blogeditor · 20 de junio de 2020
El desmantelamiento de una de las instituciones faro para la defensa de los derechos humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), instruido por la Secretaría de Gobernación -con conocimiento del presidente de la República-, es sin duda una señal de alerta para el Estado de Derecho y la democracia.
Los defensores de derechos humanos y activistas debemos de dar un respaldo absoluto a las instituciones de gobierno que tienen como objetivo la protección y defensa de los derechos humanos. Al día de hoy más de 400 organizaciones en el país y miles de ciudadanos y colectivos han unido sus voces para exigir el fortalecimiento del CONAPRED, a consolidar su trabajo, construir sobre sus resultados y preservar su independencia y capacidad de gestión.
La labor del CONAPRED y las instituciones que se han caracterizado por una lucha histórica en favor de los Derechos Humanos y en contra de la discriminación, no puede verse minimizada por el arrebato de una persona y mucho menos deben de ser desmanteladas en la condición actual del país. No se puede concebir una transformación desde la intolerancia.
Es nuestra responsabilidad como defensores de derechos humanos hacer frente a un sistema que no sostiene y no respalda a los Derechos Humanos. Tengo la firme convicción de que podemos vivir en un Estado social y democrático de Derecho, y un Estado que está, con toda la convicción, en favor de la igualdad y en contra de cualquier, cualquier, poder fáctico; en contra de la discriminación y en favor de las instituciones que luchan contra ella y protegen la diversidad de nuestro país; que reconoce que el diálogo como instrumento inequívoco para la construcción de consensos y para la resolución de conflictos, con instituciones fuertes -no reducidas- que provean bienes y servicios básicos en un Estado efectivo de Bienestar, con derechos laborales intocables -incluyendo a los funcionarios públicos- y que, en un contexto de crisis, responda sin dudar en proteger a los más vulnerables.
Sin instituciones será mucho más difícil, pero no será el fin. La izquierda democrática encontrará la vía para reconstruirlas y para ampliar la capacidad del Estado para garantizar todos los derechos para todas las personas. Impulsaremos la agenda pendiente para poner primero a los pobres, que el gobierno de derecha conservadora de Andrés Manuel López Obrador ha dejado en la desesperanza, en el despeñadero. Construiremos esa agenda pendiente que impulsará de manera efectiva una reforma fiscal progresiva, que no tenga miedo de cobrarle más a quien más tiene para redistribuir de manera más efectiva con una política de redistribución basada en el bienestar y en el desarrollo colectivo. No más políticas asistencialistas que crean clientelas. No más uso de las instituciones para fines privados.
Quien diría que Andrés Manuel acabaría pareciéndose más a Miguel Alemán y a Felipe Calderón que a Benito Juárez. A Miguel por su capacidad de rodearse de personajes corruptos, pero protegidos bajo el manto de la Verdad, y a Felipe por sus ansias de consolidar la militarización. ¿Qué diría Benito Juárez, que redujo considerablemente el número de militares para contratar maestros y que separó la Iglesia del Estados, de AMLO en estos tiempos de “transformación”? Seguro que lo dejaba en el bando de los conservadores, ahí cerquita de los evangélicos.
La convocatoria a reconstruir esa agenda de izquierda está abierta. Hay muchos grupos que sé que este texto les hará eco. Es tiempo.
* Luis F. Fernández (@luisffernandez) es director ejecutivo de @NosotrxsMX. Hoy escribe estas líneas a título personal.