La indolencia morenista ante la crisis de desapariciones en México

Abro mis redes sociales y veo un video donde Brenda denuncia la desaparición de su esposo Job Armando Félix Rodríguez y su hermano Florencio en San José del Cabo, Baja California Sur; en el video señala que las autoridades no la han apoyado en la búsqueda. Después, me encuentro con una nota que reporta que encontraron los restos de 13 personas en las jornadas de búsqueda en el Ajusco, ciudad de México. Ambas historias acompañan la nota del jueves 2 de abril, donde el Comité de Desaparición Forzada de la ONU anunció que solicitará a la Asamblea General del Organismo que emita medidas de apoyo al Estado mexicano para atender la crisis de desapariciones forzadas.

En lo que fue el primer acto oficial de Roberto Velasco como encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la dependencia emitió un comunicado donde rechazaba esta resolución y atacaba al Comité por su propuesta. Entre los distintos motivos que fundamentan su rechazo está que no consideraron las medidas tomadas por el gobierno desde 2018, la falta de rigor jurídico y la ligereza de sus premisas. En lugar de que el comunicado reflejara una disposición de trabajo, expuso las limitaciones y las deficiencias del propio gobierno mexicano en la materia.

De acuerdo con el propio comunicado del gobierno, la categorización como desaparición forzada no aplica porque “las desapariciones forzadas son cometidas de maneras generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar.” Sin embargo, de manera maliciosa, no refieren a la definición que ofrece la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” en su artículo 2,  instrumento que sustenta el trabajo del comité y que México firmó en 2007 y ratificó en 2008: 

[…] se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Si ha habido una constante en la desaparición de personas en México es el papel del Estado en sus tres órdenes y los tres poderes de la Unión. Además de las notas que referí al principio (recordemos que el gobierno de la ciudad de México se ha negado sistemáticamente a apoyar los esfuerzos de búsqueda, y sólo lo hace bajo la presión de la movilización social) el libro de Marcela Turati, San Fernando: última parada (Aguilar, 2023), documenta con claridad cómo opera la desaparición forzada: con el apoyo de las policías municipales se entrega a las personas a los grupos criminales, las fiscalías estatales y federales se niegan a iniciar las carpetas de investigación y las legislaturas federales y locales tardaron en tipificar el delito de desaparición forzada.

La indolencia del morenismo ante la desaparición forzada es inexcusable. López Obrador guardó silencio sobre la crisis de personas desaparecidas antes y después de su gobierno, sólo usó el caso de Ayotzinapa para beneficiarse políticamente con él, pero una vez en el poder hizo todo lo posible para encubrir al ejército que una vez señaló como partícipe de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural en Iguala. Tanto su gobierno como el de Sheinbaum son cómplices de que esta crisis continúe. Su indolencia cuesta vidas.