El desastre de las listas de candidaturas a la elección judicial

Aparentemente el trabajo de los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial dentro del Proceso Electoral Extraordinario concluyó el 12 de febrero en medio de diversas críticas y señalamientos. Sus trabajos, de acuerdo a lo definido en la reforma, terminaban con la entrega del Senado al INE de los listados de las personas candidatas que, tras un proceso de evaluación y uno de insaculación, consideraron idóneas y que serán las personas que aparecerán en las boletas.

Sin embargo, desde el Laboratorio no podríamos asegurar que su labor ha finalizado, pues es tiempo de enmendar, dentro de lo posible, el desorden. Cabe señalar que el resultado del proceso de selección de las candidaturas judiciales ha sido muy cuestionable: por la parcialidad con la que se condujeron los Comités; el cambio constante de reglas; los errores en los procedimientos, y la carencia de una metodología sólida y rigurosa en la que se basara su labor. Sin mencionar los oídos sordos que se hicieron desde y hacia varios frentes ante las críticas al proceso.

Aunque jurídicamente se consideraba como finalizada esta etapa del proceso, la realidad es que aún existe mucha incertidumbre por las múltiples versiones que existen de las listas y los vacíos legales para subsanarlas. El propio INE ha señalado que las listas traen fuertes problemas: nombres duplicados, datos incompletos, personas que están postuladas a dos cargos distintos, personas que no se inscribieron, otras que se desistieron, y un larguísimo etcétera de inconsistencias y errores, todos ellos producto del desaseo en los procesos de selección.

Se han presentado algunos casos en los que, bajo el supuesto de estar “en funciones” o tener “pase directo”, muchas personas aparecieron en los listados sin querer buscar el cargo y a lo que sucedieron diversas renuncias. En otros casos, se encuentran nombres duplicados en más de una lista, condición que está prohibida por la legislación y que da muestra del poco cuidado que se tuvo durante la confección del listado final remitido por el Senado de la República.

Al recibir los listados, el INE hizo evidente que la información de las candidaturas que le había sido proporcionada no era suficiente para mantener una comunicación directa con ellas para efectos, entre otras cosas, de la difusión de su perfil y trayectoria en la plataforma Conóceles, o para las cuestiones de fiscalización, por lo que dio un plazo de 48 horas al Senado para subsanar esa omisión. Todo lo anterior a pesar de que la reforma judicial constitucional marcaba el 12 de febrero como fecha límite y que la reforma de supremacía constitucional impedía a terceros hacer ningún tipo de excepción o interpretación al texto constitucional.

El plazo fue aprovechado para, además, incluir a las ministras Batres, Esquivel y Ortiz que, por omisión, no habían sido inscritas en el primer listado integrado. Todo lo anterior, de nuevo, a pesar de la fecha límite marcada en la Constitución.

El Senado determinó que 6 de los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) accedieran a las candidaturas a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) por estar “En Funciones”. Esto a pesar de que el CJF es un órgano de carácter administrativo sancionador, pero no de naturaleza jurisdiccional como lo será el TDJ una vez que se instale.

Por todo lo anterior, el INE tuvo que subsanar bastantes errores por su cuenta, pues el Senado desoyó prácticamente todas las solicitudes de corrección, y avanzar con la aprobación de las listas de candidaturas para cubrir los apretados tiempos que tiene que cumplir para imprimir las boletas electorales y distribuirlas. La batalla contrarreloj es uno de los criterios que ha definido la organización de esta elección, ante una autoridad electoral que se ha visto en la situación de improvisar -sujeto también errores- en su intento por estar a la altura de sus propios estándares.