, las instituciones se vacían de sentido, el debate público se empobrece y la ciudadanía va perdiendo espacios para cuestionar y exigir cuentas. En pleno 2025, Nuevo León sigue arrastrando un rezago que contradice este principio: mantiene en su Código Penal los llamados delitos contra el honor: injurias, calumnias y difamación, figuras eliminadas a nivel federal desde 2007 por considerarse incompatibles con un sistema democrático que respete los derechos humanos. Dichos delitos, imprecisos y desproporcionados, han funcionado históricamente como instrumentos de censura.

En un país en donde la impunidad abunda y el acceso a la justicia parece un concepto solo presente en los libros, y en un estado como Nuevo León en donde aún persisten figuras legales contrarias a la libertad de expresión y a la democracia, 1 surge una pregunta inevitable: ¿quién paga el costo por cuestionar? La respuesta es dura, son las voces críticas de periodistas, activistas, manifestantes y ciudadanía organizada las que cargan con el riesgo de enfrentar tribunales o incluso prisión por ejercer un derecho humano. No se trata únicamente de un debate técnico sobre códigos penales: es, en el fondo, una batalla por fortalecer la democracia.

En noviembre de 2024, tres iniciativas marcaron un punto de inflexión en Nuevo León. Propuesta Cívica A. C., la Red de Periodistas del Noreste y el Colegio de Comunicación y Periodismo de Nuevo León A. C. presentaron ante el Congreso local un paquete de reformas para: 1) eliminar los delitos contra el honor del Código Penal estatal y trasladar estos conflictos al ámbito civil; 2) reformar el Código Civil para garantizar que las controversias sobre el honor se resuelvan conforme a estándares nacionales e internacionales, y 3) modificar la Ley de Profesiones para eliminar el requisito de título o cédula en periodismo como condición para ejercer, reconociendo que informar es un derecho y no un privilegio burocrático.

La presentación de estas iniciativas derivó en la articulación del colectivo Despenalizando la Palabra, un esfuerzo apartidista y técnico que logró reunir a más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Propuesta Cívica, la Red de Periodistas del Noreste, Consejo Cívico, Manifiesta, Accionario y Artículo 19, con el respaldo de la ONU-DH México. El objetivo es que Nuevo León deje de ser uno de los pocos estados del país que aún amenaza con cárcel a quienes ejercen la libertad de expresión y la crítica pública.

Hoy, es alentador que el Congreso de Nuevo León haya mostrado apertura para dialogar sobre estas iniciativas y reconocer la importancia de revisar el marco legal. Sin duda, el avance se concretará cuando esta apertura se traduzca en reformas efectivas que eliminen los delitos contra el honor y garanticen que ninguna voz sea castigada con cárcel por expresarse.

La historia reciente en la región nos recuerda hacia dónde llevan estas prácticas. Cuando se recrudece la criminalización de la protesta, se persigue a la prensa crítica o se desempolvan leyes ambiguas para acallar voces opositoras, lo que se debilita no es solo la libertad de expresión, sino la democracia misma. El espacio cívico se erosiona, el miedo se normaliza y los derechos humanos terminan diluyéndose en procesos legales usados como herramientas de acoso judicial. Nuevo León tiene hoy la posibilidad de tomar distancia de esas tendencias y convertirse en referente de protección democrática.

La censura de la palabra no es un tema menor. La historia demuestra que ha sido a través de la protesta y de la libre expresión como se han librado las batallas más significativas en favor de los derechos humanos. Cada avance social, desde el reconocimiento de derechos políticos hasta la lucha por la igualdad, se ha cimentado en la posibilidad de cuestionar al poder y de articular demandas colectivas. Negar ese derecho es no solo un retroceso jurídico, sino un golpe directo a la memoria de esas luchas.

Lo que está en juego trasciende la técnica legislativa. Es la oportunidad de enviar un mensaje inequívoco: en una democracia auténtica, ninguna persona debe enfrentar la prisión por opinar. Despenalizar la palabra no significa borrar responsabilidades frente a un agravio, sino impedir que el poder punitivo del Estado se convierta en mordaza.

El silencio impuesto tiene un costo demasiado alto: erosiona la voz de quienes se atreven a hablar y debilita, poco a poco, la capacidad de toda la ciudadanía de decidir el rumbo de su democracia. Cada vez que una crítica se calla, no solo se pierde una opinión, se pierde también un fragmento de la pluralidad que sostiene a nuestras instituciones y que nos permite construir futuro.

#DespenalizandolaPalabra nos muestra que la defensa de la libertad de expresión no puede recaer en unas cuantas voces aisladas; requiere de alianzas, de esfuerzos colectivos y de una sociedad civil organizada que insista en transformar las leyes y vigilar que se cumplan.

Hoy más que nunca necesitamos seguir tejiendo redes, tendiendo puentes entre organizaciones, periodistas, academia y ciudadanía para lograr que el derecho a expresarse no sea privilegio, sino garantía. Solo así podremos asegurar que la democracia en Nuevo León y en México no se reduzca a un ideal en el papel, sino que se viva, se ejerza y se defienda para que cada palabra pueda ser dicha sin miedo.

* Carlos Alberto Osoria Polo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestro en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha colaborado con organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es profesor de cátedra en el Tec de Monterrey. Es Socio Fundador de Humanus DH, firma especializada en derechos humanos, inclusión, igualdad y no discriminación. Despenalizando la palabra es un colectivo apartidista y técnico, integrado por organizaciones defensoras de derechos humanos, libertad de expresión, periodistas, activistas y ciudadanía comprometida. Contamos con el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y redes nacionales de defensa de derechos.