Desaparición de personas e institucionalidad forense en México: Jalisco vs. Chihuahua

En una entrada anterior se argumentó que la crisis de desaparición se debe, en sentido estricto, a la incapacidad estatal de hacer investigación forense eficaz y suficiente. Partiendo de esta premisa, en esta entrada quisimos investigar si la variación territorial en el impacto de la desaparición tendría algún correlato en la institucionalidad forense de las entidades.

Para ello, nos enfocamos en los estados de Jalisco y Chihuahua. Como muestra la Tabla 1, para el periodo 2006-2023 Chihuahua fue la primera entidad nacional en número de homicidios por 100k habitantes y la segunda en números totales. Jalisco fue número dieciséis por 100k habitantes y sexta en números totales.

La tabla 2 muestra el análisis correspondiente a desapariciones. En este caso, Jalisco es la primera a nivel nacional en número total de desapariciones, mientras que Chihuahua es número nueve. Por 100k habitantes, Jalisco es la cuarta entidad, mientras que Chihuahua es la doce.

 

Tomando las métricas de homicidio como estimados del nivel de violencia en una entidad, tenemos entonces que, aunque Chihuahua es la entidad más violenta del país para 2006-2023, el impacto de la desaparición allí ha sido mediano. En contraste, aunque Jalisco está en la media nacional por tasa de homicidio, ocupa el primer lugar en desapariciones. Puesto en términos porcentuales, en Jalisco el número de desapariciones corresponde al 51.28 % de los homicidios, mientras que en Chihuahua apenas llega al 7.73%. ¿Cómo explicar este contraste?

La labor forense en México está asociada a los Ministerios Públicos y en la práctica se subordina a los procesos de investigación penal según criterios que establece cada entidad. No existe un organismo nacional centralizado, con sede en cada entidad, a cargo de los servicios periciales forenses; tampoco existe una metodología homologada nacionalmente para el procesamiento de los cuerpos en las morgues. Cabe esperar, por tanto, variación en la institucionalidad forense de las entidades nacionales. En efecto, al examinar la institucionalidad forense de Chihuahua y Jalisco, muy sugerentes contrastes saltan a la vista.

Institucionalidad forense en Jalisco y Chihuahua

Entendemos por institucionalidad forense al conjunto de instituciones estatales que se encargan del estudio de cuerpos y restos humanos y su debida disposición. Destacan dos contrastes en la institucionalidad forense de Jalisco y Chihuahua, ambos importantes para la búsqueda de personas: la autonomía institucional y el uso de sistemas centralizados de información forense.

En Jalisco, el sistema forense es operado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, un órgano descentralizado de la administración pública estatal, al cual debe remitirse la fiscalía estatal para solicitar peritajes. El Instituto es gobernado por una junta encabezada por el Secretario de Gobernación y conformada por los titulares de las Secretarías de Hacienda, Seguridad, Salud y el titular de la Procuraduría Social, así como cinco representantes de la sociedad civil (todos designados del gobernador). La junta se encarga de sentar las reglas y normas técnicas para los dictámenes, establece el reglamento, dispone del presupuesto y aprueba los planes de trabajo. El director del Instituto es el ejecutor de los acuerdos de la junta y superior jerárquico de todas las unidades administrativas y operativas. Puede ser nombrado y removido a discreción por el gobernador.

En contraste, en Chihuahua la dirección de servicios forenses está adscrita a la Fiscalía Estatal, es decir, forma parte de un órgano autónomo constitucional. El Fiscal controla directamente la dirección de servicios periciales y es designado mediante propuesta del gobernador ratificada por el congreso estatal. Adicionalmente, Chihuahua cuenta con una fiscalía especializada en investigación de violaciones a los derechos humanos y desaparición forzada, dentro de la cual opera su Comisión Local de Búsqueda. Esto ha hecho posible que la Fiscalía se acerque a un enfoque humanitario, buscando no solo encontrar a los perpetradores de delitos sino también tramitar las solicitudes de familiares buscadores. La Comisión Local de Búsqueda ha llegado a coordinar y encabezar operativos forenses.(La mayoría de comisiones locales de búsqueda son órganos desconcentrados asociados a la Secretaría de Gobierno; la de Chihuahua es la única adscrita a la Fiscalía Estatal.)

