Despenalización social del aborto

Los logros a nivel legislativo y judicial en torno al aborto han sido posibles, entre otros factores, debido a la existencia de un movimiento social fuerte y diverso a favor de la autonomía reproductiva. Las acciones de protesta en el espacio público, la presencia en los congresos para presionar la discusión de iniciativas, la diseminación de información basada en evidencia, y el posicionamiento de narrativas centradas en derechos humanos han contribuido a la transformación de percepciones relativas al derecho a decidir y con ello avanzar en la despenalización social del aborto.

Dicha transformación es de gran relevancia, pues uno de los principales obstáculos para el acceso es que se le considere un delito y no un evento que puede ocurrir en la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y por lo tanto un servicio de salud esencial. Pero, ¿en qué consiste esta transformación?

Las organizaciones de la sociedad civil y las colectivas que trabajamos a favor de los derechos reproductivos nos hemos dedicado a hacer visibles las violaciones a derechos humanos que enfrentan quienes buscan interrumpir su embarazo. Hemos documentado estas situaciones y acompañado a quienes se les niegan los servicios de aborto o se les ha criminalizado por abortar, y en estos procesos hemos constatado que el estigma, las creencias y los prejuicios del personal médico, de enfermería y de trabajo social, así como de quienes conforman el aparato de justicia, constituyen barreras importantes para el acceso a este servicio de salud incluso en condiciones de legalidad.

Lo anterior evidencia que, aun cuando las leyes se modifiquen, los juicios y la desacreditación hacia quienes deciden interrumpir su embarazo tienen un impacto en la atención que se brinda, pues suele estar plagada de comentarios y actitudes que generan culpa, vergüenza o miedo e inhiben el ejercicio de derechos, lo cual se traduce en falta de acceso o dilación en la provisión de servicios.

Si la forma en que se percibe el aborto no se transforma y esta transformación no permea en todos los ámbitos —legislativo, judicial, instituciones de salud y sociedad—, difícilmente las mujeres y personas con capacidad de gestar tendrán acceso a servicios de aborto seguros, dignos y libres de discriminación. Transformar creencias y actitudes significa dejar de considerar que quienes interrumpen su embarazo son delincuentes, malas personas y merecedoras de castigo; significa, asimismo, dejar de señalar a quienes buscan que se les acompañe en el proceso o a quienes comparten sus experiencias de aborto.

Y esta transformación incluye también a la familia, pareja, amistades y compañeres de trabajo, porque las reacciones que pudieran tener quienes forman parte de los vínculos cotidianos generan preocupación y temor en quienes deciden interrumpir su embarazo, y en quienes ya lo han hecho pero sienten la necesidad de mantener el hecho en secreto para evitar señalamientos y críticas.

La despenalización social del aborto se materializa en una atención digna, sin cuestionamientos ni intentos de disuasión; en dejar de castigar la vida sexual activa y dejar de catalogar la interrupción del embarazo como “una tragedia que se podría evitar” o como “la última opción” para solucionar un embarazo no planeado o no deseado; en dejar de decir frases como: “si te hubieras cuidado”, “para qué tienes relaciones sexuales”, “¿te pasó otra vez?”.

Transformar la manera de ver el aborto significa hablar de justicia reproductiva y abandonar las narrativas que refuerzan la idea de que mujeres y personas gestantes tienen por obligación la maternidad como  proyecto de vida; desterrar las narrativas —institucionales, mediáticas y sociales— que niegan derechos humanos y abanderan creencias religiosas.

Las movilizaciones en las calles y la incidencia en las escuelas, los centros de trabajo y en los entornos familiares y afectivos han sido —y son— pieza fundamental para lograr que quienes reforman las leyes, imparten justicia, brindan servicios de salud y difunden información de manera masiva reconozcan que el aborto es un tema de justicia social, salud pública y derechos humanos.

Abrazar y robustecer el movimiento social por el derecho a decidir es imprescindible para que los avances legislativos y judiciales se traduzcan en acceso efectivo a servicios de aborto; para que mujeres y personas con capacidad de gestar se asuman sujetas de derechos y exijan los servicios en  libertad; para que las instituciones responsables y quienes en ellas laboran brinden atención sin discriminar ni cuestionar esa decisión; para que las personas de todos los ámbitos reconozcan el aborto como uno más de los eventos que pueden presentarse durante la vida reproductiva.

Si bien la despenalización social es una carrera de largo aliento que va de la mano de un profundo cambio cultural, hay que reconocer que las victorias alcanzadas en años recientes también son producto de una serie de transformaciones que han tenido lugar más allá de los ámbitos legislativo y judicial, cuya raíz se encuentra en la toma del espacio público para  protestar, posicionar nuevas narrativas y visibilizar las experiencias de aborto.

@GIRE_mx