Desalojos en el mundo: de protocolos y dilemas occidentales

Por: Roberto Rueda Monreal

No hemos de ahondar en los datos y acontecimientos ya conocidos a propósito del campamento y las acciones que han llevado a cabo los maestros de la CNTE en los últimos días. Desde su llegada a la capital, su hoja de ruta previamente esbozada se ha cumplido de manera exitosa.

A saber, las condiciones políticas del país y estructurales de la ciudad de México, previos ensayos lucrativos por parte de otros grupos al estilo SME, por ejemplo, ahora brindan una luz verde casi instantánea para poder llegar al centro político del país, generar un caos sistemático durante la manifestación en curso, ganar puntos en las mesas de negociación con los representantes políticos (a pesar de la mala imagen ante la mayoría de los medios), protagonizar por lo general acciones que provocan ira entre una buena parte de la ciudadanía, mermar la actividad económica del lugar (por medio de campamentos permanentes), recoger sus cosas e irse. Todo, sin que los protocolos diseñados para evitar este tipo de sucesos, en principio, se echen a andar. Es decir, en un territorio especial, como lo es el DF, la ausencia del Estado se torna peligrosa ante los derechos de libre manifestación y de libre circulación.

Para contrastar. ¿Qué ha sucedido, pues, con las herramientas institucionales para este tipo de casos en el mundo?

 

Protocolo internacional

Los protocolos observables para evitar dichas situaciones de asfixia del espacio público en el mundo, detalles más, detalles menos, consisten en los siguientes pasos.

1) Trabajo negociador: ante una acción gubernamental que se vislumbra socialmente complicada, dar inicio de inmediato a pláticas con tintes negociadores. Esto debe de ser realizado por expertos en el problema planteado y, como especialidad reforzadora, en la negociación política.

2) Representantes del cuerpo policial correspondiente (los del cuerpo militar también pueden ser tomados en cuenta), de la entidad encargada del interior (en nuestro caso, la Secretaría de Gobernación) y del sistema judicial entran a colación cuando se depuran las pláticas en peticiones concretas.

3) Si para entonces hay acuerdo, se da por concluida la posibilidad de conflicto; en caso contrario, el cuerpo policial ya debe de tener datos como el tipo de terreno en el que se encuentra la manifestación, si hay mujeres y niños, si existen armas o material para hacer daño público, el esbozo de escenarios violentos y no violentos, y los alcances físicos, leves, graves o catastróficos del posible estallido.

4) Gobernación, a su vez, ya habrá maniobrado, de la mano del poder judicial, para conseguir las órdenes fiscales o judiciales que protejan el muy posible mandato de desalojo. 5) Las comisiones de derechos humanos realizarán su tarea sirviendo como monitores con el fin, en todo momento, de observar que las acciones, violentas o no, se apeguen al marco protocolar.

6) Tiene que haber un documento firmado por estas entidades, por un lado, para asegurar que se respete todo el proceso y que justifique, en directo, el protocolo de desalojo de principio a fin, y también para asumir, por el otro y pasado el evento, las lógicas consecuencias.

7) Todos los niveles de gobierno que tengan que ver con el conflicto avalarán el documento final como muestra de la fuerza y del poder del Estado en todas las acciones derivadas de la implementación del protocolo.

 

Casos fallidos

Paraguay

A mediados del año pasado, un conflicto territorial y agrario provocado por campesinos que, ante la falta de una reforma agraria clara y contundente, comenzaron a invadir tierras, sin ton ni son, derivó en una manifestación que acabó en unos asesinatos.

En un contexto en donde sólo el 2% de la población total tiene el control del 80% de la tierra productiva, la población campesina adquiere una relevancia político-económica crucial. Ante la voracidad de hacendados que fueron creando verdaderos latifundios y la invasión generalizada de tierras por parte de campesinos, el Estado había desarrollado una especie de experiencia en la implementación de protocolos de desalojo.

Sin embargo, en junio de 2012, en pleno desalojo de una hacienda, murieron once campesinos y seis policías como consecuencia de un protocolo de seguridad mal implementado. Las investigaciones del conflicto arrojaron que la policía había sufrido una emboscada en el territorio llamado Marina Cué, al noreste del país. Al parecer, el problema surgió, y persiste, debido a la dudosa legalidad de una propiedad que fue vendida a un empresario, pero que en realidad era estatal. La empresa Campos Morombí se adjudicó una gran extensión de tierra que campesinos de la región reclamaban como suya, de ahí la ocupación y el posterior conflicto.

Al revisar el protocolo, de entrada, la fuerza policial que se preparó era para enfrentar a un grupo de 50 personas, cuando en realidad era una turba de 200. Y decir enfrentar, en este caso, es traducirlo por reprimir. Se pensó que los campesinos sólo tenían palos, azadones y demás “armas” típicas de su actividad, pero entraron en escena armas de fuego, por lo que la policía se fue con todas sus armas también. Todo sin diálogo. Y para rematar, las autoridades departamentales junto con una gobernadora se pusieron a hacer cambios y dar órdenes de violencia criminal en pleno proceso, acciones que nunca asumieron posteriormente.