Evidentemente, la institucionalidad forense en Chihuahua tiene más autonomía institucional y capacidad operativa que la de Jalisco, no obstante las importantes inversiones hechas por Jalisco en materia de búsqueda en años recientes. En lugar de una junta de gobierno técnica y autónoma, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es gobernado y operado por secretarios y designados del gobierno estatal. En Chihuahua la institucionalidad forense opera desde la fiscalía estatal y siguiendo criterios técnicos especializados para la investigación de desapariciones.

En cuanto al uso de sistemas centralizados de información, el contraste entre las entidades es, otra vez, notable. En Jalisco, el Instituto estipula los pasos a seguir una vez los cadáveres o restos sin identificar llegan a su custodia. Puesto en la plancha anatómica, el cadáver es fotografiado y se le extrae lo necesario para en el futuro tomar muestras genéticas, organizando para ello un archivo básico de identificación. Si el cadáver que espera en las cámaras del Instituto no es reclamado, eventualmente se solicita su inhumación al Ministerio Publico. Aprobada esta, el cuerpo se remite a fosas comunales o a instituciones educativas.

Según la legislación jalisciense, el panteón a cargo de las fosas debe recabar y guardar muestras biológicas que puedan servir para una posterior identificación. Sin embargo, el manual operativo del Instituto no contempla la confrontación de la información genética del cadáver con bases de datos estatales o nacionales de personas desparecidas. A causa de ello, familiares y allegados a personas desaparecidas han denunciado al Instituto por negligencia en la inhumación de cuerpos y falta de tomas de prueba y cotejo de datos. Un proyecto de legislación estatal que buscaba crear una base de datos genéticos forenses está estancada desde 2021.

El procedimiento en Chihuahua es radicalmente distinto. El servicio forense debe hacer una lista de los cuerpos candidatos para inhumación y enviarla a la Fiscalía, la cual debe a su vez confrontarla con sus bases de datos de desapariciones antes de aprobar la inhumación. Es responsabilidad de la Fiscalía mantener esta base de datos, así como un banco de información genética confrontable con información sobre personas desaparecidas. Cabe destacar que ambas responsabilidades fueron ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos en el caso González y otras vs. México (“Campo Algodonero”) de 2009, cuyo cumplimiento ha recaído en parte importante sobre la Fiscalía de Chihuahua.

Por una institucionalidad forense estatal autónoma y técnica

No hemos demostrado que la autonomía institucional y el uso de bases de datos forenses centralizadas explican la diferencia en el impacto de la desaparición en Jalisco y Chihuahua. Probarlo requeriría analizar sistemáticamente y en detalle las prácticas forenses en cada entidad. No obstante, los contrastes entre las dos entidades son sugerentes porque es razonable esperar que, con mayor autonomía institucional y capacidad operativa, aplicando criterios humanitarios de investigación y recurriendo a tecnologías de análisis de grandes volúmenes de información, menos cadáveres permanecerán en fosas sin reconocer y reclamar. Es decir, la incidencia del fenómeno de desaparición será menor.

Se argumentó en la entrada anterior que una respuesta óptima a la crisis de la desaparición en México es crear una institucionalidad forense humanitaria a nivel federal, la cual centralice los procedimientos y las labores de búsqueda y lleve un registro nacional centralizado de información. Según la práctica internacional del humanitarismo forense, el sufrimiento de quienes buscan es tan incapacitante y devastador como el sufrimiento de los civiles impactados por la guerra. Si priorizamos el alivio del sufrimiento de quienes buscan o esperan, debemos separar la investigación forense de búsqueda de los procesos de investigación penal con el objetivo de eliminar obstáculos para encontrar a personas desaparecidas.

Los contrastes entre Jalisco y Chihuahua sugieren una respuesta institucional distinta y más ajustada a las condiciones concretas de México: impulsar procesos de fortalecimiento institucional forense en las entidades. Necesitamos entender mejor la variación en el impacto de la desaparición entre los estados de la Federación, pero Chihuahua bien parece ser un modelo para seguir – y quizás alcanzable para otras entidades de la federación. Es importante recordar que el humanitarismo debe ser pragmático. En el interés de aliviar el sufrimiento de quienes buscan, las políticas con mayor probabilidad de contribuir a avanzar las búsquedas, en las circunstancias concretas de tiempo y lugar, deben promoverse.

* Pablo Kalmanovitz es profesor titular del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Miembro del SNII nivel 2. Ángel Daniel Miranda Mora es estudiante de octavo semestre de la licenciatura de Relaciones Internacionales en el ITAM. Ha sido asistente de investigación en proyectos relacionados con derecho laboral, seguridad y cooperación internacional.