Redacción Animal Político · 23 de junio de 2024
En 2017, la Ciudad de México se declaró ciudad santuario. Esta declaración fue parte de un esfuerzo más amplio para proteger los derechos de migrantes y refugiados, ofreciendo un lugar seguro con apoyo y asistencia.
La iniciativa respondía a las políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos y otras partes del mundo, comprometiéndose a no colaborar con autoridades migratorias en detenciones y deportaciones, y a proporcionar servicios a esta población vulnerable.
A pesar de las leyes y declaraciones que establecen a la Ciudad de México como un lugar de protección para los migrantes, las acciones recientes han demostrado lo contrario. La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, aprobada en 2011, establece derechos y obligaciones para proteger a los migrantes, pero su cumplimiento ha sido deficiente.
Aunado a lo anterior, es evidente que la Ciudad de México, ha enfrentado una serie de desafíos y contradicciones en su trato a las personas migrantes y solicitantes de asilo. A pesar de las declaraciones y leyes que promueven el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad, las acciones recientes han demostrado una realidad diferente. Las cuales se amalgaman con los discursos aporofóbicos, xenofóbicos y discriminatorios que, lamentablemente muchos de los habitantes de la Ciudad de México expresan abiertamente en medios de comunicación, ya que ante el incremento de personas migrantes y con necesidades de protección internacional, que debido a sus condiciones económicas y sociales se tuvieron que establecer en la vía pública como espacio para pernoctar y sobrevivir, no hubo acciones eficaces de apoyo humanitario que facilitara y garantizara la integración digna de esas personas a la sociedad capitalina, por el contrario, se les responsabilizó de la afectación a la “calidad de vida de las y los vecinos de ciertas zonas de la ciudad” y eso dio inicio a una serie de movilizaciones vecinales, que con el estandarte de preocupación por los derechos de esas personas migrantes y solicitantes de asilo se valieron para que las autoridades realizaran desalojos y traslados de personas migrantes.
Durante el año 2023, la plaza Giordano Bruno en Ciudad de México fue escenario de varios desalojos de personas en contexto de movilidad humana. El 19 de mayo de 2023, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías desalojaron a las personas migrantes y algunos solicitantes de asilo, llevándolos sin información clara a destinos desconocidos, que bien podía ser el aeropuerto, otros puntos de la ciudad u otros estados como Chiapas o Villahermosa, lo anterior con la promesa de que al ser trasladados obtendrían visas humanitarias, siendo el momento, en que dichas promesas no han podido constatarse, y esto, lo único que ha creado para la comunidad en contexto de movilidad humana es un ambiente de incertidumbre y temor.
Dichas redadas continuaron el 12 de noviembre de 2023 en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Finalmente, el 5 de junio de 2024, el INM y la Guardia Nacional llevaron a cabo otro desalojo nocturno (ya como se ha hecho costumbre) en la misma plaza, prometiendo documentos migratorios a cambio de moverlos de lugar; ante dichas acciones, las autoridades siguen vendiendo la idea de haber sido acciones tendientes a proteger salvaguardar los derechos de esas personas que por múltiples circunstancias se ven obligadas a vivir en las calles, sin embargo, seguimos observando irregularidades como la falta de acceso a la información veraz a través de medios oficiales y no solo mediante de redes sociales, no ha habido presencia de intérpretes para las personas no hispano hablantes en dichas movilizaciones, además que, al elegir horarios nocturnos para mover a las personas, dificulta que las organizaciones de sociedad civil o instituciones con atribuciones de defensa de Derechos Humanos estén presentes, lo cual sólo crea mayor confusión para la población en general y les deja en un estado de indefensión.
Ahora, también es importante analizar en qué contexto social se han dado dichos desalojos, ya que, esas movilizaciones de personas a otras zonas de la ciudad o del Estado de México y en muchos casos a otras entidades federativas, ha coincidido con las acciones de rechazo y queja de quienes viven a los alrededores de lo que antes eran las oficinas de la COMAR (La cual no tiene oficinas físicas desde el 27 de mayo del año en curso y no se pudo instalar en la Colonia Anzures por el rechazo de la comunidad de esa zona) y la plaza Giordano Bruno, ya que, como ha sido documentado en diversos noticieros, quienes habitan esa zona estaban preocupados por “la imagen de las calles y de la colonia” más que por la violación de los derechos humanos de estas personas y sus vulnerabilidades convergentes.
Estos operativos reflejan una falta de empatía y solidaridad hacia las personas en contexto de movilidad humana, es por eso que desde organizaciones de la sociedad civil como Sin Fronteras, SMR, Fundación Humano y Libre, HIAS, Apoyo a Migrantes Venezolanos entre otras, hemos unido preocupaciones y esfuerzos para visibilizar la gran cantidad de arbitrariedades, injusticias y violaciones a derechos que sufren las personas en contexto de movilidad humana.
Creemos en la importancia de abordar la necesidades básicas de las personas en contexto de movilidad humana desde una perspectiva empática y responsable, impulsando esfuerzos de inclusión y apoyo, lo cual es posible si todas y todos nos sensibilizamos y empatizamos con aquellas personas que han sufrido el hecho de tener que abandonar sus hogares.
* Wendy Yael Castro Martínez es Subcoordinadora del Área Legal de Sin Fronteras IAP y Ángel Adrián Huerta García es Responsable de Comunicación de SMR. (@SinFronterasIAP)