¿Y si nos quedamos sin designaciones?

Las democracias no solo mueren a través de dictaduras y violencia, hoy en día mueren en manos de líderes electos que hacen uso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales fueron elegidos.

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”. Esto es lo que podemos leer en el primer párrafo del Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas.

El Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales Anticorrupción fueron creados, tal como lo podemos leer en la página del gobierno de México, para “la coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales, para que prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción”. Sin embargo, a 8 años de su creación, hay altos porcentajes de faltas de designación que generan poca funcionalidad en  los  sistemas, lo que resulta -de manera indiscutible- en un menoscabo respecto a la protección de los derechos humanos que el estado debe garantizar a la ciudadanía.

Mexiro A. C. realizó un seguimiento respecto a las designaciones, tanto del Sistema Nacional como de los Sistemas Estatales Anticorrupción, y el resultado es preocupante: de un total de 33 sistemas, 22 no cuentan con la totalidad de integrantes.

Esto significa que el 66.66% de los sistemas no está cumpliendo con el requisito básico del número de integrantes que deben estar trabajando en contra de la opacidad que rige el país. ¿Cómo podemos asegurar que se está trabajando de manera continua y efectiva en contra de la corrupción, si los equipos de trabajo ni siquiera están conformados?

Las instancias responsables, como lo son los congresos estatales y el Congreso de la Unión, no se encargan de cumplir con la obligación que tienen de realizar las designaciones de los integrantes de los Sistemas Anticorrupción, lo que nos lleva a cuestionar: ¿qué herramienta dejan a disposición de la ciudadanía para exigir el cumplimiento de la protección de derechos humanos que merecemos? y, ¿están realmente interesados en garantizar la protección de los mismos? O las promesas de hacerlo se quedan en campaña, como muchas otras veces, para seguir los intereses que dicta un partido político.

El pasado 7 de diciembre, Mexiro A. C., junto con 67 Organizaciones de la Sociedad Civil, personas defensoras de derechos humanos e incluso personas integrantes de los Sistemas Anticorrupción, denunciaron y realizaron un llamado tanto a los congresos como al Senado de la República para que lleven a cabo las designaciones pendientes del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales Anticorrupción y en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), argumentando específicamente el impacto que esto representa para la agenda anticorrupción.

Debemos cuestionar no sólo la falta de designaciones, sino también la razón de que las mismas no se lleven a cabo y por supuesto, sus consecuencias. Como bien lo menciona Fernanda Galicia en Las designaciones pendientes en los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción, la falta de designaciones se deriva de la captura de los congresos, es decir, va de acuerdo a la agenda que se ha buscado cumplir en los últimos 5 años del sexenio de Morena. La finalidad de los contrapesos en México es, precisamente, evitar que el poder se ejerza en una sola rama del Estado, fortaleciendo a través de los mismos la democracia y el funcionamiento del Estado. Sin embargo, en el presente sexenio se ha buscado, a través de diversas acciones, deshacerse de los contrapesos que existen para evitar que se ejerza todo el poder en el Poder Ejecutivo.

Las consecuencias de una falta de designación que “deben ser idóneas, apegadas a la legalidad y legitimidad, con procesos de participación ciudadana, rendición de cuentas, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y perspectiva intercultural”, como menciona Galicia, resultan en una clara obstrucción del combate a la corrupción.

Los congresos estatales y el Senado son responsables de la falta de transparencia de la que día a día somos testigos en nuestro país. Al incumplir con la obligación que tienen se convierten en inhibidores y cómplices de los actos de corrupción que no puedan ser prevenidos a través de políticas públicas y demás acciones que los Sistemas Anticorrupción podrían llevar a cabo si contaran con la totalidad de integrantes, así como de aquellos que ya han sido perpetrados y no pueden ser perseguidos de manera efectiva.

* Elba Gutiérrez estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana y actualmente estudia la Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en Centro ELEIA.