Cuando el protocolo no se sigue a cabalidad y hay errores básicos de información, luego de mortales resultados, la presión de la prensa y la politización extrema llevan a la exigencia de desgracia política. Por este caso, tanto el ministro del interior como el comandante de la policía tuvieron que renunciar a sus cargos.

España

En mayo de 2011, un viernes por la mañana, unos 200 jóvenes, que se habían apostado en Plaza Catalunya, fueron desalojados de manera firme por las fuerzas policiales en una operación mal llamada “de limpieza”. Sin tomar en cuenta la crisis que ya arreciaba y el auge del Movimiento 15-M, con el argumento de que la plaza tenía que estar libre por si los hinchas del Barça celebraban la victoria en la Champions, el desalojo no podía sino potenciar aún más el rechazo social generalizado.

Por eso, en menos de 24 horas, aquel lugar era una romería de tamaño descomunal. De 200 personas se había pasado a miles. La improvisación no es protocolo, y las consecuencias estaban a la vista. Cacerolazos, gente pintada de blanco y miles de puños beligerantes comenzaron ya no a protestar por la crisis y el desempleo juvenil, sino a exigir dimisiones y a arengar contra el Estado en su totalidad. Signos claros de anarquía en un país desarrollado.

Sin apegarse a ninguna herramienta protocolaria, la arremetida policial fue brutal. Al parecer, al tomar sólo en cuenta el número de manifestantes, la agresividad fue el único “valor” a exaltar. Se dio una confrontación irracional, poco profesional y crasa.

Más de cien heridos, cuatro de gravedad, y más de 30 policías con golpes severos fue el resultado de un desalojo mal llevado, sin protocolo y sin visión de Estado. Los manifestantes cantaban victoria pues la policía había usado la violencia, ellos no, y la acampada seguía. Desde su perspectiva, pues, ellos habían triunfado desnudando así a la policía.

Las autoridades, torpes ante el mundo, sin asumir jamás que aquello había sido un desalojo, se apegaron cual pretexto a lo maloliente del lugar, a lo sucio de los que ahí estaban y, error total, al jolgorio futbolero que se avecinaba.

¿El factor que no vio el gobierno? La intercomunicación por redes sociales, que convocó  a miles de personas a sentarse en entradas y salidas de las tanquetas policiales que echaban agua, a otras tantas a sentarse en la plaza y a otras, de todas las edades, a repartir flores a los policías armados con toletes y gas lacrimógeno (varias fotos saltaron a los medios internacionales, ganándose la simpatía de la gente común del orbe para los protestantes).

 

Casos exitosos

Tailandia

En abril de 2010, en Bangkok, el grupo radical denominado “camisas rojas” montó un gran campamento de protesta en pleno barrio financiero de la ciudad. De las peticiones generales se pasó a la exigencia de dimisión del primer ministro, endureciéndose la protesta y acumulándose gente en el campamento, bloqueando calles, avenidas y edificios comerciales y gubernamentales.

La negociación con la policía falló y para entonces se habían levantado barricadas que comenzaban realmente a asfixiar todo el barrio clave. Los radicales no se movían de su postura y no dejaban de expandir el ámbito físico y argumentativo de su protesta. Es decir, la negación total del otro. El discurso radical subía de tono y encontraba cada vez más eco social.

Así, para mayo se dieron los siguientes pasos duros del protocolo para estos casos. La policía y el ejército penetraron la zona y tomaron el sitio. Se derrumbaron barricadas, se detuvo a la mayoría de los líderes y agitadores por medio de la violencia institucional y para la noche ya estaba asegurada la zona. Por la radicalidad y los métodos del grupo en cuestión, se declararon algunos días de toque de queda.

Perú

A principios de este año, poco más de mil personas invadieron un fundo (propiedad grande de tierra) llamado Miraflores, en la localidad de Arequipa. Su táctica fue invadir, y luego dialogar. Sin embargo, una juez emitió una orden de desalojo y no sólo eso, sino que se apersonó una mañana en el lugar, al lado de otras autoridades. Mientras esto pasaba, los invasores preparaban bombas molotov, balones de gas y cohetones. La tolerancia del momento duró media hora, y a órdenes expresas de la jueza, se lanzaron gases lacrimógenos y cargadores (tanquetas) para el desalojo.

Se dio un enfrentamiento que duró horas y se extendió hasta cerros cercanos. Más de mil policías terminaron con la invasión y el campamento, se detuvo a más de 20 personas, entre ellos a los líderes y del acto fueron testigos directos tanto jueces como primeros juzgados y un grupo de fiscales que, en todo momento, usaron chalecos antibalas y cascos mientras observaron el desarrollo del desalojo. Cosa por demás aventurada y extrema. El predio fue liberado y los responsables encarcelados.