En el desamparo: la maldad como sistema

Dos preguntas deja abiertas el revelador trabajo de investigación coordinado por Sergio Aguayo y realizado por un equipo encabezado por Jacobo Dayán, que fue presentado el pasado domingo 9 de octubre en el Museo Memoria y Tolerancia de esta ciudad: la primera tiene que ver con las razones que explicarían la masacre de San Fernando en Tamaulipas y la desaparición de una veintena de personas en Allende, Coahuila; el informe apunta algunas hipótesis, pero ciertamente no era su objetivo verificarlas. La segunda está íntimamente relacionada con la primera porque a quienes sí correspondía y corresponde desentrañar la verdad de los hechos y atender diligentemente a las víctimas, en estos y otros muchos casos —las instituciones de procuración de justicia y de protección de derechos humanos— no lo han hecho y por supuesto, la pregunta es ¿por qué?

Toda la información con la que se realizó la investigación auspiciada por El COLMEX estaba contenida en los expedientes de la CEAV, la CNDH y las instituciones del gobierno de Coahuila (suponemos, junto con el equipo de El COLMEX, que otra información relevante se encuentra contenida en los expedientes de la PGR y las instituciones del gobierno de Tamaulipas que se negaron a abrir su información a los investigadores). De modo que, por una parte, no se puede decir que ninguna de estas autoridades sabía que los Zetas tenían un control directo de las policías municipales a las que les giraban instrucciones para desatender las denuncias ciudadanas, para halconear al Ejército y la Marina, y para detener a los sospechosos de colaborar con sus enemigos: los miembros de las fuerzas armadas, pero también los presuntos miembros del cártel del Golfo o de la Familia Michoacana. Tampoco parece lógico que las investigaciones emprendidas por estas instituciones se hallan desentendido del contexto en el que estos hechos ocurrieron y que, en franca violación de su deber de debida diligencia, hallan agotado sus indagaciones sólo con testimonios y sin emprender las líneas de investigación que un trabajo más serio y profundo les habría sugerido. Por la otra, también cuesta trabajo aceptar que ni las comisiones de derechos humanos involucradas, ni la CEAV hayan podido dar, hasta la fecha, una atención satisfactoria a las víctimas.

La respuesta a esta segunda pregunta es, en mi opinión, tan obvia como decepcionante: tenemos a las instituciones, tenemos los recursos, pero no tenemos a las personas idóneas para hacer bien el trabajo. No se trata de una crítica sin fundamento. Si revisamos el historial de casos que más atención han recibido en el sistema penal mexicano en los últimos años —Alfonso Martín del Campo, Florence Cassez, Ayotzinapa, y desde luego Allende y San Fernando, entre otros— veremos que la constante es la incapacidad para hacer bien una investigación: quizá un tanto porque no quieran, seguramente no porque no puedan, sino más bien porque no saben cómo hacerla. Con profunda indignación es necesario reconocer que todos estos casos, que para la prensa nacional e internacional aparecen como excepcionales, constituyen la regla de funcionamiento del sistema de justicia en México.

Lo mismo hay que decir de quienes trabajan en la mayoría de las comisiones de derechos humanos, en las que se ha diseñado un know how destinado a cerrar casos más que a resolverlos y en el que las víctimas son desplazadas por los acuerdos de conclusión y las recomendaciones que, como bien lo documenta el informe para el caso de San Fernando, se agotan en documentos legaloides que nada tienen que ver con la reparación efectiva a las víctimas.

En el desamparo sugiere hipótesis desafiantes: muy probablemente, esta situación sea mucho más el resultado de diseños institucionales defectuosos y mal planificados, de perfiles inadecuados para desempañar las funciones directivas y ejecutivas en todas estas instituciones y menos de la voluntad de trabajo de quienes conforman sus organizaciones; también es probable que estemos pagando el precio de años de formación de bajo nivel en nuestras universidades, de simulación en tantos y tantos cursos de capacitación y de formas de hacer burocratizadas en rituales que se quedan encerrados en los procedimientos y se resisten a conectarse con la realidad. Arendt y la banalidad del mal resuenan detrás de lo que el informe del COLMEX revela: los burócratas del mal hacen el mal no sólo por malvados, sino por sistema.

@LGlzPlacencia