Desaparecer en BC: la disonancia entre el discurso y la realidad

No es nuevo que en Baja California imperan condiciones de violencia extrema a partir de las cuales es posible afirmar que en la entidad se cometen graves  violaciones a derechos humanos: tiroteos, homicidios, desapariciones, hallazgo de fosas clandestinas —con cuerpos que presentan huellas de tortura— y feminicidios son hechos que alimentan las notas de la prensa local y nacional. La incidencia de dichos delitos y su abordaje, casi siempre banal, desde los medios de comunicación ha contribuido a la normalización del fenómeno de la violencia.

A esta realidad, ya de por sí inquietante, debemos sumar la estela de sufrimiento construida por los efectos que la violencia deja en las víctimas indirectas y en la sociedad en general. Al referirnos a las víctimas quiero poner énfasis en las y los familiares de personas desaparecidas. Hablar de ellas y ellos me parece clave en un contexto en el que, para mostrar “avances” se procuran cifras, pero poco importan los nombres, las voces, los rostros y el dolor de quienes no sólo están asumiendo la tarea que corresponde al Estado, sino que son una muestra tangible de la gravedad y continuidad del problema.

El pasado 06 noviembre de 2022 Marina del Pilar Ávila, gobernadora del estado de Baja California, presentó su Primer Informe de Gobierno. Posteriormente, el 22 de noviembre, en el marco de la Glosa de la Secretaria General de Gobierno (SGG) compareció ante el Congreso del Estado el secretario de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, a efecto de informar los resultados de las acciones implementadas durante su gestión. En cuanto a las acciones en materia de derechos humanos, en el informe de la gobernadora, se indicó que en el periodo de agosto del 2021 a octubre de 2022 se realizaron un total de 843 acciones de búsqueda, se capacitó al personal de la Comisión Local de Búsqueda (CLB) y a 116 servidores públicos de las instituciones de seguridad involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas. También, en la glosa de la SGG se informó que se incrementaron en un 15 % las atenciones de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas y que se aumentó en un 18% el recurso de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral lo que se tradujo en 214 apoyos a víctimas.

Días después el titular de la Comisión Local de Búsqueda (CLB), Rafael Hernández Murieta, realizó la presentación del Programa de Trabajo con que opera la instancia y presentó también un reporte de los resultados obtenidos durante el año 2022. En éste se señaló que de enero a noviembre de 2022 se registraron 915 folios de búsqueda, 240 correspondientes a mujeres y 675 a hombres desaparecidos. Indicó que se realizaron 565 acciones de búsqueda en los diferentes municipios, obteniendo, de acuerdo con los datos presentados, 197 resultados positivos que incluyen la localización de 41 personas con vida, 78 restos óseos localizados, 64 cuerpos sin vida y 14 osamentas.

Veamos. Más allá de las cantidades, ¿qué nos dicen estos datos del contexto sociopolítico de Baja California? Lo primero que salta a la vista es que de cara a una realidad lacerante como la que se vive en la entidad, las autoridades estatales prefieren hablar de los “éxitos” mientras siguen omitiendo reconocer la magnitud y complejidad de la crisis de desapariciones a la que se le suma también la crisis forense, con lo que Baja California se posiciona al nivel de entidades como Jalisco, el Estado de México y Tamaulipas.

Y es que de la misma manera que en la retórica del obradorismo, el gobierno de Marina del Pilar adjudica ésta y otras problemáticas sociales —y cito— a “años de insensibilidad y descuidos” afirmando que en su gobierno se trabaja con la premisa de “no dejar a nadie atrás”, al tiempo que se pugna por políticas humanistas.

Pero ¿puede un gobierno hablar de políticas humanistas con una cifra de 14 mil personas desaparecidas y 11,081 cuerpos u osamentas que permanecen sin identificar? ¿Es congruente, e incluso ético, hablar de avances en materia de búsqueda, cuando las madres de los desaparecidos son, en sí mismas, un archivo vivo que da cuenta de la permanencia y agudización de la tragedia?

En segundo lugar, es preciso reconocer que, de acuerdo con los datos presentados, hay un aumento y diversificación de la cantidad y tipos de acciones de búsqueda realizada por la CLB. Sin embargo, no sólo no son, ni serán suficientes, sino que no es posible hablar de avances en tanto no se desarrollen procesos integrales de búsqueda, localización, identificación y restitución digna en apego al marco jurídico nacional e internacional sobre la materia. Además, si se consideran las características de la crisis forense, estamos frente a un panorama en el que se reciben más cadáveres de los que se pueden resguardar y procesar, por tanto poco importa que se sigan encontrando restos si no se cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para la identificación.

Aunado a ello, y a partir del acompañamiento que realizamos, podemos afirmar que pese al aumento en la cantidad de búsquedas realizadas por la CLB todavía no se cuenta con las capacidades institucionales necesarias para responder de manera urgente a las solicitudes de búsqueda inmediata y en vida.

Por otra parte, las familias y colectivos han levantado cuestionamientos legítimos sobre el uso de recursos y la rendición de cuentas. Hasta ahora, no ha habido pronunciamiento oficial. Es importante que se clarifique el manejo de recursos y que se compruebe que el ejercicio de los mismos responde a un diagnóstico situado del problema que -insistimos- recupere y ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Las cifras presentadas -y presumidas- desde los informes gubernamentales omiten la información relacionada con los obstáculos atravesados por las víctimas para obtener algún resultado o, si quiera, acceder a sus derechos. Al respecto, es fundamental que se brinde certeza sobre los procedimientos necesarios para acceder al Recurso de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral y que este se encuentre disponible en igualdad de condiciones para quien lo necesite.

Finalmente, es indispensable que la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a víctimas se conciban como parte de una política pública que busque, más allá de las cifras, generar las condiciones para la no repetición, la verdad y la justicia. Incorporar el enfoque de política pública es necesario y urgente dadas las dimensiones de la tragedia. No hacerlo implicaría insistir en un esquema que, de sobra se sabe, no funciona. En suma, se requieren acciones concretas que reflejen las prioridades y el interés de las autoridades estatales en el tema. Por ello vale la pena recordar que en Baja California existe un retraso de cinco años en la homologación de la Ley de Desapariciones.

* Adriana Jaén Manuel es socióloga y maestra en Estudios Socioculturales. Actualmente se desempeña como investigadora y enlace de Elementa DDHH en Baja California.