El “censo” de las personas desaparecidas y la perversión

Todo censo serio debe ser transparente. No es el caso del “censo” de personas desaparecidas realizado por el gobierno. Presentaron una serie de cifras que pretenden sean aceptadas como verdad revelada, sin hacer público el detalle de la información ni su metodología.

Surgen varias dudas y preocupaciones:

• La base de datos del registro y el desglose de lo presentado deben ser públicos para poder ser confrontado con la información de los familiares y colectivos de familiares de víctimas, del periodismo y la academia.
• ¿Qué metodología siguieron para comprobar los 3,945 casos que identificaron en visitas domiciliarias? ¿Cuáles son las pruebas que se tienen de cada caso? La Secretaría del Bienestar no tiene facultades para dar de baja del registro ni modificar las carpetas de investigación.
• ¿Se notificó a los familiares y se entregaron los cuerpos en los 4,134 casos en los que se cuenta con un acta de defunción? ¿Cómo comprobaron que se trata de la misma persona desaparecida y no de una homonimia?
• ¿Por qué las fiscalías no actualizaron el registro de desaparecidos en los 8,405 casos en que la investigación ya estaba cerrada? ¿Lo saben los familiares?
• ¿Por qué las fiscalías no sabían que 197 personas desaparecidas se encontraban en prisión?
• Sobre los 17,843 en los que hay “indicios” de localización surgen de inmediato varios cuestionamientos: aparecer en una base de datos de vacunación o programa social no garantiza ni que se trate de la misma persona que fue desaparecida ni que aún desaparecida los familiares sigan recibiendo programas sociales. Esos indicios deben ser corroborados por las fiscalías o comisiones de búsqueda, no por la Secretaría del Bienestar.
• Al momento de escribir este texto, el registro de personas desaparecidas continúa arrojando las cifras previas a este anuncio. ¿Darán de baja los registros? ¿Cuáles? ¿16,681 o también los 17,843? ¿Qué autoridad lo hará? ¿Se actualizarán las investigaciones en las fiscalías? ¿Se notificará cada caso a las comisiones de búsqueda locales?
• Entre las personas “ubicadas”, “sin datos suficientes” y “sin indicios para búsqueda” arroja un total de 79,955. ¿El Estado los considera desaparecidos o no? ¿Seguirá la búsqueda e investigación? La deficiencia de información es responsabilidad del propio Estado, pero el gobierno pretende desentenderse del problema pidiendo “apoyo a la ciudadanía para contar con mayor información”.
• ¿Para el gobierno, las personas que permanecen desaparecidas son 12,377? ¿Solo buscará a esas personas? De ser así, no solo son irresponsables sino perversos y criminales.

Las personas desaparecidas no son cifras. El problema del registro y la calidad de la información se debe al mal funcionamiento de las fiscalías y comisiones de búsqueda, así como al manejo político de un fenómeno tan doloroso.

Mientras el gobierno se preocupa por su imagen con fines electorales, deja a un lado el subregistro. En algunos estados puede ser del doble o mucho más. Solo como ejemplo están las investigaciones periodísticas y de organizaciones en Sinaloa, Baja California o CDMX.

El fenómeno de las desapariciones requiere atención responsable. Saber el número de personas y quiénes son es solo el inicio. Presentar cifras confusas y sin sustento no es la respuesta de un Estado serio. Siguen en el aire varias importantes: ¿quiénes y cuántos son?, ¿dónde están?, ¿quiénes son los responsables de las desapariciones?, ¿por qué desaparecen personas?, ¿por qué no se investiga?

Adicionalmente urge abatir la impunidad, garantizar la verdad, resolver el rezago forense de decenas de miles de cuerpos sin identificar, implementar mecanismos de búsqueda eficientes, que la FGR cumpla su obligación de poner en operación las bases de datos nacionales que le marca la ley, garantizar que no haya más desapariciones.

Como lo hizo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ahora López Obrador politiza el fenómeno, oculta información, pretende engañar y se hace cómplice de un fenómeno criminal.

@dayan_jacobo