Descentralizar la infraestructura para garantizar el derecho a la cultura

Esta semana, desde Fundar publicamos el documento “Cultura y Presupuesto Público. Desigualdad y Centralización de la infraestructura cultural”, que analiza cómo la descentralización de la infraestructura cultural es todavía un asunto pendiente, pese a ser una de las principales apuestas en materia cultural de la presente administración. Asimismo, nuestro análisis recalca que el presupuesto destinado a la Secretaría de Cultura (SC) sigue siendo insuficiente para garantizar el derecho a la cultura.

El gobierno de la 4T sostiene que la política cultural es el factor que contribuirá a la disminución de las desigualdades y la violencia que afectan a la sociedad y al país en general. De acuerdo al  Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 (PSC), uno de los principales objetivos de esta administración consiste en la reducción de la desigualdad en el ejercicio de los derechos culturales. Para alcanzar este objetivo, esta administración se ha comprometido a mejorar las condiciones de la infraestructura cultural pública y los espacios culturales. Sin embargo, a dos años de la entrada en vigor del PSC esto no se ha logrado, pues la distribución de los recursos de los programas presupuestarios enfocados a esta última continúa siendo desigual e insuficiente.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF) plantea un monto de 15 mil 925 millones de pesos a la SC –principal entidad encargada de garantizar el derecho a la cultura de todas las personas–, apenas un aumento real de 0.92% respecto del presupuesto de 2022, lo que dificultará el cumplimiento de los objetivos planteados por el actual gobierno. Además, complicará la realización de los compromisos recién asumidos en el marco de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible 2022 (Mundiacult), en el que uno de los acuerdos asumidos por los países participantes es incrementar los recursos públicos disponibles para el derecho a la cultura.

El desarrollo de la infraestructura cultural depende de dos programas presupuestarios a cargo de la SC. Por un lado, el programa Proyectos de Infraestructura Social del Sector Cultura, que financia exclusivamente el proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México y que concentraría para 2023 el 23.05% del presupuesto total de la SC. Y por el otro lado, el programa Apoyos a la Cultura, que cuenta con un componente a través del cual las entidades federativas tienen acceso a recursos federales para fortalecer o desarrollar nuevos proyectos de infraestructura, y que percibiría 187 millones pesos en 2023, lo que equivale al 1.18% del presupuesto total de la SC.

El programa Apoyos a la Cultura se compone de seis vertientes, una de ellas es el Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), cuya finalidad consiste en financiar proyectos culturales de rehabilitación, equipamiento y/o construcción en los tres niveles de gobierno. Con base en los resultados de los apoyos otorgados en 2021 y 2022, afirmamos que la distribución de estos para infraestructura es insuficiente y no redunda en beneficio de todas las entidades federativas: en 2021 solo once entidades se beneficiaron con un monto total de 23.8 millones de pesos, mientras que en 2022 solo catorce entidades accedieron a este apoyo por un monto total de 24.7 millones.

El contraste de los montos propuestos para 2023 entre ambos programas es mayúsculo y desigual, basta con señalar que el programa que financia el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec percibiría 154 veces más presupuesto que el PAICE durante el siguiente año. Con ello, se mantiene la desigualdad en el acceso a la infraestructura cultural y preocupa que el presupuesto público federal siga concentrándose en la ciudad más grande del país.

*  Paulina Castaño es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.